| 7/1/1994 12:00:00 AM

Caldera empieza a pone las pilas

En el gobierno venezolano está sucediendo lo que tenía que suceder: atrás está quedando el populismo para dar paso a políticas impopulares parecidas a las que impuso Carlos Andrés Pérez.

Después de tres golpes en sus primeros cuatro meses en el poder -crisis fiscal, crisis financiera y crisis cambiaria- el presidente Rafael Caldera finalmente hizo lo que tenía que hacer. En menos de una semana, ordenó al Banco Central suspender el sistema de subasta diaria del dólar, con el cual se devaluó el bolívar en más de 40% en menos de un mes; pidió la renuncia de siete ministros y reestructuró el gabinete, que se hallaba dividido desde el comienzo por conflictos internos ideológicos y de personalidades, y se restablecieron las garantías económicas de la Constitución.

El ministro de Finanzas Julio Sosa Rodríguez es ahora el jefe indiscutible y el arquitecto de la política económica de la administración Caldera. Todos los que estaban en desacuerdo con él -el ministro de Planeación Enzo del Búfalo, el ministro de Reforma Económica Asdrúbal Baptista y el ministro de Fondos de Inversiones Abdón Vivas Terán- ya no están en el gobierno. Sin embargo, a Vivas Terán se le ofreció el cargo de embajador de Venezuela en Bogotá, en parte como compensación y en parte porque Caldera probablemente quiere mantener a la mano a este temperamental y tajante político profesional.

El nuevo ministro de Planeación es Luis Carlos Palacios, quien fue ministro de Desarrollo en el primer gabinete de Caldera. Aún no está claro si tiene el mandato de producir un plan o si esta tarea será encomendada al ministro de Finanzas. Los ministerios de Desarrollo y Comercio se unieron en una sola cartera bajo Alberto Poletto, quien ahora tiene la tarea de fusionar los dos ministerios en una sola entidad.

El nuevo jefe del Fondo de Inversiones de Venezuela es Carlos Alberto Bernardez Lossada, un banquero profesional quien como presidente del Banco de Venezuela libró una batalla perdida de 1990 a 1993 para evitar que de una manera hostil se apoderaran del banco el dueño del Banco Consolidado, José Alvarez Stelling, y el grupo de servicios financieros Latinoamericana de Orlando Castro.

Además de restablecer las garantías económicas de la Constitución, se anunció que los precios de la gasolina aumentarán en enero próximo (justamente cuando termina el impuesto transitorio a las transacciones bancarias de este año), que el programa de privatización será reanudado con la salida al mercado de un 20% de la CANTV dentro de dos meses, y que Petróleos de Venezuela pronto realizará su primera asociación estratégica con una empresa extranjera para buscar y producir crudos livianos y medianos en áreas no exploradas anteriormente, que se cree contienen 18 mil millones de barriles de petróleo.

El nuevo gabinete es más coherente que el primero, tiene menos diferencias ideológicas y su composición es más estrecha que antes. El núcleo del equipo económico comprende a Sosa Rodríguez, al Comisionado de la Reforma Bancaria Gustavo Roosen (que ni siquiera es ministro), a Poletto, a Bernardez, a Palacios y a Ciro Añes Fonseca de Agricultura.

Roosen es quizás la segunda persona más influyente del gobierno en cuanto a política económica, después del ministro de Finanzas. Sin embargo, aunque más orientado hacia el mercado que el primer gabinete, no puede decirse que el nuevo gabinete esté totalmente comprometido con las reformas del mercado libre. Sosa Rodríguez ya ha manifestado que el gobierno debe cuidarse de que la ideología del mercado libre no se convierta en dogma, y ha descartado cualquier

posibilidad de privatización de la PDVSA o de la Productora de Energía Hidráulica Electrificación de Caroni (Edelca), afiliada a la CVG. 1 mercado ha reaccionado con optimismo a estos cambios. El bolívar se estabilizó en aproximadamente 165 bolívares por dólar en el transcurso de una semana y la bolsa de valores de Caracas se recuperó. El mercado se animó además con la noticia de que el precio promedio de exportación de Venezuela había superado los US$14 el barril por primera vez en este año. El presidente Caldera dijo que lo peor de la crisis ya había pasado y que una vez que se domine la inflación podrá empezar la recuperación económica. El ministro de Finanzas Sosa Rodríguez anunció que la economía se contraerá entre 1-1.5% este año, que la inflación tendrá un promedio del 50% y que el bolívar se afirmará en 150 bolívares por dólar en unas pocas semanas. En 1995 la economía crecerá 2-3% y la inflación bajará a 25%, agregó.

Los observadores económicos no son tan optimistas. La situación de Venezuela sigue siendo tensa y grave según ellos. El ministro de Defensa recientemente advirtió a los líderes del Congreso que miembros no especificados de la comunidad financiera están conspirando para desestabilizar al país. El líder del golpe populista Hugo Chávez Frías -quien fue absuelto, dejado en libertad y despedido del Ejército- está recorriendo el país tratando de obtener apoyo para adueñarse del poder, ya sea en elecciones o por medios más violentos. Chávez dice abiertamente que apoyaría un golpe popular cívico-militar. Casi diariamente ocurren protestas públicas. El crimen ha aumentado tanto que el ministro del Interior ha promovido el tema de las licencias para porte de armas de civiles porque la policía no puede controlar la situación.

La inflación promediará de 70-100% este año, según los cálculos más recientes de economistas privados y la crisis financiera aún no se ha superado. Hasta mediados de mayo, la ayuda financiera del gobierno al Banco Latino y a otras ocho instituciones financieras -más otras pérdidas del banco- ascendían a más de US$9.200 millones.

Abrumado por la cantidad de ayuda dada hasta la fecha das reservas internacionales descendieron en más de US$3 mil millones como resultado, y cada vez más presionado por un público airado que no comprende por qué el gobierno les está ayudando a banqueros cuyo manejo irresponsable causó sus problemas de liquidez, el gobierno de Caldera finalmente decidió el 14 de junio intervenir ocho instituciones que no habían sido intervenidas (el Banco Latino fue intervenido el 13 de enero).

"Se ha decidido hacerse cargo de ocho instituciones", dijo el superintendente bancario Tesalio Cadenas. Declaró que los bancos serán cerrados, al menos temporalmente, y se pondrá en efecto un plan para empezar a rembolsar a los ahorradores. Esta medida dará a las autoridades, que en efecto se habían convertido en accionistas mayoritarios, completa libertad para liquidar o privatizar los bancos.

La medida indica que el gobierno considera que las instituciones no podrán cumplir con el plazo de junio 29 dado a los bancos para reemplazar las pérdidas y el capital o enfrentarse a pasar a manos estatales. Conjuntamente, el Latino y las otras ocho instituciones bancarias tienen cerca de un 30% del total de depósitos del público.

Hasta la fecha, el total de la ayuda financiera otorgada a estos bancos por el gobierno equivale al 14% del PIB y a 32.8% de las rentas fiscales obtenidas este año de las exportaciones de petróleo; es también 37% mayor que la capitalización total de todas las firmas industriales que aparecen en la Bolsa de Valores de Caracas, y representa aproximadamente un 46% del total de depósitos del sistema financiero hasta el 31 de diciembre pasado.

Las ocho instituciones bancarias son: (1) Banco Maracaibo, el más antiguo banco comercial de Venezuela, que perdió el equivalente a 7.2 veces su capital y debe reemplazar cerca de US$500 millones en pérdidas y en ayuda de Fogade; (2) Banco Construcción (grupo Di Mase), el cual debe cerca de US$500 millones y ha perdido el equivalente a 14.5 veces su capital; (3) Banco Barinas, con pérdidas

que equivalen a 12.5 veces su capital y deudas de US$106 millones; (4) Banco La Guaira (Empresas Mendoza), que debe US$234 millones y ha perdido el equivalente a 7.5 veces su capital; (5) Banco Metropolitano (grupo  rillembourgh /Confinanzas), que debe US$522 millones y ha perdido el equivalente a 17 veces su capital; (6) Bancor (Grupo Santaella), el cual debe US$67 millones y sus pérdidas equivalen a 44.38 veces su capital; (7) Banco Amazonas, cuyas pérdidas equivalen a 1.56 veces su capital y debe US$11 millones; y (8) la compañía de servicios financieros Fiveca, que ha perdido el equivalente a 4.2 veces su capital y debe US$26 millones.

El 12 de junio, apenas una semana después de la reestructuración del gabinete y un día después de que se restablecieran las garantías económicas de la Constitución, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos Strobe Talbott llegó a Caracas para una rueda de reuniones con el presidente Caldera, el gabinete ministerial y líderes empresariales. Talbott vino acompañado de Joan Spero, asistente del secretario de Estado para Asuntos Económicos; Alexander Watson, asistente del secretario de Estado para Asuntos Interamericanos; y la embajadora ante la OEA Harriet Babbit.

Esta falange de funcionarios de alto rango de los Estados Unidos trajo el siguiente mensaje: la administración Clinton está lista a trabajar con Venezuela, pero la administración Caldera debe continuar con el programa de reforma económica iniciado hace cinco años por el ex presidente Carlos Andrés Pérez. "Los Estados Unidos están dispuestos a trabajar con Venezuela en la medida en que Venezuela lleve a cabo las reformas económicas necesarias", declaró durante un almuerzo con líderes empresariales de Estados Unidos y Venezuela.

En general, no es un mal comienzo. No obstante, Caldera todavía tiene mucho camino por recorrer antes de que se recupere la confianza de los inversionistas en Venezuela. Los inversionistas aún están esperando un programa económico coherente. Hasta ahora se han lanzado tres planes por separado -el plan de reforma tributaria de Sosa, el plan de política monetaria y de reforma del sistema financiero de Roosen y el plan de reforma económica de Baptista. El gobierno tiene que presentar un solo plan práctico y una lista de objetivos, así como un cronograma para lograr dichos objetivos; y debe lanzar este plan rápidamente.

Venezuela continúa en una situación frágil. La economía está paralizada. La inflación y el desempleo han ascendido aceleradamente. Los servicios públicos esenciales no funcionan. El crimen ha aumentado severamente. Persiste el temor de disturbios sociales extendidos o de otro golpe. La opinión pública está inquieta y descontenta y cada vez más dispuesta a protestar. Los partidos políticos, divididos internamente y muy en desgracia con el pueblo venezolano, no están ofreciendo el liderazgo y la dirección que el país necesita. Las encuestas en forma consistente muestran que más de dos terceras partes de la población se oponen al "neoliberalismo" de los mercados libros y que más bien preferirían volver a los ' controles económicos y a las políticas estatistas.

De alguna manera, el presidente Caldera tiene que forjar un consenso con los partidos políticos y con el pueblo venezolano que le permita la ejecución de políticas que abran la economía venezolana y su sistema político.
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