Fedesarrollo sugiere cambios en el proyecto de impuesto al patrimonio

Fedesarrollo manifestó sus objeciones al impuesto al patrimonio como está propuesto por el gobierno en el proyecto de reforma tributaria. Al centro de estudios le parece que tiene tres problemas grandes.

El primero, que se plantea como una financiación temporal por cuatro años, para unos gastos que incluso el gobierno mismo ha considerado como permanentes en el mediano plazo.

“La expiración en 2010 del impuesto al patrimonio es una excelente oportunidad para tener un serio debate sobre las nuevas formas de financiación de las Fuerzas Militares”, sostiene Fedesarrollo. El debate debería considerar opciones tales como las de usar una parte de las regalías de petróleo y minas para pagar el gasto en defensa. Esto requeriría una reforma a la Constitución.

La opción que plantea Fedesarrollo tiene la ventaja de que no comprometería el presupuesto de salud y educación.

El segundo está en que no existe una justificación clara para mantener el umbral de
$3.000 millones como valor mínimo del patrimonio para comenzar a tributar. “Se trata de muy pocos contribuyentes financiando un gasto que beneficia a toda la sociedad”, dice. Proponen entonces aumentar la base de contribuyentes del impuesto al patrimonio. “Comprometería a la mayor parte de la sociedad, y no a unos pocos, con la provisión de un bien público que el país como un todo ha dado muestras de valorar muchísimo”, sostiene.

Considera que con más personas financiando el gasto militar, habrá una mayor presión para demandar efectividad y transparencia en el manejo de los recursos destinados a las fuerzas militares.

El tercero está en la distribución de la carga. “Consideramos inconveniente insistir en que el impuesto al patrimonio lo paguen, además de las personas naturales más pudientes, también las empresas de mayor patrimonio”, afirman.

De una parte, sostiene es una decisión que va en contravía de las demás disposiciones (incluidas las referidas a estabilidad tributaria y a la deducción por reinversión de utilidades en compra de activos fijos) con las que el gobierno busca estimular la inversión. “De otra parte, olvida que algunas de las más grandes empresas del país son las de servicios públicos domiciliarios, varias de ellas propiedad de los municipios y, en últimas, de todos los ciudadanos”, añade.

Concluye que creer que el impuesto al patrimonio lo pagan las personas de altos ingresos supuestamente dueñas de las más grandes empresas “resulta tan falaz e ingenuo como creer que el impuesto a las transacciones financieras lo pagan los dueños de los bancos y no los usuarios del sistema financiero”.