Sobre el paro de los docentes oficiales

El Gobierno tiene la responsabilidad de evitar el paro de los docentes. Nadie en este país puede estar feliz con una política pública que de alguna manera obliga a los docentes a estar luchando por alcanzar condiciones básicas de salario, bienestar y trabajo. Sin duda estas condiciones hacen parte del derecho a la educación. Sin buenos docentes, valorados por la sociedad y motivados en su trabajo no hay derecho, ni calidad.

Comprendo, aunque no comparto, a quienes muestran su malestar por las continuas protestas y los paros de los docentes oficiales. En respuesta celebro que Fecode amplié sus peticiones más allá de los temas salariales, su pliego de condiciones incluye los siguientes 7 puntos:

1. Política educativa: gratuidad, obligatoriedad de los tres grados de preescolar, recursos hasta alcanzar el 7,5% del PIB, reforma del SGP y la escuela como territorio de paz;
2. Carrera docente: concertar nuevo estatuto docente, implementar la evaluación con Carácter Diagnóstica Formativa de los docentes del Decreto 1278 de 2002, garantizar las condiciones para la Jornada única y revisar condiciones para el nombramiento de orientadores en las Instituciones Educativas;
3. Económicos: Cumplimiento de los acuerdos firmados el 7 de mayo de 2015, pago de deudas y mejoramiento salarial para los años 2020 y 2021;
4. Salud: finiquitar el proceso de la contratación de los servicios de salud para garantizar el acceso a los docentes y sus familias;
5. Prestacional: fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas de Ley a los docentes;
6. Bienestar: recursos para los juegos deportivos y los encuentros nacionales de cultura y folclor de los docentes, así como planes de vivienda y recursos para formación a nivel de maestrías y doctorados y;
7. Garantías sindicales, laborales y de participación.

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Los 7 puntos del pliego de los docentes son todos posibles de alcanzar y de cumplir, a lo mejor por espacio fiscal, no se puedan efectuar algunos de ellos en los próximos 2 años de este gobierno. Así como se establecen metas de jornada única y construcciones escolares a 2025 o a 2030, lo cual incluye recursos fiscales, o se hace plan decenal (el próximo debería ser de 2018 a 2028) se puede planear una estructura de gastos e ingresos de la nación y de las entidades territoriales de mediano plazo para resolver a través de una política de Estado la financiación a largo plazo de la educación.    

Gobierno, Congreso, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad deben comprender que con los paros y las protestas de los docentes, todos perdemos, de manera especial los más de 8 millones de niños estratos 1, 2 y 3 que están matriculados en los colegios oficiales. También la imagen de la educación oficial se afecta, en Bogotá hay evidencia que en la medida que las familias mejoran sus ingresos prefieren la educación privada a la pública, en la ciudad en los últimos 8 años la matrícula pública disminuyó en cerca de 80.000 estudiantes y la privada incrementó en 30.000 estudiantes. Además, los padres de familia se pelean por lograr cupos en los colegios en concesión o en los colegios privados contratados por la Secretaría de educación de Bogotá. 

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Me pregunto en una situación de paro, ¿cuántos padres de familia de la educación oficial si pudieran mañana matricularían a sus hijos en un colegio privado? El programa Ser Pilo Paga ha hecho evidente que los más pobres cuando tienen posibilidades de elección toman partido por las universidades privadas, así haya evidencia que los programas de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas mejoran los resultados de los estudiantes, en un estudio de 12 programas analizados entre IES públicas y privadas, en 11 de los 12 programas analizados los resultados muestran que la oferta pública contribuye a mayor calidad en los resultados de los alumnos. Igual ocurre con los colegios oficiales, la mayoría de los niños llegan con atraso y estas instituciones escolares, cuando sus estudiantes terminan la educación media, logran dejarlos muy cerca de los resultados que obtiene los estudiantes de los colegios privados,

Los ingresos de las familias imposibilitan que más del 85% de ellas puedan pagar educación privada. Tampoco podemos tener dudas, si queremos tener un mejor país, consolidar procesos de paz, desarrollo económico y disminuir la enorme inequidad se requiere más y mejor educación pública. La calidad de la educación en Colombia avanzará cuando mejore la educación de los pobres, el techo de la calidad lo determinan sus docentes. Se requiere voluntad política y definir que nuestro destino como pueblo depende en gran parte de la educación de los más de 11 millones de niños y adolescentes en edad escolar, sin discriminación para los estudiantes de los colegios oficiales con respecto a la jornada escolar, las condiciones de estudio y la calidad de sus docentes.

En el proceso de negociación con Fecode la corrupción deslegitima al gobierno y al Estado. La Contraloría, la Procuraduría y la Sociedad Colombiana de Economistas tasaron en un 4% del PIB el costo anual de dicha corrupción, un poco más de lo que invertimos en educación. Acabar la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público son retos que ayudarán a que el país cumpla con los desafíos sociales (educación, salud, primera infancia y adultos mayores) y avance en equidad.

Tal y como lo sustenta José Fernando Izasa, en Colombia hay que acabar las gabelas en impuestos o en gasto público que se otorgan a los ricos y en caso de ser necesario el país aún tiene una “baja participación de los impuestos en el PIB comparados con países de América Latina y muy inferiores a la tributación en los países de la Ocde” 

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