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Empresarios ecuatorianos rechazan nuevas leyes

El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, en declaraciones a la radio Ecuador Inmediato, replicó que el Tribunal Constitucional "no es juez competente de las decisiones de la Asamblea Constituyente". Y aseguró que los empresarios del Comité "tienen derecho a tener su opinión, a impulsar su punto de vista, pero también tienen la obligación de acatar".

8 de enero de 2008

Quito.- El Comité Empresarial Ecuatoriano afirmó el lunes que acudirá al Tribunal Constitucional al objetar decisiones del gobierno, entre ellas una reciente ley tributaria que establece nuevos impuestos, un aumento salarial que consideran desproporcionado y la fijación de precios a productos básicos.

Alrededor de 160 empresarios que integran ese gremio se reunieron en esta capital, en donde se pronunciaron en contra de las recientes disposiciones del régimen presidido por Rafael Correa, que busca llevar al país hacia "el socialismo del Siglo XXI" según ha dicho el gobernante, próximo a cumplir un año en el poder.

Los empresarios han refutado la actuación de la Asamblea Constituyente, instalada en noviembre para redactar una nueva Constitución y que asumió las funciones legislativas, al cesar al Congreso.

La Asamblea "violó la constitución vigente al aprobar dicha ley (reforma tributaria), pues no tiene competencia constitucional ... presentaremos la demanda pertinente ante el organismo pertinente, y el organismo pertinente sin duda alguna es el Tribunal Constitucional", dijo el presidente del Comité, Patricio Donoso.

En un comunicado, ese gremio argumentó que la Asamblea "no tiene competencia constitucional para dictar y aprobar leyes" y además violó el estatuto que lo regula, el cual señala que la transformación del marco institucional y la nueva Constitución "sólo entrarán en vigencia con la aprobación en referéndum".

La demanda no impedirá que los integrantes del Comité Empresarial cumplen con los pagos de tributos señalados e la nueva ley, expresa el documento.

El presidente de la Cámara de Industrias, Francisco Roldán, argumentó que la demanda en contra de una elevación salarial de 30 dólares, decretada por el régimen, se fundamenta en que el acuerdo "aprobado por el gobierno se expidió en contra de norma expresa del código de trabajo".

En el comunicado los empresarios señalaron que "aumentos salariales anti-técnicos, como el aprobado ... causan desinversión y desempleo".

Acerca de la decisión gubernamental de establecer por ley los precios de algunos productos de primera necesidad como la leche y la harina, los industriales aclararon que "los precios de los productos no se fijan por decreto sino por el incremento de la producción y productividad" y precisaron que "los precios tampoco bajan por decreto".

Añadió que esa fijación de precios fomenta la escasez, el contrabando, desabastece el mercado y finalmente encarece el precio de los productos para los consumidores.


 

AP