Congresistas quieren más control en el presupuesto nacional

De acuerdo con información de la App Conexión Congreso, es la tercera vez que esta iniciativa, conocida como ‘proyecto antimermelada’ se presenta en el Congreso. La plataforma App Conexión Congreso informó que en esta oportunidad se aprobó en segundo debate de la segunda vuelta, es decir que le faltan dos debates para convertirse en norma constitucional.

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Su autor y ponente, el representante por Bogotá, Carlos Germán Navas, insiste en la necesidad de que el Congreso tenga más autonomía y “que por cualquier cosita tengan que arrodillársele a un ministro” Ver video

Para el representante, César Lorduy el Congreso tiene legitimidad democrática para intervenir en el presupuesto.

“Las reglas del juego aquí son totalmente transparentes, los proyectos tienen que ser viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación, tienen que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, no hay ningún desorden desde el punto de vista fiscal, pero además, desde el punto de vista de la legitimidad el Congreso es elegido democráticamente y a veces el presupuesto es repartido por un Ejecutivo que no tiene la misma legitimidad”, manifestó el representante de Cambio Radical.

Por su parte el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado manifestando su rechazo a la medida por los inconvenientes que podría genera en materia fiscal. Este es el texto del comunicado: 

• La Ley de Presupuesto es de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional y en el curso de su trámite no es posible modificar el proyecto gubernamental sino con el asentamiento del Ministro de Hacienda dado por escrito (Artículo 351 de la Constitución Política de 1991).

• Permitir facultar al Congreso de la República la decisión de hacer cambios en el Presupuesto General de la Nación (PGN) podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas dado que estas se construyen con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Plurianual de Inversiones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

• Dar estas funciones al Congreso atenta contra el principio constitucional de separación de poderes. 

• Permitir que el Congreso realice modificaciones al PGN implicaría la aprobación de partidas indeterminadas dado que los proyectos y programas que se financian con estos recursos se encuentran previamente inscritos en un banco de proyectos lo cual atentaría con el principio constitucional de planeación y legalidad del gasto.