| 4/21/2010 2:00:00 PM

Declaran crimen de lesa humanidad asesinato de Carlos Pizarro

La Fiscalía anunció el miércoles que el asesinato hace 20 años de un candidato presidencial fue un crimen de lesa humanidad para evitar que la muerte de Carlos Pizarro Leongómez quede impune.

Bogotá  —El fiscal del caso Gustavo Reyes explicó que la decisión fue adoptada la víspera por su despacho en virtud de que el asesinato de Pizarro "reúne las características de crimen de lesa humanidad, con lo que se activa la imprescreptibilidad de la acción penal".

"Ese caso (el de Pizarro) hizo parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda por grupos de autodefensas" o paramilitares, agregó Reyes, quien está adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

En las leyes colombianas la responsabilidad penal en el delito de homicidio prescribe o se extingue transcurridos 20 años de cometido el hecho.

El fiscal recordó que por el asesinato de Pizarro ya fueron condenados los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, fundadores en Colombia de las bandas paramilitares y quienes al parecer murieron asesinados.

"En este momento no hay ninguna persona vinculada a la investigación", advirtió Reyes.

Pizarro fue miembro activo del movimiento guerrillero 19 de Abril o M-19, que se desmovilizó en 1990 tras un proceso de paz con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990).

Tras deponer las armas, Pizarro se postuló a la Presidencia por el entonces movimiento Alianza Democrática M-19.

El 26 de abril de 1990, en el interior de un vuelo comercial que volaba entre las ciudades de Bogotá y Barranquilla, al norte del país, un sicario asesinó a Pizarro cuando el político estaba en plena campaña a las elecciones presidenciales.

El autor material del crimen de Pizarro, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue abatido en la misma aeronave por uno de los escoltas del jefe político.

No es la primera vez que la Fiscalía adopta la figura de "crimen de lesa humanidad" para evitar que los asesinatos de dirigentes políticos prescriban. Ya lo había hecho con los casos de Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989, y de Bernardo Jaramillo, asesinado en marzo de 1990.



(AP)

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