Defensoría presenta informe de seguimiento al acuerdo de paz:“le asignaron recursos, pero no hay mayores avances”

En la presentación del ‘V Informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por los escasos avances en la consolidación de la paz en Colombia a pesar de los recursos asignados.

“A la paz le asignaron recursos importantes para garantizarle su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando”, dijo el defensor del Pueblo.

Camargo Assis señaló que la “paz total y duradera” se ve obstaculizada por la dependencia de acuerdos con grupos armados ilegales, lo que “ralentiza el cumplimiento del acuerdo final”. Destacó que sin reforma rural integral, el retorno de los desplazados será una utopía y habrá retrasos en la restitución de tierras.

“Lamentablemente, está ralentizando el cumplimiento del acuerdo final porque, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”, agregó.

Reiteró de manera especial que no habrá paz y menos total si en los territorios no es garantizado el proceso de retorno. “Contribuirá en gran medida el hecho de que las víctimas de desplazamientos forzados, colectivos o individuales, y de despojos puedan volver a sus lugares de siempre con las correspondientes garantías que les debe otorgar el Estado”, enfatizó.

En cuanto al acceso y formalización de la tierra, componentes clave del acuerdo, el informe mostró falta de claridad en los avances. La Defensoría mencionó una cifra superior a los dos millones de hectáreas asignadas al Fondo de Tierras, pero las adjudicadas fueron la mitad, principalmente por nuevas adjudicaciones.

“Hoy, no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere”, expresó el defensor del Pueblo.

En materia de restitución de tierras, el informe señaló un serio atraso, con metas que no alcanzaban el 50% de ejecución hasta diciembre de 2023. Se destacó la implementación de un plan de choque para avanzar en la reparación a las víctimas.

“La política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico. Las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50% de su ejecución, razón por la cual desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a la Unidad de Restitución de Tierras que propusiera un plan de choque, teniendo en cuenta el informe que presentamos con la Procuraduría General a la Corte Constitucional. El plan fue concretado y está arrojando avances, particularmente desde el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras. De lo que se trata es de avanzar en la reparación a las víctimas”, afirmó Camargo Assis.

A pesar de algunos avances en la implementación del acuerdo, como la Jurisdicción Agraria y la constitución de Zonas de Reserva Campesina, la Defensoría recomendó la creación de un órgano exclusivo para coordinar la implementación, dado que menos del 50% de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial ha iniciado procesos de gestión.

De otro lado, en lo concerniente al enfoque transversal de género, “las mujeres continúan enfrentando barreras en el goce pleno de sus derechos a condiciones de vida dignas, la tierra y la participación. Hay un avance precario en materia de adjudicaciones de predios provenientes del Fondo de Tierras a favor de las mujeres rurales”, aseguró el funcionario.

Para la entidad, aunque ha habido avances en otras materias, como la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, los Planes de Acción para la Transformación Regional, el Programa de Sustitución Voluntaria, la Política Nacional de Drogas, los mecanismos del sistema de justicia transicional, la firma del Pacto por la Implementación del Capítulo Étnico, entre otros, la Defensoría del Pueblo recomendó trabajar manteniendo una dependencia dedicada exclusivamente a coordinar la implementación del acuerdo.

“A siete años de la implementación del acuerdo final de paz, menos del 50% de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial ha iniciado procesos de gestión, razón por la que es fundamental la puesta en marcha de un órgano de articulación, sobre todo porque a la paz le fueron asignados recursos por 50 billones de pesos, lo que amerita garantizar su verdadera consolidación”, puntualizó el defensor.