Defensoría del Pueblo interpuso acción de tutela para que se atienda la desnutrición infantil en Vichada

La alarmante situación sobre desnutrición en el departamento del Vichada, de manera particular, en el municipio de Cumaribo, llevó a la Defensoría del Pueblo a interponer una acción de tutela para proteger los derechos de la niñez.

Según información revelada por el organismo de derechos humanos, entre enero y junio de este año fueron notificados 167 casos por desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en el departamento, lo que indica una prevalencia de la enfermedad de 1,32 por cada 100 infantes en ese rango de edad, ubicándose como la más alta en Colombia.

Adicional a esto, en el mismo periodo, se reportaron tres muertes por desnutrición y causas asociadas también en menores de 5 años, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 14,1 por cada 100.000 niños de esa edad.

“Las autoridades nacionales, departamentales y locales deben ejecutar acciones urgentes que garanticen el suministro de alimentos, complementos y medicamentos para que niñas y niños y sus familias tengan una nutrición adecuada, es la razón principal por la que acudimos a este mecanismo jurídico”, indicó Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

Una misión humanitaria de la Defensoría evidenció graves problemas de nutrición en la población infantil de algunas comunidades indígenas, en especial, de menores de cinco años del pueblo Sikuani. Cuando los funcionarios de la entidad hacían la verificación en terreno, un menor de dos años falleció por causas asociadas a desnutrición.

“También estamos solicitando, con la acción de tutela, la coordinación de acciones inmediatas para implementar y ejecutar a corto, mediano y largo plazo una política de seguridad alimentaria sostenible, eficaz y duradera, con un enfoque diferencial, étnico, que favorezca a las comunidades dispersas, entre otras medidas”, agregó Camargo Assis.

Durante la visita del equipo en el territorio, lograron evidenciar que el porcentaje de aseguramiento es bajo para los indicadores mínimos del sector salud; es decir, la población de Cumaribo no está afiliada al sistema de atención en salud. Además, se logró identificar que la IPS indígena no realiza jornadas descentralizadas que garanticen la atención en salud de los 40 resguardos ubicados en las zonas más alejadas del casco urbano, ni ejecuta jornadas de vacunación a tiempo.

De la misma manera, el organismo aseguró que el municipio no cuenta con un Centro de Recuperación Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), posee problemas de suministro de agua potable y entrega de alimentos en mal estado.

“Las dificultades de acceso y disponibilidad de alimentos, bajo peso al nacer, embarazo adolescente, la extensión territorial y la baja cobertura en el aseguramiento y acceso a los servicios de salud ha derivado, lamentablemente, en el aumento de los casos de desnutrición”, señaló Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo indicó que va a continuar vigilando que las obligaciones legales y constitucionales en materia de garantía de derechos de la niñez sean cumplidas por todos los entes competentes. “No puede haber lugar a violaciones de los derechos fundamentales de los menores de edad en nuestro país”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Defensoría alerta por crisis de salud mental en menores del Vaupés

El Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades tanto departamentales como nacionales a enfrentar la “alarmante situación de intentos de suicidio en el departamento de Vaupés”. La cifra alcanza los 68 casos en lo que va de 2023, un hecho alarmante que ha llevado a la Defensoría a tomar medidas contundentes.

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud revelan que, de esos casos, 35 corresponden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, lo que representa más del 50 % del total de intentos registrados.

Estas situaciones angustiantes han tenido lugar en diversas comunidades, incluyendo los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, así como en áreas no municipalizadas como Papunahua, Yavaraté y Pacoa.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y mayo de este año se han reportado cuatro suicidios en diferentes grupos de edad, incluido el caso de una menor de edad, en el departamento. El defensor del Pueblo subrayó que la salud mental en el Vaupés afecta principalmente a los pueblos indígenas que habitan la región.

“Solicitó a todas las instituciones nacionales, gubernamentales, municipales, autoridades indígenas y la sociedad en su conjunto implementar acciones urgentes y coordinadas. Como institución nacional de derechos humanos, consideramos imperativo abordar esta problemática con un enfoque cultural e interseccional, entendiendo que lo que contribuye a estos lamentables registros se deriva del conflicto y la violencia constante que persiste en el territorio”, pidió el defensor Camargo Assis.

El organismo también ha trabajado en estrecha colaboración con líderes indígenas y organizaciones no gubernamentales en la región. Ha identificado desafíos y vulnerabilidades particulares que enfrentan las comunidades indígenas, incluyendo la “pérdida de identidad cultural, falta de acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y laborales limitadas, así como carencias en servicios de salud, incluida la atención de salud mental”.