Contraloría recupera otros $7.600 millones de regalías

Con ocasión de investigaciones adelantadas por la Contraloría a raíz de las inversiones por parte de los departamentos de Meta y Casanare realizados con recursos provenientes de regalías, en patrimonio autónomo constituido por particulares con dineros públicos que se perdieron al no retornar a las arcas territoriales correspondientes, la Contraloría encontró merito suficiente para proferir fallos de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios públicos involucrados de los departamentos de Meta y Casanare y funcionarios de Fiduagraria, en calidad de gestores fiscales.

"Dichos contratos de fiducia se encontraban amparados por pólizas de seguros expedidas por varias compañías aseguradoras, entre ellas QBE Seguros S. A. en su condición de garante y por ende terceros civilmente responsables", recalca el comunicado del ente de control.

A raíz de los fallos proferidos y ejecutoriados por la Contraloría y teniendo en cuenta una solicitud de la firma QBE Seguros S. A., se aceptó el pago de la suma de $7.600 millones, correspondiente al límite máximo de aseguramiento bajo las pólizas de seguro de responsabilidad para directores y administradores y la póliza de seguro de manejo global para entidades oficiales.

Por lo anterior, el despacho de conocimiento, que es el Contralor Delegado Intersectorial #2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, aceptó la oferta de la compañía aseguradora QBE Seguros S. A. y mediante auto número 000484 de 16 de abril del año en curso accedió a recibir el pago de las pólizas en mención en cuantía de $7.600 millones.

En consecuencia, se ordena el archivo de los procesos de responsabilidad fiscal frente a la compañía aseguradora QBE Seguros S. A. una vez se acredite el pago anunciado y sea aceptado por este ente de control.

La Contraloría celebró, la seriedad de QBE que solventó una obligación sin argüir en contra de su responsabilidad y honrando al pie de la letra los términos de la póliza de seguros.

En otros casos, la resistencia de otras aseguradoras ha sido tal que la Contraloría emitió un control de advertencia, recordando que antes de asegurar al Estado se debe evaluar adecuadamente el riesgo, pues una vez acaecido el siniestro, si así lo dispone la respectiva póliza de seguros, no resta más que honrar el compromiso.

La Contraloría también conoció las actuaciones de siniestros públicos que, tergiversando el alcance de la póliza, prefieren alentar presiones gremiales y presentarse como víctimas de la presunta arbitrariedad del organismo de control fiscal”.