Lo fundamental de la política educativa

La semana pasada se realizó en Cartagena un importante encuentro promovido por UNESCO y UNICEF, al cual acudieron comunicadores, empresarios, funcionarios de los ministerios de educación y representantes de movimientos sociales que trabajan en el campo educativo en todos los países de América Latina. El objetivo fue analizar la forma como aparece el tema en los medios de comunicación y las estrategias que permitirían la comprensión de la educación como un bien público y estratégico para el desarrollo de la sociedad.



Nada más oportuno en este momento que vive el país. Con frecuencia se menciona que una gran parte del éxito de los países del sudeste asiático descansa en la prioridad que le dieron a la educación por un largo período de tiempo. Tampoco es gratuito que en la última década Estados Unidos y Francia hayan concentrado su atención en la educación como "asunto de seguridad nacional".



La educación tiene un sentido que no se limita a incorporar a niños y jóvenes en instituciones educativas. Desde luego el acceso universal es un prerrequisito del desarrollo, pero con sólo eso no se resuelve la exigencia de la sociedad. El problema es de carácter político, entendiendo el término en su más amplio sentido. Es decir, que se trata de un asunto fundamental de interés público. No es correcto pensar que un conglomerado de colegios y universidades, capaces de albergar a toda la población en edad escolar, sea suficiente para definir grandes cambios en la sociedad. Por eso no es verdad que en Colombia se esté haciendo una revolución educativa. Los grandes cambios provienen de la voluntad política de las naciones y la educación es una herramienta imprescindible para llevarlos adelante, pero ella, por sí sola no puede lograrlos.



Está fresca la asamblea de la ONU, donde se han discutido las metas del milenio. La pobreza es el problema central. América Latina tiene la peor distribución del ingreso de todo el planeta y Colombia todavía tiene más del 50% de su población bajo la línea de pobreza. Nuestro aparato educativo responde a este modelo de inequidad: educa a los ricos en un lado y a los pobres en otro (debidamente estratificados), con estándares de calidad completamente diversos, que se reflejan en una dispersión de costos educativos que va de los $830.000 pesos por año en la educación estatal a los $900.000 pesos mensuales en los colegios más prestigiosos. ¿De este modo será posible superar la desigualdad? No es creíble que se logren los mismos niveles de calidad con diferencias de costo tan abismales. Otro tanto es aplicable a la educación superior, donde las universidades más prestigiosas invierten sumas superiores a los ocho millones de pesos anuales por estudiante, mientras otras no superan los tres millones.



Pero no es sólo un problema de costos. También es un asunto de capital cultural. Los ricos sólo se juntan con los ricos a lo largo de su proceso educativo, mientras los pobres no tienen acceso al intercambio enriquecedor con quienes han tenido mejores oportunidades de acceso a la cultura. Esto genera una sociedad escindida en la cual se cultivan más fácilmente odios y resentimientos. Estamos en un país donde las diferencias de clase son tan profundas que casi parecemos de especies biológicas distintas. ¿Puede así consolidarse la democracia? ¿La inmensa distancia social entre trabajadores y directivos de empresas no afectará de manera grave la productividad? ¿La existencia de islas sociales tan marcadas no será un factor de seria incidencia en las precarias relaciones de confianza entre diversos sectores?



No es casual que todos los países de mayor nivel de desarrollo y con más altos índices de competitividad hayan tenido siempre un sistema de educación pública para todos, donde han ido los niños, niñas y jóvenes de todas las clases y orígenes sociales. El capital cultural acumulado beneficia a unos y otros y, adicionalmente, permite la creación de vínculos personales y de confianza que dan origen a clases medias extensas y, por tanto, a una mejor distribución del ingreso. Estos son los temas estratégicos, de los cuales depende el desarrollo económico, la innovación, el desarrollo científico y, en últimas la democracia.



La eficiencia, los modelos organizativos, los currículos y las evaluaciones son instrumentos valiosos, pero no constituyen la esencia política de la educación. Por eso la discusión pública debe reorientarse a lo fundamental y esto es lo que la ciudadanía debe exigir a los partidos políticos.