Opinión

  • | 2015/02/23 16:00

    Una reforma a la salud muy costosa

    Incremento progresivo en el tiempo del gasto en salud en el PIB, envejecimiento de la población, aumento en la expectativa de vida e irrupción de la tecnología en el tratamiento de los pacientes, son algunos denominadores que compartimos con otros países. Opinión de Juan Guillermo Ortiz.*

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Este coctel, peligroso y muy “alicorado” asegura, independientemente el modelo económico de prospectiva con el que se quiera calcular, una pendiente positiva y en ascenso en los próximos años de Colombia.

La pregunta que me preocupa es si ¿realmente estos ajustes al sistema tendrán la capacidad para sobreponerse a esta realidad epidemiológica? Recordemos que los sistemas de salud, en general, se financian a través de los impuestos, aportes del sistema laboral o del gasto de bolsillo de los usuarios o pacientes.

Encontramos dos indicadores que, según la Comisión Económica para América Latina – CEPAL, hacen que el país haya pasado en términos de cobertura en 2002 en un 53% a un 92% en 2011; es decir, somos la nación con mayor aseguramiento de la región y la de menor gasto de bolsillo en el continente.

Palabras más, palabras menos, el sistema se muestra como un aseguramiento universal en cobertura y sin límites claros de control del gasto. El bajo costo hace que los Colombianos aportemos mínimos valores de copago y pero que irónicamente tengamos poca solidaridad con el mismo.

Con esta nueva reforma estatutaria, sancionada el pasado lunes 16 de febrero por el Presidente Santos, estamos ante un sistema que desde el punto de vista del control del plan de beneficios, pasa de ser un sistema limitado a un sistema definido como de exclusiones; es decir, cambiamos el lenguaje a afirmar que “todo es válido, excepto lo prohibido”.

En este punto el tema se complica. ¿Cómo lograr poner de acuerdo a diferentes grupos médicos alrededor de la evidencia científica?, ¿Quién va a declarar el gold standard de un tratamiento?, ¿Cómo vamos a definir la mejor tecnología?, ¿Quiénes van a pagar los costos en avances de investigación?, ¿El gobierno determinará a un tercero que sea juez y no parte en esta discusión?, ¿De qué manera se podrá controlar los conflictos de intereses?

Se logra, en teoría, desligar el tema fiscal de la necesidad de la salud y la convierte, por fin, en un derecho. Lo cual es favorable y, por decirlo de alguna manera, ideal o ambicioso.

Ahora surge la pregunta de la sostenibilidad del sistema en el futuro. ¿Cómo se va a controlar el creciente gasto en salud?

Actualmente este le cuesta a Colombia alrededor de los siete puntos del PIB; comparado con Estados Unidos que llega casi a los 18 puntos o Venezuela que no logra llegar a los 5.

Probablemente esta reforma estatutaria tendrá un costo en los próximos años alrededor de dos puntos, dicen los analistas. Aquí está el reto para el Gobierno de lograr la apropiación de recursos y la financiación del mismo.

No olvidemos que los principales escándalos de los últimos años en el sector se dieron por cobros excesivos de tecnología médica y nuevas moléculas que por estar fuera del POS iban directo a recobro al Fosyga.

Ahora la lista es en positivo de restricciones. Esta ley planteará comités institucionales y primará la indicación médica. Lo cual nos beneficia a los médicos en esa posibilidad de generar esquemas terapéuticos sin comprometer nuestra autonomía y beneficia a los pacientes, pues aparentemente no habrá restricción para cualquier tratamiento.

Pero qué hacer con muchos tratamientos inmunológicos, oncológicos, metabólicos y de enfermedades de alto costo que a veces, sin evaluar los desenlaces de las publicaciones, se formulan sin importar el costo y sin pensar que muchas veces pueden ser moléculas o tratamientos en fases de experimentación, en lo que ni siquiera existe evidencia que soporte su adecuada utilización en pacientes.

¿Será suficiente la medicina basada en la evidencia para dar un marco de control? ¿Cómo estructurar procesos de auto regulación desde universidades, sociedades científicas y gremios?

De otra parte, desde lo jurídico esperaríamos que si ya la salud es un derecho fundamental; deben dejar de tener vigencia las 160 mil tutelas anuales que vía jueces terminan definiendo el manejo clínico de nuestros pacientes. Es decir, ya no habrá un sustrato jurídico que favorezca el uso y el abuso de las acciones de tutela.

Queda por definirse cómo la reglamentación de este marco legal establecerá el techo al gasto en salud para evitar que la filosofía de accesibilidad, oportunidad y prevalencia de derechos termine generando en un par de años en otra crisis de recursos y llevándonos a otra reforma por problemas de financiamiento por querer creer que el sistema, en lugar de finito y controlado, sea infinito y creciente.


* Director Clínica Universidad de La Sabana

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