Nuevo plan para atacar la pobreza lanzó hoy el Gobierno

Bogotá.- Una estrategia integrada por cuatro propuestas para reducir la pobreza en Colombia, lanzó este martes el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación.

Una de las estrategias es la Red de Protección Social contra la Pobreza aprobada el pasado 25 de septiembre por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Las otras tienen que ver con la pobreza moderada, la pobreza rural y la desigualdad.

En el caso de la Red, recordó que se propone atender a un millón y medio de familias que está en la extrema pobreza permitiendo que la miseria se reduzca del 15 al 8 por ciento. La columna vertebral para atenderlas es el programa Familias en Acción y la meta es que ya no haya más subsidios regados a lo largo y ancho del país y de la población, sino concentrados.

La unida de análisis ya no será el individuo sino la familia como un todo, la que recibirá los diferentes subsidios pero a su vez se autogenerará un plan de vida para lograr superar la extrema pobreza. Esas familias contarán con gestores sociales que le harán seguimiento a las metas que las familias se propongan y para ajustar los espacios donde no funcione bien. Se trabajará en nueve áreas: identificación; ingresos y trabajo; educación; salud; habitabilidad; nutrición; dinámica familiar; aseguramiento y bancarización; y apoyo legal. En el caso de la pobreza extrema el objetivo es llevar a cerca de 7 millones de personas los servicios que ofrece el Estado.

“Vamos a llegar a la familia para ver cuántos niños tiene y estar seguros que todos estén en el sistema educativo; si hay ancianos y reciben los programas de protección y alimentación; si todos tienen acceso al régimen subsidiado en salud, si tienen problemas de cedulación o registro civil. También, miraremos la vivienda, cuáles son sus condiciones y como podemos mejorarlas; y, ofreceremos capacitación laboral, de tal manera que estas personas puedan mejorar e, incluso, generar sus propios ingresos”, precisó la directora del DNP.

Sobre la pobreza moderada señaló que la Misión de la Pobreza y la Desigualdad propone hacer énfasis en un sistema de protección social con atención integral que evite que los hogares reduzcan su nivel de consumo cuando se presentan casos de desempleo, enfermedad e incapacidad, entre otros, y proteja a los más pobres de las crisis económicas y los desastres naturales.

“Por lo tanto, se requiere ampliar el actual sistema de protección social -SPS- para que se reduzca la vulnerabilidad de los trabajadores en el sector informal, se le de prioridad y exclusividad a los niños, se atiendan los riesgos no protegidos en el sector privado, se priorice el aseguramiento en salud, se genere mayor solidaridad entre los regímenes contributivo y subsidiado, y se coordine y organice tanto la oferta como la demanda”, anotó Rentería.

Señaló que para desarrollar esta propuesta, la Misión identificó siete componetentes: mercado laboral, seguridad social, microaseguramiento, asistencia social, protección a la niñez y generación de activos.

En la pobreza rural la estrategia busca, a través de las potencialidades del campo, un aumento significativo en el nivel de ingreso de los campesinos y un sistema de protección social integral para las familias rurales.

“En este caso, es indispensable acelerar el crecimiento agropecuario, basado en una apertura exportadora; mayores y mejores niveles de educación, capacitación, asistencia técnica; así como acceso al capital, crédito y tierra. Así mismo, se plantea la formalización del empleo rural y mayor acceso a los servicios públicos.

Para hacer posibles estos propósitos, la Misión identificó cinco frentes de trabajo: aprovechar las potencialidades del campo; aumento y reorientación del gasto público en el sector rural; apoyo privilegiado a la pequeña producción campesina; financiación y estructura institucional”, puntualizó.

La Directora de Planeación agregó que el Sistema de Protección Social deberá beneficiar especialmente a los habitantes de las zonas rurales, dado que son los más afectados por la baja cobertura y calidad en servicios de salud, la precariedad de las condiciones del empleo y, particularmente, son vulnerables a los riesgos como desastres naturales, desplazamiento y desempleo.

Con relación a la desigualdad indicó que la Misión propone la expansión de la educación superior a los jóvenes pobres y darles el capital humano necesario para que acceda al mercado laboral. Para desarrollar estas y otras propuestas, la Misión identificó las siguientes áreas: primero, acceso de los más pobres a la educación postsecundaria mediante apoyos de sostenimiento para los más pobres, crédito estudiantil y estrategias para mejorar la calidad de los programas.

Segundo, énfasis en formación técnica de ciclo corto, con apoyos de sostenimiento para los más pobres, crédito estudiantil y estrategias para mejorar la calidad de los programas.

Y tercero, el redireccionamiento del SENA, y agrega que con el fin de disminuir los desertores y que los bachilleres se queden sin entrada a la Universidad, se requiere cambiar la actual adscripción del SENA al Ministerio de Protección Social para pasarlo al Ministerio de Educación, y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT).

Adicionalmente a estas propuestas se debe elaborar un documento de política que contenga, entre otros, un examen del sistema de educación superior y su financiación (SENA, ACCES, universidades oficiales), así como de un cambio en la financiación de las universidades oficiales, y concilie las opiniones que al respecto tienen el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
 
Por su parte el director de la Misión de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, Hugo López Castaño, resumió las principales recomendaciones:

La primera, implementar una estrategia contra la extrema pobreza que en promedio para los años 2004 y 2005 afectó a un millón y medio de familias y a 7 millones de personas, que se quedarán atrapadas en la “trampa” de la pobreza a menos que el Estado diseñe una batería de estrategias dirigidas a esas familias. Para la Misión, es muy satisfactorio que esa recomendación se haya logrado plasmar en un documento Conpes y en un compromiso del Gobierno Nacional.

Segunda, la parte educativa. El país está comprometido en una expansión de la educación básica con énfasis en preescolar y en secundaria, que es bueno pero es necesario tener en cuenta que de aquí al 20190 saldrán 3 millones de bachilleres que no tendrán opción de trabajo. Se requieren dos cosas: una, formación para el trabajo con la reforma del sistema actual en cabeza del Sena; y dos, darles acceso a la educación superior.

Tercera: un sistema de protección social para proteger a la población de una serie de riesgos que la hacen caer en la pobreza. Se proponen el montaje de un sistema de seguridad social integral.

Cuarta, la pobreza rural es muy preocupante, es crónica y requiere una estrategia de desarrollo rural dándoles una mayor participación a los departamentos y municipios.
 
 
SNE