La denominada Ley de Redistribución del Gasto Social, impulsada por el mandatario, determina un incremento del bono estatal que reciben mensualmente alrededor de 1,9 millones de personas pobres en Ecuador, de los actuales US$35 a US$50 para cada beneficiario.
Para financiar dicho aumento, el texto legal plantea la obtención de recursos no solo desde el presupuesto general del Estado. Un 54% del monto requerido para el incremento del bono estatal surgiría de medidas administrativas y tributarias que impactan a la banca. Y allí entra la controversia.
“Antes se socializaban las pérdidas del sistema financiero, ahora se socializarán las ganancias”, ha dicho el presidente Correa, quien este fin de semana, durante un encuentro con emigrantes ecuatorianos en España, insistió en recordar el impacto en la población que tuvo en Ecuador la crisis bancaria de fines de los noventa.
Rafael Correa ha señalado que lo que busca su iniciativa es “traspasar los excedentes de la banca a los más pobres”, y en su habitual programa sabatino, a mediados de octubre pasado en Ecuador, llegó a advertir: “banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca”.
“Al margen de la actividad política”
Frente a ello, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador no ha tardado en mostrar su preocupación. “Solicitamos mantener a la banca privada al margen de la actividad política en la que nada tiene que ver, en beneficio de la tranquilidad y confianza de sus siete millones de clientes, quienes mantienen depósitos por más de US$20.000 millones”, dijo la Asociación en un comunicado.
En el mismo sentido, la semana pasada en un hecho inusual, varios bancos enviaron un correo electrónico a sus clientes en el que señalaron el riesgo de pretender que las entidades financieras “no se manejen con criterio técnico sino político”.
Y es que el factor político ha estado presente en la discusión del incremento del llamado Bono de Desarrollo Humano, ahora que se ha iniciado en Ecuador el proceso electoral con miras a los comicios presidenciales de febrero de 2013.
De hecho, todo empezó cuando el exbanquero Guillermo Lasso, al proclamar oficialmente su candidatura presidencial a nombre del movimiento CREO, lanzó la propuesta de incrementar el bono a US$50, señalando que financiaría aquello con la reducción del gasto estatal en propaganda gubernamental.
Acto seguido, otros candidatos también ofrecieron alzas en el bono, hasta que Rafael Correa, quien busca la reelección presidencial, anunció el envío a la Asamblea del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social.
Relación Correa-banca
La relación de Correa con la banca ecuatoriana ha tenido su propia historia. El analista Jorge León recuerda que el mandatario llegó al poder en 2006 con un discurso de regulación a las entidades financieras tras la crisis bancaria de fines de los noventa.
Durante su mandato, el presidente ha impulsado diversas regulaciones a la actividad bancaria, como aquella que prohíbe a quienes tengan más del 6% de acciones en un banco el tener participación accionaria en un negocio fuera del ámbito bancario.
Pero pese a ello, durante los últimos cinco años dentro del gobierno del oficialista Alianza País, la banca ha logrado ganancias importantes y ha aportado al Estado significativamente en impuestos. Según Correa, la banca ha ganado en dicho período más de US$1.600 millones.
Y es que hay quienes señalan que la relación Correa-banca no siempre ha sido del todo defectuosa. El mismo vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Juan Carlos Casinelli, señaló a BBC Mundo que en cuanto al tema del Bono de Desarrollo Humano, al revisarse la conformación de las utilidades de la banca “se da cuenta el presidente y los sectores técnicos del Estado que una parte de la composición de esas utilidades devienen de incentivos que se les ha dado (a las entidades bancarias) y que se piensa que deben ser reconsiderados”.
Deslegitimar
Desde un análisis político, Jorge León señaló a BBC Mundo que alrededor de la iniciativa de incrementar el Bono de Desarrollo Humano hay en el oficialismo una pretensión de deslegitimar a los banqueros, “y con ello a un contendor como Lasso”.
Para el analista, la disposición de la iniciativa legal presidencial que habla de regular incluso los salarios de los banqueros (según el mandatario, hay ejecutivos de la banca que ganan unos US$70 mil mensuales), “hace parte del juego electoral” en Ecuador.
En la tienda del exbanquero candidato Guillermo Lasso, entre tanto, no se espera que un afán de deslegitimar a los banqueros tenga decisivos efectos en el electorado.
En diálogo días atrás con BBC Mundo, el presidente de CREO, César Monge, dijo que no se puede estigmatizar a una persona por ser banquero. “No creo que la mayoría en Ecuador piense que los banqueros son corruptos solamente porque hubo banqueros corruptos”, concluyó.