Revista Dinero

El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados.

| 4/26/2013 5:50:00 AM

La artillería contra el contrabando

El Gobierno da las primeras luces al proyecto de ley contra el contrabando, que en los próximos días se va a presentar al Congreso, y a la reforma al Estatuto Aduanero.

Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, cuando se habla de la lucha contra el contrabando, parece un tema recurrente, sin impacto y como si la frase fuera un cliché.

Sin embargo, ahora el Gobierno prepara una artillería para atacarlo que responde a una coyuntura: el contrabando técnico –o comercio delictivo, como lo define el Ejecutivo-, está cercano a los US$6.000 millones, en el monto de las mercancías, y en aranceles puede llegar a US$1.000 millones lo que se deja de cobrar cada año.

“Y esto está muy asociado a lavado. Este delito, que era una especie menor hace 20 años, hoy es un hermano cercano al narcotráfico, al lavado de activos y al terrorismo. La combinación de la estrategia contra el contrabando está representado en un trabajo que arrojó más de 30 recomendaciones que hay que hacer en el corto y largo plazo, desde el análisis de la infraestructura física de nuestras aduanas hasta la presentación de un proyecto de ley que modifique las dimensiones penales y de procedimiento penal y fortalezca más la capacidad de la Fiscalía”, dice el ministro.

La munición está compuesta de dos hechos clave: uno, el proyecto de ley contra el contrabando, y el segundo, la reforma al Estatuto Aduanero. Díaz-Granados le explicó a Dinero los cambios fundamentales que se abordarán.

- ¿En qué va el proyecto de ley para la lucha contra el contrabando?
Está prácticamente listo. Recibí los últimos comentarios de los Ministerios de Defensa y Justicia en los últimos días y luego lo firmaremos los ministros de Justicia, Defensa, Hacienda y Comercio.

- ¿Cuáles son los alcances del proyecto?
Hay que verlos desde cuatro dimensiones. La primera, la coordinación institucional. Compartir información entre las entidades del Estado y, también con entidades del exterior. En el caso de los tratados ya hemos venido colocando eso como un tema central de Colombia. Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico hemos hablado de seguridad y cooperación. Las fronteras, más allá de un tema alcabalero y de aduanas, tienen que ser fronteras con capacidad de controlar la seguridad del país en todos los frentes. Hoy los riesgos son de contrabando, mañana pueden ser de bioseguridad.

La segunda dimensión es lo penal. Esto es un delito que hay que darle la seriedad que se merece tanto en las penas restrictivas de la libertad como en la pena económica. Eso necesita un cambio y es parte de lo que vamos a proponer.

- ¿Agravar penas y crear jueces especializados, por ejemplo?
Y tipificar mejor las conductas que se están asociando a los tipos penales. Por eso decimos que debe haber un fortalecimiento de la Fiscalía para que pueda desarrollar esa habilidad y complementar a la Dian. La tercera es que habrá medidas, ya en la parte de procedimiento, de la manera cómo podemos alimentar los procesos penales. Y hay una cuarta que está en discusión: gestionar fondos que permitan permanentemente anticipar el movimiento de los contrabandistas y generar un rechazo ciudadano, mejores alertas y sistemas de detección. Puede llegar a operar con delación y otro tipo de beneficios que ayudarán a desmantelar más rápidamente esas redes.

- Sin embargo, hay algunos analistas que consideran que los resultados solo se verán en el largo plazo…
Hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Ahora, depende de dónde esté uno: el mediano y corto plazo puede ser dentro de un año. En el caso del Gobierno, el largo plazo es un año, el mediano plazo son 6 meses y el corto plazo fue ayer. Hay que arrancar ya.

Ya hay que meterle mil hombres a la Policía Fiscal Aduanera para fortalecerla y darle más instrumentos, y eso pasará este año. Dentro del gobierno habrá mejor coordinación a partir de ahora que la que ha habido en el pasado. Muchos funcionarios van a pasar por polígrafos, eso lo establece la ley, para garantizar que la gente que esté al frente sea la menos proclive a la corrupción. La ley trae una serie de disposiciones legales que ayudan a prevenir la corrupción. Además, en las de corto plazo, viene la contratación de los scaners. El país no tiene un solo scaner hoy. Eso vale al menos $40.000 millones y se justifican frente al deterioro y al problema que existe.

- ¿Usted es partidario de un restablecimiento de la justicia penal aduanera?
Sí, porque el contrabando lo vimos como una especie menor en los 90. Hoy no es de especie menor, hoy es subyacente a lavado de activos y al terrorismo. Por eso necesitamos hacer una reforma al Código de Procedimiento Penal para poder garantizar que estas modalidades, como el contrabando técnico y el contrabando abierto, que le están infringiendo un daño terrible al país, efectivamente se puedan controlar. Por ejemplo, muchas de las normas que hoy son de estupefacientes, se le podrían aplicar al contrabando, pero no se le aplican porque no hay una correlación directa entre ellas y eso hace que la conducta de contrabando, al ser poco castigada, se vuelva más repetitiva.

- ¿Y la reforma al estatuto aduanero?
Necesitamos un sistema que nos facilite el comercio en estas épocas de mayor integración internacional. No podemos tener ni exportaciones ni importaciones retrasadas. Necesitamos un sistema ágil de importación y exportación, que detecte el riesgo y nos diga quién está tratando de meterse al comercio exterior bajo la fachada con objeto y causa lícita, cuando en realidad es con objeto y causa ilícita. Ya el decreto con la reforma está para comentarios del sector privado.
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