| 12/24/2010 8:40:00 AM

Quién es quién en los negocios más cuestionados del IDU

En medio del escándalo que sacude lo principales procesos de contratación del gobierno distrital de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha resultado ser uno de los organismos más cuestionados.

Recientemente, la Procuraduría Delegada para la Función Pública preparó un cuadro con los contratos más cuestionados del organismo relacionados con las obras de Transmilenio en la carrera décima y calle 26, principalmente. Se trata de diez negocios que suman en total cerca de $1,3 billones. El IDU maneja cerca del 20% del presupuesto de la ciudad.

Con base en documentos de los órganos de control, Dinero.com presenta una relación de los cargos imputados a los funcionarios y ex funcionarios de mayor nivel de esa entidad, considerada hoy la más afectada por maniobras de corrupción:

Liliana Pardo
La hoy ex directora del organismo está acusada disciplinariamente de facilitar, mediante el “otro sí” número 2 del 16 de octubre de 2008, el pago de millonarios anticipos a la unión temporal Transvial, sin contar con respaldo legal para hacerlo. Los anticipos fueron hechos en desarrollo del contrato 137 de 2007, firmado para la construcción de los tramos 3 y 4 de Transmilenio por la calle 26, por un valor de $315.580’224.330.

La Procuraduría le reprocha el haber permitido, mediante la misma fórmula de la modificación irregular de los contratos, que los contratistas pudieran adelantar tareas correspondientes a la etapa de preconstrucción en la fase de construcción. También permitió, según se lee en su expediente, la actualización de estudios y diseños por fuera de los términos inicialmente convenidos y que su valor fuera liquidado dentro de “imprevistos”.

Los investigadores estudian evidencias de acuerdo con las cuales el 29 de diciembre de 2008 ella celebró con el consorcio Metrovías un contrato adicional al 135 de 2007 por valor de $24.269’166.914, que se sumaron a los más de $178.000 millones que inicialmente valía el negocio de la construcción de cuatro tramos neurálgicos del proyecto. “Al celebrar el mencionado contrato adicional –dicen los investigadores de la Procuraduría en su informe- participó en la actividad contractual con desconocimiento del principio de la transparencia (...), teniendo e cuenta que se utilizó la figura del contrato adicional para omitir el proceso licitatorio y eludir la selección objetiva que debería efectuarse para escoger al contratista”.

Luis Eduardo Montenegro
Como lo ha denunciado Dinero y lo ratifican varios de los testigos que han declarado ante los órganos de control, este subdirector general de infraestructura del IDU era “cuota” en la entidad de Emilio Tapia y Julio Gómez, dos de los ‘zares’ del carrusel de la contratación.

La Procuraduría Delegada para la función pública ha encontrado hasta ahora que este funcionario pudo haber participado en la escogencia, “a dedo” de los contratistas que ejecutarían los proyectos de valorización de las obras de Transmilenio. También en el turbio proceso de adicionar otros contratos para añadirles la ejecución de obras que requerían de procesos de selección independiente. “La falta imputada –dice el pliego de cargos en su contra- se califica provisionalmente como gravísima, a título de dolo”. En caso de que los cargos sean probados, el Código Único Disciplinario prevé que este tipo de faltas sean sancionadas con destitución.

Inocencio Meléndez Julio
En su doble condición de Director Técnico Legal y de Subdirector General Jurídico avaló la firma recurrente de “otro sí” y en los contratos y expidió memorandos en los que interpretó, casi siempre en beneficio de los contratistas, las normas y los manuales de interventoría.

“Con su participación en la actividad contractual, revisando y aprobando el otrosí del 16 de octubre de 2008, y luego dando viabilidad jurídica al memorando en mención, el señor Meléndez contribuyó a la flexibilización de la entrega del anticipo y disminución de manera notable de los controles que la entidad y el interventor debían ejercer sobre la inversión y manejo del mismo”, advierte la Procuraduría.

Marta Mercedes Castrillón Simmonds
Esta directora técnica de predios de IDU es considerada hasta hoy como Una suerte de aliada que les ayudó a los contratistas incumplidos a “justificar” sus retrasos. En lapso comprendido entre el 6 de mayo de 2008 al 19 de agosto de 2010 dilató la adquisición de los predios necesarios para la ejecución de las troncales de la calle 26 y la carrera décima de la Fase III.

María Clemencia Cantina
Los cuestionamientos de la Procuraduría en su contra están expresados así:
“(...) En su calidad de Directora Técnica de Gestión Contractual del IDU presuntamente no implementó desde la fecha en que asumió el cargo, 4 de mayo de 2009, y hasta el 24 de marzo de 2010, mecanismos de control a los procesos de imposición de multas reportados dentro del contrato 137 de 2007, para que tales procesos se realizaran con celeridad y lograran el objetivo para el cual están contemplados legalmente, y dando cumplimiento a los términos perentorios dispuestos en el contrato y en sus modificaciones para este procedimiento”.

Todos ellos, al igual que otros diez funcionarios de menor nivel del IDU deberán explicar ante los organismos de control fiscal y ante la justicia penal una buena parte de los entuertos que rodean a los procesos de contratación pública en la ciudad.

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