El acuerdo alcanzado por las dos partes es el mejor logro del actual Gobierno que empeñó todo su capital político para alcanzar la paz que tanto necesita nuestro país. Además, le llega en muy buena hora a la economía y sus perspectivas porque resuelve fallas que el Estado no puede solucionar por sí solo, como el ambiente de seguridad, acceder a zonas vedadas y tener mayor flexibilidad en el presupuesto de seguridad y defensa.

La firma de los acuerdos de paz beneficia a todo el país por igual porque toda la sociedad podrá disfrutar de un mejor ambiente social y económico. Los empresarios serán de los más beneficiados puesto que los costos asociados a la seguridad y sus implicaciones suelen ser variables muy sensibles para la ejecución de inversiones, especialmente en sectores como la energía, los hidrocarburos, y la minería. Con esa variable controlada, el análisis y ejecución de inversiones se podrá lograr más fácilmente y seguramente muchos proyectos antes inviables por su ubicación en zonas de conflicto alcanzarán tasas adecuadas de rentabilidad y los que ya operan las mejorarán.

Los ciudadanos también nos beneficiaremos porque vivir en un país en paz es sin duda un activo que no tiene precio. El dinamismo que deberá ganar la economía permite prever más oportunidades de empleo y mejoras significativas de la calidad de vida en especial en las áreas rurales que es donde se vive el conflicto con mayor intensidad, para los pequeños agricultores es la oportunidad de aumentar su productividad en las áreas antes inaccesibles y poder explotar sus parcelas sin temor de ser desplazados o pagar extorsiones.

Pero el más beneficiado será el Estado como un todo. Es más fácil administrar un país en paz que uno en conflicto, y poco a poco podrá ir flexibilizando el abultado gasto en seguridad y defensa y asignarlo en sectores con más retorno como la educación, la salud, la infraestructura, e investigación en innovación. El presupuesto de seguridad y defensa ha tenido un promedio de $25 billones en los últimos años, lo que representa 3% del PIB o dos reformas tributarias.

Así mismo la actividad económica debe repuntar. Cálculos del propio Gobierno estiman que bajo un escenario sin conflicto el PIB potencial de Colombia debe pasar de 4% a incrementarse entre 1% y 2% más, eso significa nuevos empleos, mayor recaudación de impuestos, y ganancias en competitividad derivadas de un mejor ambiente para hacer negocios donde la variable seguridad ya no está en rojo como un riesgo fuera de control.

Las primeras etapas del posconflicto refrescarán la economía que ha venido desacelerándose, el Estado tendrá que llegar con inversión pública a las áreas más golpeadas con el conflicto dotándolas de bienes y servicios públicos lo que debe impulsar la demanda agregada. En ese punto serán clave las asociaciones público privadas APP para materializar objetivos de inversión en el desarrollo de vías terciarias, infraestructura de saneamiento y agua potable, energía y obras civiles institucionales como colegios, hospitales y centros comunitarios.

El Gobierno tendrá que aplicar ahora “creatividad inteligente” para asegurarse que tendrá los recursos suficientes para dar arranque a los compromisos de inversión del posconflicto puesto que, de cómo arranque dependerá su futuro, entonces en un momento determinado deberá pensar en qué hacer con la regla fiscal en momentos donde necesitará gastar más, o sí cree que los recursos de la próxima tributaria le alcanzarán o se decantará de nuevo por más austeridad inteligente. Es de esperarse que la salida estará por el lado de poner fin a la regla fiscal dado que las inversiones del posconflicto no se podrán aplazar y el camino de la austeridad económica tiene sus límites, y otra tributaria o la creación de un impuesto “temporal” en 2017 o 2018 serían una quimera.

Terminan así los diálogos de Paz de La Habana con la notica más importante para Colombia en más de 100 años, con necesidades de inversión en una economía desacelerada, pero con grandes oportunidades de crecimiento que pondrán a prueba si el Estado será gobernado por la paz y sus necesidades económicas o por las reglas del mercado y las calificaciones de riesgo que poco ponderan activos intangibles como la paz y el mejoramiento de la sociedad.