Presidente Petro se fue lanza en ristre contra licitación de pasaportes y alertó que mantenerla “protege una intención corrupta”

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió este viernes 2 de febrero en contra de la licitación de pasaportes, trámite que tiene contra las cuerdas al canciller Álvaro Leyva.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado publicó un agudo mensaje, en el cual advirtió que mantener la licitación de pasaportes, según él, “es proteger una intención corrupta”.

“Tratar de mantener la licitación de pasaportes no es más que proteger una intención corrupta. Amañar pliegos de las licitaciones para que se predetermine el ganador es corrupción”, posteó Petro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores insistirá con el proceso de licitación para la producción de las libretas de pasaporte en el país, un millonario contrato que ha generado bastante polémica y enredos judiciales.

En las últimas horas, la Cancillería publicó el nuevo pliego de requisitos para ese millonario proceso por $416.146.917.633, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los requisitos que se exigen están los componentes técnicos, la experiencia, la capacidad organizacional y algunos requisitos jurídicos.

“El oferente deberá acreditar experiencia por medio de mínimo dos (2) y hasta máximo cinco (5) contratos suscritos dentro de los últimos doce (12) años (esto debido a la entrada en implementación del chip en los pasaportes electrónicos en el año 2010 por la Unión Europea), contados a partir del cierre del presente proceso de contratación: (i) que hayan finalizado su ejecución o (ii) en los que se acredite una ejecución del contrato de al menos el 70 % o al menos 4 años de ejecución con corte 31 de diciembre de 2023″, dice el documento.

Uno de los datos más relevantes es que el plazo de ejecución del contrato se extiende hasta el 31 de julio de 2026.

El hecho ha llamado la atención porque el canciller Álvaro Leyva fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación en los últimos días, precisamente por las decisiones que ha tomado frente al polémico contrato de licitación de pasaportes. Una de las últimas decisiones que tomó el canciller fue declarar la urgencia manifiesta para prolongar por un año el contrato con Thomas Greg & Sons.

Uno de los datos más relevantes es que el plazo de ejecución del contrato se extiende hasta el 31 de julio de 2026.

Procuraduría advierte que desacato del presidente Petro sobre sanción al canciller “pone en riesgo el Estado Social de Derecho”

Un fuertísimo llamado de atención hizo el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, frente a la posición y claro desacato del presidente Gustavo Petro sobre la sanción que se emitió en contra del canciller Álvaro Leyva Durán el pasado 24 de enero.

Frente al hecho de que el canciller Leyva siga ejerciendo sus funciones y firmando circulares y decretos, evidencia, en palabras del viceprocurador, un “abierto desacato” que pone en riesgo el Estado Social de Derecho, la Constitución y la ley.

Además, sentencia que ella sienta “un nefasto precedente” que pone en riesgo la institucionalidad.

Frente a esto, señala que, tanto el jefe de Estado como el canciller Leyva, no han acatado la decisión emitida por la Sala de Disciplina de la Procuraduría General, que suspendió al ministro por tres meses y le abrió pliego de cargos –citación a juicio disciplinario– por las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de los pasaportes.

“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, aseveró el viceprocurador en referencia a lo que ha venido ocurriendo.

Considera que las autoridades elegidas democráticamente no pueden, nunca jamás, desviar la conducta de esos principios, pues con estas actitudes debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, señaló finalmente Gómez.