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El Estado tiene en su contra millonarias demandas.

| 3/23/2013 7:00:00 AM

El Estado con demandas hasta el cuello

El año pasado se pagaron alrededor de $450 mil millones en demandas efectivas.

El contador General de la Nación, Pedro Luis Bohórquez, aseguró que a junio del 2012, las demandas al Estado ascendían a los $958 billones, pero entre septiembre y octubre esas pretensiones de demanda bajaron a $357 billones. 

Según el funcionario, el año pasado se pagaron alrededor de $450 mil millones en demandas efectivas, “que eso no es una cifra de poca monta, también es mucho dinero, que en última instancia afecta el erario público y afecta a todos los colombianos”, dijo.

A través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Gobierno busca reducir esas cuantiosas demandas que cursan en su contra y para ello está desarrollando trabajos de conciliación.

Es el caso de los procesos en contra del Estado colombiano por captadoras ilegales. Las pretensiones por este tema ascienden a $60 billones, lo que equivale al 41% de la deuda externa total del país, al 89,3% de las reservas internacionales de Colombia, al 43% de lo producido por todo el país (PIB) en el tercer trimestre del 2012 y supera en más de 5 veces el rubro destinado por el Gobierno para ayudar a las víctimas de la ola invernal.

Para resolver esas demandas, algunas de las entidades ya establecieron una Mesa de Trabajo Interinstitucional, para hacer una defensa uniforme en los procesos judiciales. 
Así se agrupan todas las pretensiones indemnizatorias en una sola actuación, bajo el argumento de que las diversas empresas captadoras representan un fenómeno. 

Según la Agencia, “de ser aceptada tal integración se lograrían en enormes beneficios para el Estado, tales como la posibilidad de ejercer una defensa unificada, con el correlativo ahorro de gastos y costos por la atención de los procesos judiciales que actualmente se tramitan en diversos despachos judiciales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”.

Actualmente, en Colombia se tramitan cerca de 800 procesos por esta causa que de prosperar le representarían al Estado una pérdida cercana a los $60 billones de pesos.

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