| 4/11/2012 6:00:00 PM

Las realidades no se cambian con discursos

Existe la tendencia a creer que con discursos y habilidades retóricas se sustituyen los posibles análisis que nos acercarían a una solución.

Se habla de ‘descomplejizar’ el tema de la paz. En realidad, este problema se repite en casi todos los casos que tenemos como críticos: es la tendencia a creer que con discursos y habilidades retóricas se sustituyen los posibles análisis que nos acercarían a una solución.

Eso sucede con el conflicto armado. En la medida en que el actual gobierno por fin reconoció que este existe, la disyuntiva es simple: o la guerrilla es un grupo de terroristas, caso en el cual son meros delincuentes, enemigos no solo de Colombia sino de la humanidad, y por lo tanto no hay lugar a negociar una ‘paz’ sino a perseguirlos hasta que se sometan a la ley; o son un grupo insurgente confrontado política y militarmente con el Estado y buscando unas reformas, caso en el cual, como en toda confrontación, el reconocimiento de que existen partes enfrentadas obliga no solo a buscar la paz sino a hacerlo a través del diálogo.

También sucede con el tema de la movilidad. Sea el caso de Bogotá, el caso de las carreteras, o el de prácticamente todas las ciudades de Colombia, el haber aumentado el número de vehículos exponencialmente sin aumentar las vías produce las congestiones que vivimos y, mientras siga este proceso, solo se puede llegar al colapso total. Discursos ofreciendo la construcción de dobles calzadas o de ‘Metros’ no son políticas que vayan a la raíz del problema (aunque por supuesto agravó la situación no haberlos hecho durante ocho años por engolosinarnos con la retórica de Transmilenios y Planes 2.500).

Lo mismo se puede decir de la forma en que tratamos ‘la pobreza’. Un país puede ser pobre y probablemente eso llevaría a que incluso su población lo sea. Pero lo grave en Colombia –mucho más que la pobreza, la cual es relativa en términos del ingreso promedio per cápita– es la desigualdad; es la diferencia entre los pobres y los ricos; y no en los extremos porque haya pocos de los unos y de los otros, sino porque una escasa minoría posee tanto como la gran masa de los ciudadanos. Personalmente, considero que es el peor mal que sufre nuestro país. No es poca cosa ser uno de los tres países con mayor desigualdad del planeta.

Pero como la apreciación general es que la causa principal de nuestros males es la distribución y la explotación de la tierra, valen la pena algunos comentarios.

El punto de partida es que en términos de rentabilidad la inversión en el sector agropecuario no es comparable a la del resto de la economía. No es para ganar mercados externos y competir globalmente que los países desarrollados, ya sea Estados Unidos, Europa o Japón, subsidian su sector rural, y que tanto se destaca que una vaca holandesa o francesa recibe del Estado un apoyo mayor que lo que gana un ciudadano de un país subdesarrollado. Si no existieran esas políticas, la actividad del campo en esos países desaparecería, pues la tendencia natural del dinero es irse para donde más renta, y el comercio, la industria o los servicios generan muchas más utilidades que cualquier actividad rural.

Se habla de que la actividad ganadera rinde la cuarta parte de lo que se logra con cultivos estacionales; que cultivos de largo plazo y alta inversión pueden doblar ese resultado; que la agricultura desarrollada y complementada para la industria llega a compensar el costo de oportunidad del dinero. Porque de las inversiones complementarias es que depende cuánto se le saca a la explotación de la tierra. Los distritos de riego, la maquinaria, las economías de escala, los desarrollos tecnológicos en general –o sea la inversión de capital– son los que determinan tanto costos como producción. Por eso, darle tierra al campesino es ponerlo en condición de operar a pérdida, puesto que su producto siempre será más costoso que el valor del mismo ofrecido en el mercado por una empresa tecnificada.

La sabiduría popular dice que ‘el dueño de tierras vive pobre y muere rico’. Y es que el valor de la tierra sube en la medida en que esta es escasa y no de que es productiva; esos requerimientos hacen que la tendencia sea a concentrar la propiedad para volverla rentable; por eso, el que vende es el campesino y el que compra el terrateniente, u hoy, la empresa agroindustrial.

En resumen, la estructura de la propiedad del campo depende de las políticas de subsidios que el Estado esté decidido a organizar.

Por eso, aún más que por la oposición armada y no armada que montan quienes se oponen a la Ley de Restitución de Tierras es que esta está destinada a fracasar. Mientras no se establezca cómo y hasta dónde se otorgarán subsidios al campo, existirán los mismos conflictos de tierras. Subsidios menores según el tamaño y la tecnificación para las empresas, y mucho mayores si se quiere mantener una economía de subsistencia campesina; pero sin subsidios no cumple el sector rural las funciones de autonomía alimentaria y ocupación del territorio, sino que es fuente de inestabilidad y protesta social.

La renuncia del Dr. Ospina al Incoder es un distanciamiento con la retórica populista del Ministro. Al primero le tocaba manejar la realidad de que solo se habían tramitado 16.000 hectáreas de las 4’000.000 que se estima fueron casos de despojo y solo se habían presentado 8.000 solicitudes de las de cerca de 400.000 víctimas del desplazamiento, mientras Juan Camilo Restrepo hablaba de 800.000 hectáreas entregadas –porque incluía titulaciones de baldíos y adjudicaciones de resguardos colectivos– y programas de 125.000 restituciones en lo que resta del año.

Ahora que va a entrar al Congreso la Ley de Desarrollo Rural es de desear que lo propuesto no sea alrededor de las cifras, los discursos y las presentaciones que se han trabajado en épocas anteriores, ni que la retórica se imponga sobre el análisis. La reforma estructural que requiere el campo colombiano implica una concepción diferente de la hasta ahora llamada ‘reforma agraria’ y, por el momento, lo que se ha visto no es una nueva orientación. Pensar que el tema es distribución de tierras sin asegurar la capacidad de explotarlas es mantener la situación conflictiva. Negar la realidad o cambiarla por argumentos para conseguir audiencia es lo peor que puede pasar respecto a esa problemática.

Adenda. Imposible no opinar y protestar por la decisión presidencial de no respaldar la candidatura de José Antonio Ocampo a la dirección del Banco Mundial. Es contraproducente porque es distanciarse de nuestros pares del mundo en desarrollo que lo escogieron para proponerlo como alternativa al monopolio que sobre ese cargo ejercen Europa y Estados Unidos; es lamentable porque es renunciar a la posibilidad de un cambio en el modelo neoliberal que con resultados catastróficos en todo sentido ha impuesto al mundo esa entidad; pero, además, es vergonzosa la falsa argumentación de que era una forma de tener mayores posibilidades con la candidatura de Argelino Garzón a la OIT: primero, porque es normal tener candidaturas a varios puestos y una no obstaculiza la otra; y, segundo, porque las posibilidades de este último son menores, tanto por la persona misma como porque la presentación de un país siempre tiene menos peso que la de un consenso de países.

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