El informe de un contador, la pieza clave de la supuesta relación entre el humorista Carroloco y el Clan del Golfo

SEMANA sigue revelando piezas inéditas en la extensa investigación que llevó a que, recientemente, las autoridades ordenaran el embargo de siete bienes inmuebles avaluados en 12 mil millones de pesos que estaban a nombre del humorista Juan Guillermo Noreña Zapata, más conocido como Carroloco.

La piedra angular de este operativo fue la identificación y ubicación de los bienes que hacen parte de la estructura Carlos Vásquez, de la banda criminal del Clan del Golfo, que delinque, principalmente, en el departamento de Antioquia. Alias Rodrigo, quien enfrenta procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tendría vínculos directos y se habría prestado para mover grandes sumas de dinero, producto de actividades plenamente ilegales.

Sin embargo, cuando se presentó su captura en el año 2019, la estructura buscó a otras personas para continuar realizando el lavado de activos, para lo que se contactaron –según señalaron fuentes cercanas a la investigación– a personas de “la farándula y el entretenimiento”, para la “compra y venta de inmuebles” como apartamentos, depósitos, locales comerciales e, incluso, vehículos de alta gama.

La primera pieza que logró ubicar al humorista en esta red fue una interceptación telefónica que permitió establecer su cercanía con alias Rodrigo. Igualmente, SEMANA pudo conocer que una de las líneas de investigación tuvo como eje central un “informe técnico” en el que se destaca la versión de un contador de profesión que analizó los ingresos del humorista.

Para esto, tuvo en cuenta los informes bancarios, evaluación de declaraciones de renta e información crediticia. Con todo esto, se realizó un perfil contable que llevó a la conclusión de que no existía una justificación entre los bienes que aparecían a su nombre y los movimientos de sus cuentas. “No pudo justificar sus bienes”, señaló la fuente.

Rosemberth Sánchez Ahumada permanece en libertad. Si bien fue detenido el 11 de diciembre de 2019 por servidores de la Dijín, salió de la cárcel por vencimiento de términos, pero está respondiendo por cada uno de los señalamientos.

Los bienes incautados

En la lista de afectaciones aparece una finca de 30 mil metros cuadrados localizada en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Según el expediente, solo este predio está avaluado en más de 10 mil millones de pesos.

El ente acusador también ordenó la medida en un apartamento de Bogotá que cuesta 300 millones de pesos y otro de 1.500 millones de pesos, más un parqueadero de 20 millones de pesos y un depósito inferior a los tres metros cuadrados por 7 millones de pesos.

Los bienes ocupados en esta redada fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Todos los elementos sumarían cerca de 28 mil millones de pesos. Allí se encuentran once lotes, seis apartamentos, cinco parcelas, cuatro casas, tres locales, dos fincas, dos vehículos, dos parqueaderos, un establecimiento comercial, una sociedad, una oficina y un depósito.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, tras revelar estos resultados, la Dijín aseguró: “En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno nacional, la Policía Nacional continuará con el desarrollo de este tipo de operaciones, afectando contundentemente las redes financieras y las rentas ilícitas de organizaciones multicrimen en el país”.