Opinión

  • | 2016/05/09 00:30

    ¿Panamá reporta?

    Existen diferencias en el entendimiento de Panamá y Colombia sobre el proclamado acuerdo para intercambio de información.

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La semana anterior los medios locales dieron cuenta en primera plana de la celebración de un acuerdo de intercambio de información para fines tributarios entre Panamá y Colombia que parecería poner fin a negociaciones adelantadas por más de 18 meses. La amplia difusión anotaba el compromiso de Panamá de suministrar información a pedido de Colombia en casos particulares a partir de junio de 2016 y un futuro acuerdo para suministro automático de información a partir del 2018.

La fuente, sin embargo, era el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda, que si bien citaba alguna declaración aislada de un Ministro panameño, aparentemente no provenía de una declaración conjunta o un documento ya acordado por las partes, dejando así como fuente una sola parte del acuerdo.

Las posteriores declaraciones del señor Ministro de Hacienda de Colombia reforzaron su entendimiento del marco del mismo, que se aprovechó como una coincidente invitación a normalizar activos omitidos ubicados en Panamá. En efecto, en la declaración del impuesto a la riqueza del 2016 que vence en este mes, los omisos pueden declarar tales activos y con el pago del impuesto de normalización tributaria del 11,5% sobre el valor de tales activos, liberarse de los efectos cambiarios y fiscales de dicha omisión en el pasado, que pueden llegar a ser de hasta el 200% del valor de tales activos.

Dichas declaraciones, sin embargo, sorprendieron en Panamá en la medida que ese país ha reconocido de tiempo atrás su compromiso en el recaudo y suministro de información a pedido de Colombia en sonadas investigaciones penales. De otro lado, bajo el entendido al menos de las firmas de abogados de Panamá con injerencia en el proceso de negociación, cualquier información sería suministrada exclusivamente en cumplimiento de dos condiciones: que se demuestre la existencia de procedimientos de fiscalización en curso contra contribuyentes específicos y el agotamiento infructuoso de todos los medios y recursos internos para obtener la información en Colombia.

Es decir, en Panamá se entiende que no se trata de cualquier pedido de información ni tampoco de pescas milagrosas en las que aleatoriamente se ubiquen bienes de colombianos en ese país.

Sorprendió también que nuestro Ministerio de Hacienda hubiera comprometido a Panamá en los medios de Colombia a suministrar información automáticamente, cuando no existe entendido aún sobre el alcance de dicha obligación.

Es importante aclarar que Panamá no cuenta con medios legales para exigir a los diferentes actores económicos el suministro de información de manera general y periódica a la autoridad fiscal, mientras que en Colombia sí existe dicha obligación y la Dian cuenta con información financiera, de inmuebles, inversiones, actos notariales, entre otras que puede exigir por autorización legal. Así, Colombia tiene qué compartir automáticamente pero no Panamá.

En efecto, para que pudiera suministrar información automáticamente debería primero modificar su sistema legal para verificar quiénes son titulares de cuentas o sociedades en esa jurisdicción. Dichas reformas, no obstante, implicarían que Panamá modificara la percepción que de ella tienen sus inversionistas del exterior y abriría la puerta para que cualquier otra jurisdicción y no solo Colombia pidiera información equivalente, con efectos impredecibles para su economía.

El fondo del asunto es si Panamá está realmente orientada a asumir dichas modificaciones a pesar de la fuerte oposición interna que tendría de su sistema financiero, de la industria de la construcción y de servicios legales, todas con importante influencia política.

Las palabras de nuestro Ministro resultaron oportunas, sin duda, para crear el suficiente temor entre los evasores y aun si el acuerdo con Panamá no tuviera el alcance que el ministerio ha anunciado, sirvió para que muchos estén ahora considerando alternativas para legalizar sus activos y aprovechar la normalización tributaria.

Pareciera entonces que el suministro de información no es como lo sueña nuestro ministro ni como trasnocha a los evasores y seguirá siendo un mito urbano que obligue a muchos a tomar medidas para dormir tranquilos. Acuerdo que solo tendrá entidad real cuando se firme y sepamos si Panamá realmente quiere ajustarse a las reglas sugeridas por la Ocde para colaborar con las autoridades tributarias de terceros países, aun a pesar de su éxito económico.

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