El flamante proceso de paz tiene, al menos, tres aristas diferentes. La primera es la más ligera: su dimensión mediática. No hay duda de que el presidente Santos le arrebató al presidente Uribe el liderazgo del debate y los primeros indicios sugieren que su popularidad relativa au
mentó. La interpretación benigna es que esta ganancia es consecuencia de un liderazgo independiente al que el país, finalmente, despierta. Al fin y al cabo, el presidente Santos nos anunció
desde el día cero: que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”. La otra posibilidad es todo lo contrario: poco tiene que ver el largo plazo y mucho la búsqueda de un efecto fuerte e inmediato en la opinión. Al fin y al cabo, también el día cero, Santos nos dijo que la puerta de marras estaba abierta sobre la base, bastante uribista, de “premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación”.
La segunda arista es coyuntural: los efectos del proceso sobre el ciclo económico que atraviesa el país. En un contexto internacional complejo y una economía que se debilita sin remedio, cualquier negociación de un amplio espectro de la política pública exacerba incertidumbres. Sobre la mesa se decidió poner la política de tierras, y cualquier acuerdo en este frente repercute, por razones de equilibrio general, sobre el conjunto de la economía y lo hace de manera impredecible. Sobre la mesa también queda el Título IV de la Constitución, que especifica las reglas del juego atinentes a la participación democrática y otros componentes fundamentales de nuestra institucionalidad.
La incertidumbre surge porque en el caso del Estado, negociar implica poner en remojo diversas normas constitucionales, leyes de la República y disposiciones administrativas.
Resultaría irresponsable, para poner un solo ejemplo, haber firmado un documento diciendo que hay voluntad de negociar con las Farc la política agraria, y al mismo tiempo decirles a los inversionistas que el país les sigue dando la bienvenida. O asegurarle al sector minero energético, que goza de particular antipatía entre la flamante contraparte, que su flujo de caja después de firmado el Pacto será idéntico al que estaban estimando antes. O se le mamó gallo a las Farc porque el modelo económico no es negociable por fuera de las vías institucionales, o se nos viene encima un viraje de algún calado en materia de los derechos de propiedad, el tiempo lo dirá. Desde el punto de vista de su impacto sobre el clima de los negocios y la confianza inversionista a corto plazo, la incertidumbre que abre el proceso es 100% adverso, llega en el peor momento económico posible y es independiente de sus efectos de largo plazo.
La tercera arista es más profunda: los efectos estructurales asociados al resultado final de la negociación. Hay tres equilibrios posibles, me parece. Primero, un equilibrio exitoso, que asegura tanto la paz de Colombia como su progreso social en el futuro. En este mundo ideal, el costo de corto plazo asociado a las incertidumbres de la transición desvanece en importancia de cara a los beneficios de largo plazo. Dos, un equilibrio Bolivariano que logra desarmar a la contraparte, pero a costa de revertir buena parte de la tendencia favorable en materia de progreso económico y social que gozamos en la actualidad. Tres, un equilibrio de buche y pluma, que, tras un par de años de incertidumbre, termina en una voltereta de 360 grados.
En la fase inicial del debate sobre el flamante proceso de paz ha predominado el deseo sobre la perspectiva y la ilusión sobre el análisis. Esta reacción deberá ceder paso algún día a un debate racional que nos ponga los pies sobre la tierra. Propongo, para el debate, tres planteamientos. Primero, el nuevo equilibrio terminará siendo un buche y pluma –derechos de propiedad inmodificados para efectos prácticos, una o dos nuevas circunscripciones especiales “para la paz” y una “disidencia” armada, Farc-2, por decir algo–. Las primas de riesgo, inmodificadas hasta ahora, confirman que esta es, por fortuna, la visión unánime entre los operadores en esta fase inicial. Segundo, los costos económicos, políticos y sociales de la transición hacia allá sobrepasan ampliamente el valor presente neto de los beneficios totales de la aventura. Tercero, en consecuencia, el reclamo que debemos hacer los ciudadanos día tras día, el único reclamo que nos queda, es que esto se haga rapidito.