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Superintendente de Servicios Públicos, César González. | Foto: Archivo Semana

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Sanciones por $14.700 millones impuso Superservicios

En el último año, junio 2011-junio2012, la Superintendencia de Servicios Públicos impuso multas por $14.783 millones a las empresas prestadoras en el país.

28 de junio de 2012

 Las mayores sanciones fueron para las empresas de energía y gas con $8.552 millones, las de acueducto, alcantarillado y aseo recibieron multas por $4.940 millones, y por no responder a tiempo a los usuarios, recibieron sanciones por $1.292 millones.

Las cifras fueron reveladas por el Superservicios, César González Muñoz, dentro del Congreso de Servicios Públicos que Andesco realiza en Cartagena. De acuerdo con el Superintendente, la entidad resolvió 123 investigaciones contra prestadores de energía y gas, en su mayoría, por la calidad en la prestación de estos servicios, incumplimiento de las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista -MEM-, por violación de la regulación vigente y el incumplimiento del reporte y calidad de la información al Sistema Único de Información -SUI-.

A las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, por su parte, la Superservicios les resolvió 330 investigaciones. Entre las principales causas de las sanciones a estas empresas se encuentran el suministro de agua no apta para el consumo humano, falta de oportunidad y calidad en el envío de la información al -SUI-, inadecuada disposición final de residuos sólidos e incumplimiento a órdenes administrativa de la Superintendencia.

Desigualdad
“Es indudable que en los últimos 20 años ha habido un progreso significativo y que la participación del sector privado ha sido muy importante, sin embargo Colombia es un aún un país muy desigual en materia de servicios públicos domiciliarios”. Así lo afirmó el Superservicios, César González Muñoz, en una charla dictada esta mañana en el Congreso de servicios públicos que se realiza en Cartagena.

De acuerdo con César González, la Superservicios se debe a la gente y tiene la obligación de promover la reducción de esta desigualdad en la provisión y prestación de todos los servicios públicos domiciliarios. “Este es un desafío para el Estado Colombiano, para las autoridades de supervisión y para las propias empresas prestadoras de regular adecuadamente, aprender de las lecciones y mirar hacia adelante con optimismo”, dijo.

Tenemos, analizó el Superintendente, un país con una dualidad muy marcada, con ciudades que disfrutan de buenos servicios públicos y otras donde estos son inexistentes o de mala calidad. “Hay una Colombia profunda que pertenece a la ruralidad y a las zonas urbanas de menor tamaño que tienen problemas y que parecen que están viviendo en otro país, diferente al de las áreas urbanas.”

La desigualdad, como lo demuestra la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario –NSU- (ver en: www.superservicios.gov.co), se da con mayor claridad en las ciudades pequeñas o aquellas intermedias que no pertenecen a las áreas metropolitanas. De acuerdo con el NSU las 10 ciudades del país donde los usuarios expresan mayores índices de insatisfacción con los servicios públicos son San Andrés, Uribia, Puerto Inhírida, Tumaco, Mitú y Riohacha, Quibdó, Buenaventura, Ciénaga, Puerto Carreño, Arauca.

Frente a la desigualdad y dualidad existentes, el Superintendente propuso promover la solidaridad de las grande e importantes empresas de servicios públicos para con los llamados pequeños prestadores, aquellos que atienden a menos de 2.500 usuarios. Es importante que las grandes empresas tengan la oportunidad de brindarles asistencia técnica, operativa y comercial a aquellos prestadores que tienen marcados problemas financieros, administrativos, informáticos, sufren aislamiento geográfico y carecen de una regulación que contemple sus características y necesidades. “No sé si será factible pero vale la pena pensarlo”, invitó el Superservicios González.

Para hacerle frente a la dificultades que sufren los pequeños prestadores de servicios públicos, el Superintendente aseguró que también son necesarias una política pública rural y una regulación más apropiadas con las cuales se les pueda brindar mayor atención a la prestación de los servicios públicos en estas áreas y en los más pequeños y alejados municipios del país.