El manejo de la reserva estadística en el Icfes

Este es un dilema interesante. Por una parte, la reserva estadística es necesaria para promover que los datos suministrados por los encuestados sean fidedignos; si las personas sospechan que la información que suministran a los encuestadores podría usarse para fines comerciales, tributarios, o para investigaciones judiciales, probablemente dirán mentiras y nuestras estadísticas también.

Desconoceríamos en consecuencia el comportamiento de los precios, la dinámica exportadora o la cobertura educativa, por poner tres ejemplos. Así sería imposible planificar e invertir. La Ley y el Consejo de Estado han sido muy celosos con el tema, haciendo que sólo sean públicos los “resúmenes numéricos” de las encuestas, conservando en confidencialidad los datos individuales con los cuales se nutren las estadísticas.

Pero la historia contraria también es verdadera: el uso abierto de las bases de datos con las que hacemos las estadísticas es igualmente necesaria. Los investigadores las requieren para el estudio de numerosos problemas nacionales, y sus hallazgos podrían mejorar las políticas públicas. El mercado de la consultoría las requiere para evitar monopolios. Otra razón es la necesidad de replicar los estudios: distintos investigadores, usando los mismos datos, pueden llegar a resultados diferentes, detectando errores, como se ha visto cuando se permite la replicación; pueden también converger en los hallazgos, dándole mayor credibilidad a sus conclusiones.

El Icfes encontró un punto medio en el dilema. Creó un programa de fomento del uso de sus bases de datos sobre evaluación educativa para investigar sobre la calidad de la educación, donde un comité de académicos independientes otorga donaciones de investigación a las mejores propuestas, luego de un proceso competitivo. Este modelo podría llamarse el manejo moderno de la reserva estadística: la reserva sigue operando, pero el mecanismo para lograrla ya no son los “resúmenes numéricos” de la Ley de Censos, sino el reemplazo de nombres y documentos de identificación de las personas evaluadas por códigos artificiales generados por el Icfes, con los que es imposible identificar a un individuo particular, protegiendo su derecho a la intimidad. Lo que se reserva es la identidad, no los datos. Y el uso de las bases de datos para investigación se promueve como política institucional. No solo porque se han invertido cuantiosos recursos públicos en su recolección, sino porque los datos sirven para investigar sobre la política pública y sobre cómo mejorarla, en este caso sobre la educación.

Ahora que el gobierno Santos quiere reformar las instituciones de ciencia y tecnología bien podría disponer en el plan de desarrollo la modernización del dispositivo legal de reserva de la identidad de las personas, siguiendo un modelo semejante al del ICFES. Ganaríamos un bien público.