| 11/19/2013 7:15:00 AM

Un año tras el fallo de La Haya

Este martes se cumple un año del fallo de La Haya y aún el país no comprende lo que allí se decidió, la conclusión de los expertos es que la determinación del tribunal fue justa.

El 19 de noviembre de 2012 pasó a la historia en Colombia como el día en que el Gobierno de Juan Manuel Santos perdió una porción de mar territorial ante Nicaragua, por lo menos así lo recuerda el pueblo colombiano.

Sin embargo, y a pesar de todas las críticas que ha recibido la canciller María Ángela Holguín y el propio Santos, es injusto atribuirles a ellos la decisión del tribunal internacional, más aun teniendo en cuenta que fue en 2007, durante la presidencia de Álvaro Uribe, uno de los más voraces críticos del manejo del litigio con Nicaragua, cuando esa corte decidió que el Tratado de Bárcenas no definía el límite marítimo entre las dos naciones.

En la teoría Colombia no perdió nada con la decisión del 19-11-2012, pues no se puede perder lo que nunca le perteneció. Pese a ello, el impacto en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido de grandes magnitudes, pues de esa porción marítima dependían muchos pescadores residentes en la isla.

Así lo explica la Abogada experta en derecho internacional de la Universidad del Rosario, Andrea Mateus. “Lo primero que hay que aclarar es que no hay pérdida de territorio. El tratado de Bárcenas no hablaba de delimitación marítima, hablaba de delimitación territorial, de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y que la Costa de Mosquita era de Nicaragua, pero en ninguna parte habla de que, del meridiano 82 al oriente era nuestro, entonces no hay pérdida de territorio”.

Es por eso que la abogada considera que jurídicamente Colombia lo que tiene que hacer con respecto al fallo, es cumplirlo. Esto debido a que se ve obligada internacionalmente por el artículo noveno de la Constitución colombiana, allí el país se compromete a hacerlo, y por ello no hay una alternativa distinta a acatar el fallo.

El artículo noveno de la Constitución Política de Colombia dice así: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.

Pero Aclara Mateus que el lío con Nicaragua no termina ahí pues Nicaragua estaba buscando la demanda por la plataforma continental extendida, y como la interpuso antes de que se venciera el año de la denuncia interpuesta con Santos contra la Ley que avala el Pacto de Bogotá, esa es una demanda que queda pendiente.

No obstante aún no hay pronunciamientos ni avances al respecto, además requiere de una investigación previa de las Naciones Unidas para determinar cuánta plataforma continental hay en juego. Son temas relacionados, pero no afectan en nada la decisión de cumplimiento del fallo del 19 de noviembre de 2012.

Para la experta en derecho internacional “lo que sí hay que hacer, y se debió hacer hace mucho tiempo, antes de llegar a este punto, es negociar con Nicaragua porque ahí hay pescadores nuestros que se están viendo afectados, porque así en la teoría eso no fuera nuestro en la práctica los pescadores trabajaban ahí, las comunidades raizales consideraban este territorio como suyo. Colombia debe negociar con Nicaragua cómo se va a realizar la explotación económica del territorio”.

En ese punto aclara el también abogado internacionalista, Ricardo Abello, que “hay derechos que se sobreponen, por un lado está la zona económica exclusiva nicaragüense, donde sólo ellos pueden ejercer derechos económicos, y en ese mismo espacio hay derechos administrativos que sólo puede ejercer Colombia, como temas de aduanas, de inmigración y persecución en caliente entre otros derechos”.

Todo esto obliga a los dos países a sentarse a negociar y establecer mecanismo de cooperación conjunta ya que en las mismas aguas existen derechos de cada uno y por tal motivo se requiere de una coordinación de parte de las dos naciones para determinar cómo se van a ejercer esos derechos.

Abello explica que el derecho internacional prevalece ante el nacional y que eso es lo que en Colombia no se ha entendido, de ahí que existan tantas críticas contra el Gobierno por el manejo dado al proceso. “El derecho interno y el internacional no tienen nada que ver, eso aquí no se ha entendido, la Corte Constitucional puede decir lo que sea frente al Pacto de Bogotá, pero si la Corte Internacional produce un fallo nos toca cumplirlo o nos toca cumplirlo” puntualiza el internacionalista.

A pesar de las explicaciones jurídicas del asunto, los sanandresanos requieren medidas urgentes que les permitan mitigar el impacto social que produjo el fallo, y por eso tanto ellos como otros sectores de la sociedad ven en Santos el responsable de dar soluciones. “Es totalmente injusto culpar al presidente, el Gobierno Santos no tuvo nada que ver con este proceso, la Corte Internacional dijo en 2007 que el meridiano 82 no era la frontera entre los dos países” aclara el abogado.

En el horizonte no se ve una solución cercana, lo cierto es que en algún punto los presidentes de Colombia y Nicaragua, tendrán que sentarse a buscarle las soluciones a las comunidades de uno y otro lado. La Corte ya decidió, y a todas luces no hay más que acatar su pronunciamiento y realizar las negociaciones necesarias para que los pescadores y en términos generales pobladores de la zona no sigan viéndose afectados por la pérdida de lo que nunca tuvieron

Impacto Económico

El departamento deja de percibir ingresos por impuestos del orden de los $500 millones mensuales y desaparece el 95% del comercio de langostas en la isla con lo cual se afecta uno de los renglones más importantes del comercio de la isla.

Tras el fallo de La Haya se produjo el cierre definitivo de Antillana, la empresa más grande exportadora de langosta y caracol que hacía transacciones anuales superiores a los US$12 millones, pero que a raíz del fallo vio mermada su producción y hasta el 19 de mayo pasado, solo tuvo pérdidas consecutivas.

El Gobierno Nacional, hizo anuncios que apuntaban a mitigar el impacto. Uno fue el de entregar un subsidio de $1.800.000 a cada pescador artesanal, por espacio de seis meses.
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