¿Por qué hay atrasos en infraestructura?

Un informe de Asobancaria muestra que a pesar del esfuerzo de inversión hecho por Colombia para ampliar y mejorar su infraestructura, la deficiente calidad de ésta es uno de los principales obstáculos para profundizar la apertura del comercio exterior.

De acuerdo con el gremio, la mala calidad es particularmente crítica en las vías de comunicación, los puertos, los aeropuertos y los servicios de transporte y logística.

“Por esta razón, la producción nacional enfrenta unos sobrecostos que deterioran su competitividad en los mercados internacionales y la economía tiene un límite para aumentar su capacidad de crecimiento potencial”, señala el documento.

De esta manera, la magnitud de los recursos públicos para atender los requerimientos de ampliación y modernización de la infraestructura es insuficiente.

Sin embargo, destaca que la economía dispone de fondos adicionales administrados por el sector privado y de un acceso privilegiado al ahorro externo.

No obstante, la mala calidad de la infraestructura y el escaso interés del sector privado para participar en la financiación se derivaron en el pasado en gran medida de la debilidad de los organismos públicos del sector.

“La debilidad institucional generó, por una parte, una falta de planeación y priorización de las obras, una desarticulación de los diferentes modos de transporte y problemas en la contratación, fallas en las concesiones y corrupción”, indica el informe.

“Además, la rigidez del régimen de contratación pública impide una eficaz ejecución de los recursos y ocasiona prácticas administrativas ineficientes e irregulares, que abren espacio para la corrupción”, argumenta el gremio.

Según Asobancaria, entre ellas están las habituales extensiones y renegociaciones de los contratos de obras públicas y los de las concesiones, que generan sobrecostos para el Gobierno, despilfarro de los fondos públicos y oportunidades para prácticas de corrupción.

“Otros cuellos de botella establecidos por la normatividad vigente, que demoran la ejecución de los proyectos, son la obtención de las licencias ambientales, la consulta previa, la adquisición de los predios y la reubicación de las redes de los servicios públicos”, indica.

Agrega que la actual administración tomó medidas acertadas para fortalecer institucionalmente al sector, mediante la restructuración del Ministerio de Transporte, la creación de la ANI y la aprobación de la Ley de APP.

Aunque el gremio considera que este esquema institucional debe enmendar los errores del pasado, sin embargo, cree que se requieren esfuerzos adicionales en reformar el régimen de contratación pública.