Imputan cargos a directivos de Drummond

Seis directivos de la Drummond recibieron imputación de cargos por parte de la Fiscalía General por el caso ambiental en la bahía de Santa Marta.

El ente acusador imputó los cargos ante un juez de garantías por los hechos denunciados sobre un daño ambiental tras el vertimiento de 700 toneladas de carbón en Ciénaga.

La fiscal del caso aseguró que el 12 de enero de 2013 un grupo de directivos de multinacional conocieron de primera mano el hecho de que la barcaza TS 155 presentaba un acopamiento por lo que se estaba hundiendo. Ante esto ordenaron inmediatamente arrojar carbón mineral al mar.

Para la Fiscalía, con esta actuación, fueron en contravía de los planes establecidos de emergencia que hace mención a cuando se presentan este tipo de casos. Ese mismo día, con la ayuda de grúas, empezó el lanzamiento del elemento al fondo del mar causando así una grave afectación al medio ambiente y al lecho marino.

El ente investigador tuvo en cuenta una serie de fotografías, denuncias de los medios de comunicación, pobladores y trabajadores, así como material técnico que establece el daño ambiental y a las especies marítimas.

Fueron dos operaciones las que ejecutaron los operarios de las grúas y maquinaria pesada para sacar el carbón de la barcaza y arrojarlo al mar.

Según lo registra El Espectador.com, en la primera de ellas se arrojaron 10 o 12 paladas del material al lecho marino. En ese momento, de acuerdo con la Fiscalía, se presentó el vertimiento de más de 300 toneladas.

En la segunda acción, registrada en la mañana del 13 de enero se utilizó otra grúa dirigida a sacar el carbón restante que estaba en la barcaza que se estaba hundiendo. En esa oportunidad fueron lanzadas otras 300 toneladas del mineral. Esta acción, que reprochó la Fiscalía, estuvo dirigida a proteger el bien de uno de los patrimonios de la multinacional.

“No entiende esta delegada fiscal cómo es que no se dispone de otra barcaza vacía para que se transportara al lugar y se hiciera realizara el traslado del carbón (…) Sino que lo lanzan de manera directa al lecho marino”, precisó la fiscal del caso al señalar que no se ejecutó el Plan de Emergencia que dispone una serie de pasos a seguir: el primero es proteger la vida, el segundo es evitar o minimizar el daño ambiental, el tercero es la protección de los bienes.

En este caso se hizo todo lo contrario y se veló por la protección de la barcaza. “Se presentó un gravísimo daño al medio ambiente, así como al lecho y la fauna marítima (…) Por la corriente se pudo extender la contaminación afectando así a varias regiones, aumentando así el daño”.

Por estos hechos tendrán que responder Javier Jácome, superintendente de operaciones; Juan Carlos Flores, asistente; José Luis Velásquez, gerente de operaciones; Paulo Cárdenas, supervisor de operaciones; Carlos Urieles, operador de grúa y Raúl Olivella también operador de la grúa.