Opinión

  • | 2009/11/09 06:45

    La fiscalización de las regalías

    Fondos fiduciarios con comités de inversiones para manejar los enormes recursos de las regalías a la solución de las necesidades básicas de los municipios, pueden ser una solución al manejo de estos dineros. Opinión de David Yanovich.

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El manejo de las enormes regalías petroleras y mineras que recibe el país es bastante asimétrico entre los diferentes entes territoriales que tienen derecho a tan preciado recurso. Casos como el de la Guajira, por ejemplo, en donde se reciben más de $500,000 millones anuales para inversión en la cobertura de necesidades básicas insatisfechas (NBI), según lo contempla la norma, y en donde existen enormes problemas de falta de cobertura (en agua potable, por ejemplo, aunque éste está ya en vías de solucionarse), generan gran preocupación sobre la forma como en algunos casos la disposición de los recursos de regalías se ha visto sitiada por agentes y gobiernos locales corruptos que atrapan esas rentas que corresponden a la sociedad como un todo.

 

Y es que estamos hablando de enormes cantidades de recursos. En efecto, mientras que en 2004 las regalías transferidas fueron de $1,69 billones de pesos, para el año 2008 los giros llegaron a $4,8 billones, y en el 2009 ya van en $2,5 billones (obviamente serán menores que el año anterior, por efecto de la reducción del precio del crudo a nivel internacional). Esto representa una oportunidad enorme para las regiones, pero a su vez implica la necesidad de generar unos mecanismos de ejecución de los dineros y de control de los mismos que permitan aprovechar de manera óptima los recursos generados por el sector. Como veíamos en la columna pasada, del total de regalías, 66 municipios de Colombia reciben el 95% de las mismas. Eso sin contar los recursos del sistema general de participaciones –léase transferencias– que reciben por derecho constitucional.

 

En regiones en donde no existe una sociedad civil fuerte y organizada, con capacidad de fiscalización real de los recursos de regalías comprometidos por ley, es imperante generar un esquema institucional que permita suplir las falencias de fiscalización y transparencia de la inversión de estos recursos para, por lo menos, garantizar las coberturas en NBI que mandan las normas relativas a estas inversiones. En consecuencia, sería importante generar un mecanismo de control y aprobación de las inversiones que ayude a ordenar la ejecución de los recursos y a evitar que grupos sin escrúpulos atrapen estas rentas para beneficio personal o político.

 

Un posible mecanismo es involucrar a las fiduciarias a este tema, con el fin de generar unos fondos de inversión de regalías a través de patrimonios autónomos con un mandato claro de ley de invertir los mismos en proyectos que permitan incrementar la cobertura y aliviar las NBI en los diferentes entes territoriales que así lo requieran. Estos patrimonios contarían con comités de inversiones en donde tenga representación la sociedad civil local, las autoridades locales (gobernador o alcalde, o un delegado),el gobierno nacional (a través del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado) y dos o tres miembros independientes con experiencia en evaluación de proyectos y análisis de inversiones, con hojas de vida que no generen dudas sobre su ética de trabajo y el manejo que le darían a la inversión de los recursos de las regalías de cada patrimonio autónomo.

 

La clave aquí es determinar la regla requerida para que este mecanismo entre a aplicar a una región u otra. Además de la posibilidad de que sea un tema de voluntad (porque un número suficiente de representantes civiles o una autoridad regional lo pida), es necesario realizar un análisis suficientemente sólido y respaldado para determinar que regiones requieren de este tipo de fiscalización por su pobre manejo de las regalías en el pasado. Por ejemplo, la generación de un indicador benchmark de NBI satisfechas por cada peso de regalía invertido sería una fórmula. Aquellas regiones que no cumplan con esos benchmark, automáticamente generarían la necesidad de crear un ente independiente para fiscalizar e invertir las regalías. Este tipo de mecanismos, inclusive, podría eventualmente extenderse a las transferencias que los entes territoriales reciben, por derecho, todos los años del gobierno central.

 

El tema de la inversión de los recursos de regalías es uno que podría tener enormes efectos beneficiosos para las diferentes sociedades que reciben los mismos. Es responsabilidad de toda la sociedad colombiana, no solamente de los municipios y departamentos que reciben los recursos, velar por el buen funcionamiento de los mismos.

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