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Centros Poblados | Procuraduría contraataca y pide revivir las acciones para recuperar los 70 mil millones de pesos
El Ministerio Público cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que levantó las medidas de embargo al consorcio involucrado en el millonario escándalo de corrupción.
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SEMANA conoció en su totalidad el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General ante el Consejo de Estado en contra de la decisión que emitió recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por medio del cual levantó el embargo al cuestionado consorcio que se quedó con contrato de Centros Poblados.
Frente a esto, le pidió al Consejo de Estado que revoque los alcances de la decisión judicial y “en su lugar se ordene continuar con el proceso en el estado en el que se encontraba”, esto es, “desde la etapa probatoria y se fije fecha para la recepción de los testimonios que están pendientes de practicarse y la presente acción popular pueda culminar con una sentencia de fondo que resuleva las pretensiones y demás situaciones procesales que surjan dentro del proceso”.
El pasado 6 de octubre el Tribunal ordenó la terminación del proceso por considerar improcedente la acción popular que se había radicado para exigir la protección de los derechos e intereses colectivos que la Procuraduría alegaba al defender el patrimonio.
El Tribunal aseguró en su fallo que perdió las competencias para seguir adelantando la demanda en este proceso, pues ya hay varios casos similares que se encuentran en el sistema judicial.
La acción popular también comprometía a miembros de esta unión como el Consorcio PE2020 C DIGITALES, quien se encontraba en calidad de interventor de contrato, la sociedad Sescolombia SAS, que figuraba como asesora de seguros, y la Fiduciaria BBVA, como administradora del patrimonio autónomo.
Concluyen que debe ser el juez natural de la Sección Tercera del mismo Tribunal quien decida sobre los incumplimientos y perjuicios que se causaron al Ministerio, por lo que pierden la competencia para tomar una decisión sobre la acción popular.
La decisión, que inició en 2021, había mantenido retenido, hasta hace pocas horas, unos $ 85.945.938 que se encontraban en las cuentas oficiales de la Unión Temporal, que hacían parte de un depósito judicial consignado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
El monto llevaba retenido varios meses y la decisión fue tomada en su momento, luego de comprobar varias anomalías en el contrato suscrito en el MinTIC como garantías bancarias falsas, pagos de anticipos sin cumplir requisitos de ejecución, entre otros.
¿Cómo empezó el escándalo con Centros Poblados?
En junio de 2021 se empezaron a conocer las primeras irregularidades frente a un contrato que había suscrito el Ministerio de las TIC con la Unión Temporal (UT) anteriormente mencionada.
La primera señal fueron las garantías falsas que presentó Centros Poblados y con las que buscaban quedarse con el millonario contrato. Fue tanta la efectividad de dichas garantías, que la UT alcanzó a recibir un anticipo de 70.000 millones.
Posterior a estos hechos, se dio la caducidad del contrato y la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen. Además, organismos como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría iniciaron investigaciones que aún se encuentran en curso.
Es preciso recordar que el proyecto fue anunciado por la directiva de la cartera en diciembre del 2020, prometiendo conectar a 7.277 centros digitales, con un gasto de 1,7 billones, según información de Transparencia por Colombia.
El escándalo estalló cuando se empezaron a conocer los primeros incumplimientos del consorcio, que debía entregar varios centros para abril 30 de 2021. A esa fecha, no se había instalado ninguno de los más de 7.000 puntos digitales prometidos.
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