De vuelta a la política industrial

Desde principios de la década de los 90’s Colombia inicio un proceso de apertura económica, caracterizado por la rebaja sustancial del arancel promedio cobrado a las importaciones de bienes de capital y manufacturas, y la apertura de varios sectores económicos al capital privado y extranjero, tal fue el caso de los sectores eléctrico, financiero y petrolero. El objetivo principal era dinamizar la economía del país y propiciar el desarrollo de la economía, bajo el supuesto de que la mayor apertura al comercio y a los bienes fabricados en el exterior convertiría a las empresas nacionales en organizaciones más competitivas, porque al enfrentar mayor competencia externa los empresarios incrementarían su inversión en tecnología e innovación incrementando así su productividad.

Se esperaba que con ello el país ganara competitividad beneficiando a la sociedad en general, los empresarios fortalecerían su posición frente al comercio internacional, los trabajadores devengarían mayores salarios y los consumidores se beneficiarían de productos de mejor calidad a menor precio. Ese modelo de apertura sin preparación de los sectores ni política industrial nunca ha cumplido sus promesas de mayor empleo, desarrollo de la industria, aumento de las exportaciones manufactureras e incremento de la competitividad del país.

En cambio el sector industrial se ha venido reduciendo significativamente, pasando de aportar el 22% del PIB nacional en los 90s a menos del 14% actualmente, con la consecuente caída del empleo industrial, a su vez las exportaciones de Colombia ahora se concentran en un 80% en commodities especialmente petróleo, carbón y café. Las importaciones de manufacturas y alimentos se han cuadruplicado al pasar de $1.500 millones de dólares mensuales en 2005 a $6.000 millones en julio de este año. Como consecuencia los ingresos de la Nación dependen tremendamente de la renta petrolera y el acceso a divisas está ligado al precio internacional de las materias primas y su volumen de producción.

El caso de Colombia con relación a la industria no es un caso aislado en Latinoamérica. La mayor parte de los países del continente a excepción de Brasil y poco menos Argentina, optaron por un modelo de especialización basado en sus ventajas comparativas, es así como Chile, Perú, Venezuela, Bolivia México y la misma Argentina, decidieron especializarse en lo que tenían y sabían hacer, es decir la explotación intensiva de sus recursos naturales dejando a un lado cualquier intención por desarrollar la industria local mediante la búsqueda y aplicación del desarrollo tecnológico y la innovación. Esa vocación de especialización hacia la producción de bienes primarios fue impulsada durante el acuerdo en Washington por la banca Multilateral encabezada por el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial BM y sus agencias regionales.

Ahora, llama la atención que después de más de treinta años de abogar por la especialización basada en las ventajas comparativas, el Banco Interamericano de Desarrollo BID – que es la agencia regional del BM – se devuelve sobre las palabras de sus mayores – el FMI y el BM – para recomendar a los países que deben adoptar políticas industriales como una herramienta para propiciar el desarrollo económico y cerrar la brecha existente entre las economías avanzadas y emergentes. Esto es evidente con la publicación de su último informe, publicado iniciando octubre, titulado: ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica.

El informe se refiere a las políticas industriales, como políticas de desarrollo productivo PDP, definiéndolas como un conjunto de recomendaciones para la evaluación, diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a mejorar el desarrollo productivo en los países de Latinoamérica. En él se plantea la necesidad de que los Gobiernos actúen generando políticas de desarrollo productivo que trabajen en seis ejes fundamentales, la innovación, mejora sustancial de la educación, emprendimiento, la creación y fortalecimiento de clúster industriales o de servicios, y la internacionalización. El informe hace un énfasis especial en la necesidad de desarrollar una coordinación adecuada entre el sector privado y público, así como la creación de una institucionalidad efectiva en la implementación de las políticas que sean formuladas.

Mientras el BID gira hacia la política industrial, en Colombia esos planteamientos parecen no tener relevancia para el Gobierno ni para el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, así quedo manifestado el pasado 4 de octubre, cuando ni funcionarios del Ministerio o representante del Gobierno o la Unidad Nacional asistieron al foro: Los TLC, la industria y el empleo nacionales, aun cuando fue realizado en el Congreso de la República y tener el carácter de audiencia pública, además de ser promovido por un grupo de empresarios colombianos, agremiados en el Grupo Proindustria, Acolfa, Acopi, Asinfar, y las centrales sindicales CUT, CGT y CTC.

Aunque en la asamblea de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes Acolfa, realizada en septiembre pasado, la Ministra Cecilia Álvarez se comprometió a trabajar por el sector, ningún funcionario de su cartera participó del foro para escuchar las principales advertencias frente a los efectos que traerá para la industria autopartista nacional la firma del TLC que el Gobierno pretende iniciar con Corea del Sur. Por ejemplo mientras en Colombia la marca china Foton en asocio con Corbeta de Colombia invertirán $12,5 millones de dólares en una planta para el ensamble de 100 vehículos mensuales, en México, la Sur Coreana Kia construirá una planta de ensamble con capacidad para 300.000 vehículos anuales con una inversión estimada de $2.500 millones de dólares. Vale recordar que con México ya existe cero arancel para los vehículos y la marca Kia es la tercera en ventas en Colombia, atrás de Chevrolet y Renault.

El Gobierno de adoptar políticas industriales, que busquen el desarrollo del aparato productivo en conjunto y en esa línea se incremente la competitividad, o apoyar sectores específicos de la economía con el fin de crear clúster de competitividad, esto último de acuerdo con los planteamientos BID no es lo ideal porque elige sectores ganadores en detrimento de otros y puede darse el caso de que la política pública quede atrapada entorno a intereses particulares o en sectores ineficientes de baja productividad.


* Coordinador Unidad de Análisis del Mercado Financiero UAMF.
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.
dcdiazu@unal.edu.co