Inversión en infraestructura es urgente para Latinoamérica, Banco Mundial

América Latina y el Caribe necesitan duplicar y hasta triplicar el gasto en infraestructura para poder alcanzar el crecimiento económico que se necesita para competir con China y otros países de Asia y para luchar en forma efectiva contra la pobreza.



"Una fuerte caída de la inversión en (infraestructura) obstaculiza el crecimiento, la reducción de la pobreza y la capacidad de la región de competir con China y otras economías dinámicas de Asia", indica el informe del Banco Mundial divulgado hoy, por el Banco Mundial.



El estudio "Infraestructura en América Latina y el Caribe: tendencias recientes y retos principales" indica que la región gasta actualmente menos del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, en contraposición con 3,7% entre 1980 y 1985.



"Dicho gasto debería ser del 4% al 6% anual para alcanzar o estar a la altura de países que en el pasado se encontraban más atrasados, como Corea y China", indicó el BM.



Una de las coautoras del informe, la economista Marianne Fay, experta del para Infraestructura en América Latina y el Caribe, señaló que el progreso en América Latina y el Caribe ha sido en general más lento que en otros países de ingreso medio como China.



"La región se ha quedado rezagada en lo que se refiere a energía eléctrica, redes viales y telefonía fija. Sólo en telefonía móvil y acceso a agua potable y saneamiento se desempeña comparativamente bien", indicó según agencias.



Dice el informe que el déficit de infraestructura disminuye la productividad y la competitividad de las empresas latinoamericanas y genera una desaceleración del crecimiento económico. La inadecuada infraestructura de transporte genera costos logísticos elevados.



Estos costos, que en países ricos representan aproximadamente un 10% del PIB, varían en América Latina entre 15% (Chile) y 34% (Perú).



El Banco Mundial argumenta que la región necesita incrementar su inversión en infraestructura, tanto pública como privada.



"A pesar de ciertas expectativas, la inversión del sector privado nunca compensó los recortes del sector público de la década del noventa y, además, ésta se derrumbó en los últimos años", señaló el organismo.



El monto de los proyectos de infraestructura con participación del sector privado en la región cayó de un pico de US$71.000 millones en 1998 a US$16.000 millones en 2003.



Además, la inversión privada en infraestructura se concentró en un grupo de países y en determinados sectores: el 93% de los proyectos de infraestructura con participación del sector privado entre 1990 y 2003 benefició únicamente a seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México), y fue en los sectores de telecomunicaciones y energético.



El acceso a agua potable y saneamiento es relativamente alto en la región, y la penetración de telefonía celular es mayor que en otros países de ingresos medios, pero en forma simultánea la región tiene menos de un tercio de las redes de rutas nacionales en buenas condiciones, y la capacidad para generar energía en la región cayó por debajo del promedio en los países de ingresos medios.



Según el estudio, atraer nuevamente al sector privado requerirá de un marco institucional, regulatorio y legal más sólido, contratos más transparentes y estructuras financieras innovadoras que hagan que los proyectos sean menos riesgosos y mejoren el rendimiento de los inversores.



"La experiencia reciente en América Latina demuestra que los gobiernos siguen siendo esenciales en cuanto a la provisión de infraestructura", explicó Mary Morrison, la otra coautora del informe.



"El financiamiento público a veces no sólo es indispensable; el Estado juega un papel fundamental como socio y supervisor de los operadores privados y como protector de los consumidores", añadió.



El estudio concluyó que mejorar la infraestructura de la región hasta alcanzar el nivel de Corea del Sur podría generar un aumento en el ingreso per cápita anual de 1,4% a 1,8% del PIB, así como una reducción en la desigualdad del 10% al 20%.



"Los pobres se benefician de la expansión de infraestructura porque el acceso a agua potable, electricidad y otros servicios mejora la salud y la calidad de vida y, por otra parte, porque les permite progresar económicamente", señala el reporte.