| 9/28/2011 6:00:00 PM

La liquidadora

María Mercedes Perry es la escogida por el Gobierno para liquidar e intervenir todas las entidades protagonistas de los mayores descalabros financieros del país. ¿Mérito o favoritismo?

“Gano más de lo que dicen los medios y mucho menos de lo que merezco”, dice María Mercedes Perry en su oficina provisional en el edificio del Citibank, en el norte de Bogotá, desde donde viene dirigiendo el proceso de intervención de la firma de bolsa Proyectar Valores.

Su sentencia es una réplica a las críticas que medios de comunicación y sectores de opinión le han hecho por cuenta del monto de los honorarios que percibe y de una posible concentración de poder en cabeza suya, sobre todo después de que el presidente Juan Manuel Santos se refirió a ella en público como “mi liquidadora estrella”.

De hecho, ninguno de los nombres de los profesionales auxiliares de la justicia en el país ha tenido la notoriedad pública que tiene el suyo. Le correspondió la liquidación de DMG y de varias de las pirámides de dinero que surgieron hace unos años en el país. Antes había estado a cargo de procesos similares en la Caja Agraria y en el Banco del Estado y ahora asumirá la misión de liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes. Su tarea será rescatar de allí los activos que le quedan a una entidad que vivió sitiada por la corrupción.

A no pocos de sus críticos les parece una exageración que el Estado le pague $1.000 millones por la liquidación de DMG, por ejemplo, cuando se trata de procesos que dejan tras de sí una estela de damnificados insatisfechos y más de un pleito por resolver. Otros incluso van más allá y le atribuyen el hecho de que la liquidación de la Caja Agraria, sustituida por el Banco Agrario, represente hoy un proceso inconcluso. Ella rechaza ambos argumentos y dice que sus honorarios no corresponden a ningún tipo de ambición personal, sino que están fijados por la Ley que le da derecho hasta de 6% de los activos liquidados de la empresa o entidad sin exceder el monto de 2.100 salarios mínimos (cerca de $1.100 millones actualmente).

“De allí se hacen retenciones y descuentos de ley y, si hacemos bien las cuentas en relación con lo que dura un proceso, el monto mensual no supera los $30 millones, cosa que no resulta una exageración”, dice un funcionario de la Superintendencia de Sociedades, una de las entidades que más ha requerido sus servicios. La abogada Perry dice que lo que la gente no sabe bien es que su tarea no es asunto de miel sobre hojuelas porque a menudo le demanda siete días de trabajo a la semana y no pocas trasnochadas y riesgos, además de otros sacrificios de los que solo parece preocuparse doña Anita, su mamá. “No hay favoritismos hacia mí. A lo sumo, las designaciones que me han hecho los últimos gobiernos son un reconocimiento al hecho de que hago mi trabajo con las puertas abiertas y con honestidad”, recalca. Según ella, hay otros colegas que no reciben menos misiones que ella y que enfrentan problemas igualmente complejos, aunque la opinión no se percata de ello porque se trata de casos poco publicitados. Cita como ejemplo a Jairo Cortés, cuyo nombre apareció en los medios solo cuando asumió la liquidación de Cajanal.

Ante los reproches sobre la inconclusa liquidación de la Caja Agraria dice que la ciudadanía y aun algunos expertos no saben ni conocen con exactitud los límites del trabajo de un liquidador. “Cuando concluye el proceso de liquidación desde el punto de vista administrativo y se produce la calificación de los activos, el resto de las diligencias quedan a cargo de una fiducia. En ningún caso hay abandono de funciones.

Prefiere no referirse a fondo a unas contingencias que le han producido una sanción, en primera instancia, de la Procuraduría y un arresto de cinco días al que estuvo sometida en la escuela de Aquimindia, donde se forman los detectives del DAS. El castigo disciplinario, frente al cual ella presentó un recurso que está próximo a ser resuelto, le fue aplicado por haber consignado en la cuenta personal del presidente del sindicato de la Caja Agraria el monto de una obligación legalmente reconocida. “Lo hice –explica– porque el sindicato no tenía una cuenta corporativa y pretendía que yo le entregara el dinero en efectivo, cosa que habría sido peor”.

La reclusión en la sede de Aquimindia fue ordenada por un tribunal que consideró que había desacato de su parte por haberse resistido a reconocerle la pensión a un hombre que en 2008 presentó una tutela en la que alegaba que había trabajado en la Caja Agraria hasta 1962 y que no había recibido sus prestaciones de ley. Los jueces aceptaron como plena prueba los testimonios de dos personas que rondaban los 80 años.

También afrontó tres debates en el Congreso relacionados con la liquidación de la Caja Agraria, de los cuales siente haber salido bien librada.

Para ilustrar riesgos cuenta una historia que solo conocen los suyos y algunos de sus colaboradores. En 1998, le tocó liquidar la Cooperativa Financiera Solidaria, entonces la más grande entidad del sector solidario, cuyo desplome fue un factor que contribuyó entonces al impuesto del 2 x 1.000 y a la creación para el sector solidario de la economía de un fondo de garantías similar al actual Fogafin. En aquella época estuvo bajo el asedio de grupos armados porque decidió visitar todas las oficinas de la cooperativa en pueblos con fuerte influencia guerrillera como Samaniego (Nariño) y otros situados en “zonas rojas” del Cauca y Valle del Cauca. “Un día –cuenta– llegué en carro a una de esas poblaciones, acompañada por un conductor y dos colaboradores. Como la gente me vio llegar con un portafolio casi me aclamó porque creyeron que ahí llevaba la plata para pagarles a todos los afectados por el descalabro de la entidad. Pero cuando me vieron sacar códigos y textos legales para explicarles a los clientes qué era un proceso de liquidación la situación cambió y necesité de protección policial”.

Aunque hay quienes ponderan esos riesgos y esfuerzos, existen también aquellos que creen que la designación por sorteo o concurso de los liquidadores contribuiría en todo caso a darle mayor objetividad a procesos en los que están en juego no solo miles de millones de pesos, sino también la suerte de personas afectadas por la pérdida de sus inversiones y ahorros de toda una vida de trabajo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?