La Corte define futuro de habeas data

En manos de la Corte Constitucional quedó el futuro del proyecto de ley de Habeas Data con el cual se busca, en esencia, que aquellos deudores morosos que se pongan al día con sus obligaciones financieras atrasadas no permanezcan reportados en las centrales de datos.

Cabe recordar que este proyecto ya había sido devuelto al Congreso por el máximo tribunal constitucional para que se corrigiera unos vicios de procedimiento que se presentaron durante los debates.

De acuerdo con la explicación del representante a la Cámara, David Luna, con la entrada en vigencia de la presente ley, los ciudadanos tendrán seis meses para ponerse al día con las obligaciones en mora y de esta manera ser sacados de las centrales de datos en un periodo máximo de un año.

En la actualidad, según cálculos de los ponentes del proyecto, hay unas 3 millones de personas se han puesto al día en sus deudas, pero llevan cuatro años esperando a que les actualicen los datos, lo que les impide solicitar un crédito.

En el texto de la iniciativa, se establece que si una entidad reporta un dato incorrecto o tiene las bases de datos desactualizadas podrá ser sancionada con multas que pueden ascender a los 600 millones de pesos.

Así mismo, se determinó que si una persona tiene un reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, los bancos de datos sólo podrán darla a conocer previa comunicación al titular de la información, con el fin de que éste pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación.

Con el proyecto, conocido como el derecho de Habeas Data, se regulará el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

“Aquí deben ser equitativas las responsabilidades, de una parte el deudor debe ponerse al día en un período máximo de seis meses. Pero si una entidad reporta un dato incorrecto o tiene las bases de datos desactualizadas también debe ser sancionada”, explicó Luna.

El proyecto aprobado también contempla que toda consulta de la información financiera, crediticia, comercial y de servicios por parte del titular será gratuita por lo menos una vez al año, o cada vez que al titular de la información, se le haya negado una solicitud de crédito, y que el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad.