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El mundo atraviesa una crisis económica producto de los estragos que dejó la pandemia y de conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos escenarios han generado una recesión en las grandes potencias con un coletazo que impacta de manera directa a países del llamado tercer mundo como Colombia.

Si bien el crecimiento económico del país ha sido notable en los últimos años, teniendo en cuenta el contexto global y los indicadores de otros países de la región, los expertos proyectan una ralentización para 2023.

Después de la contracción económica de casi el 7 por ciento en el 2020, en medio de la crisis sanitaria, para el 2021 hubo un repunte del 10,6. El cierre de 2022, en cambio, se calcula en el 7 por ciento, pero para 2023 la desaceleración hará que la economía crezca apenas 1.5 por ciento.

Los retos son enormes. Controlar la inflación –que ya supera el 12 por ciento- además de hacer un ajuste fiscal e impulsar el empleo, señalan los expertos, deberán ser las prioridades del Gobierno para lograr mejores indicadores en medio de un complejo panorama nacional e internacional.

En la última década Colombia ha adoptado políticas públicas, regulatorias e incentivos fiscales que buscan facilitar la transición energética y dar comienzo a una nueva era en la que las energías renovables serán fundamentales para avanzar en la lucha contra el cambio climático y acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En varias oportunidades los expertos han resaltado que el país tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo y la apuesta por la transición es irreversible. Actualmente la nación exporta el 50 por ciento del petróleo que extrae y produce su propio gas. Lo que evidencia la importancia de tener un proceso de transición gradual, por la relevancia del sector de hidrocarburos para la economía nacional.

Sin embargo, en el sector energético existe una gran preocupación e incertidumbre ante los anuncios del Gobierno de suspender la firma de nuevos contratos y solo dejar en ejecución aquellos que ya están firmados. Este escenario, advierten los expertos, podría generar un desabastecimiento en el futuro o la necesidad de importar estos recursos a precios muy elevados.

Colombia ha protagonizado una historia de violencia que parece no tener fin. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares y de la firma del acuerdo de paz con las Farc, que son los hechos más recientes; los líderes sociales siguen siendo asesinados, el fenómeno del desplazamiento no cesa y cada vez la lista de víctimas de la violencia se hace más larga.

Por eso el gobierno de Gustavo Petro propuso la Paz Total, un proyecto que se convirtió en política el pasado 4 de noviembre, a través de la cual se abre la puerta a la negociación con organizaciones como la Segunda Marquetalia y El Clan del Golfo. Además, bajo esta figura comenzaron las negociaciones con la guerrilla del ELN y los jóvenes de la Primera Línea detenidos en el marco de las protestas sociales del 2020 se convertirán en gestores de paz.

Sus alcances y reparos todavía son hoy motivo de intensas discusiones que protagonizan la agenda política nacional.

El 2023 será el año en que se discutirán las grandes reformas anunciadas por el Gobierno durante la campaña y los primeros días de mandato del presidente Gustavo Petro: las reformas pensional, rural y de la salud.

Si bien el Gobierno ha dicho que estas reformas serán necesarias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, hay grandes interrogantes sobre aspectos esenciales como el futuro de las EPS, de los ahorros pensionales y la redistribución de la propiedad de la tierra.

Hay argumentos a favor y en contra sobre el corazón de estas reformas que deberán discutirse en el Congreso de la República. Por ahora, sectores, gremios y ciudadanos están a la expectativa de que haya una mayor pedagogía para entender cómo se materializarán los cambios propuestos y las implicaciones que tienen para la economía y el bienestar de los colombianos.