| 1/23/2015 7:00:00 AM

Cartel de la contratación petrolera en Colombia

De acuerdo a Campetrol, la tercerización laboral en las regiones productoras es un fenómeno que vulnera el derecho al trabajo digno de los empleados y encarece los costos de las compañías que operan en dichas zonas.

Los países que no son netamente petroleros pero que en su medida se convierten en tomadores de precios de las grandes potencias tal como sucede con Colombia, enfrentan una coyuntura con la caída de los precios internacionales del petróleo y la cantidad de reservas energéticas a futuro.

Empresas nacionales e internacionales que operan en el país manifestaron que reducirán sus inversiones en exploración y explotación, pues no resulta rentable mantenerlas así cuando las proyecciones son tan negativas para los siguientes años y no se cuenta con los instrumentos necesarios de seguridad jurídica.

Para el caso colombiano, la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros, Campetrol, explicó que a estos problemas de orden mundial, se suman dos dilemas relacionados con las comunidades en donde operan estas empresas y con las voladuras de la infraestructura petrolera, que aumentan los costos operativos.

De acuerdo con el presidente de la Cámara sectorial, Rubén Darío Lizarralde, el sobrecosto que representa para estas compañías los problemas de orden social, son más altos que los mismos atentados terroristas, afectando la productividad y proyecciones de las compañías.

“Existe una relación de 65% a 35% entre las dos facciones, que dejan perplejas a las empresas petroleras que desde ya empiezan a contemplar a otros países como futuro de sus inversiones por tener mejores reservas y garantías en exploración, explotación y hasta seguridad jurídica”, manifestó el directivo en diálogo con Dinero.

Como si fuera poco, al gremio petrolero se le lleno la copa con el abuso al que son sometidos empresas y empleadores que por ley deben pertenecer en cierto porcentaje a la zona donde se realizan los trabajos. Según las denuncias de dichas compañías, grupos al margen de la ley y personas con influencia en la zona, obligan a tercerizar los contratos que se deben firmar para los desarrollo de los proyectos.

“Se ha configurado una especia de cartel de la contratación para sacar provecho de cada contrato que se firme con las empresas, cobrando una especie de “vacuna” a quienes accedan a estos empleos y de paso presionando a los empleadores para que si quieren contar con la mano de obra necesaria para cumplir con sus metas, se entiendan primeramente con ellos, antes que con el trabajador”, señaló.

Para el directivo Lizarralde, un primer paso para mermar este fenómeno ya fue dado por el Ministerio del Trabajo, que emitió una planilla de contratación única en la que el empleado se entiende con el empleador y el Gobierno hace las veces de garante para velar por el pleno cumplimiento de las normas, planilla que a la fecha ha empezado a arrojar resultados positivos, acabando paulatinamente con esta práctica.
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