A defender las transferencias

Mucho se ha dicho sobre las transferencias territoriales. Considerable tinta ha corrido, y profusa garganta. Lo cierto es que sí es recorte y sí hay disminución de transferencias a los departamentos y municipios. Y en cifras exorbitantes y alarmantes que afectarán notoriamente la salud, la educación y la inversión en acueductos y medio ambiente. Como quien dice, la columna vertebral de nuestra sociedad. Tomemos un concepto de especialistas de una pagina cualquiera de Internet: “Como si fuera poco, la llamada ‘ley de las transferencias’ atenta contra la financiación de la educación en Colombia. Según el senador del PDA, Jorge Enrique Robledo, “de acuerdo con los cálculos de los investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, los recortes por la ley de transferencias serán de 56,4 billones de pesos entre 2008 y 2019, de los cuales 33,89 billones se los quitarán a la educación y los restantes los perderán la salud y el saneamiento básico.

Por su parte, los investigadores del Banco de la República Ignacio Lozano, Jorge Ramos y Hernán Rincón, en la revista Borradores de Economía, de abril de 2007, dicen que “es claro que con el cambio de régimen… el gobierno dejará de hacer giros anuales a las regiones que, en promedio, equivalen a 1,5% del PIB”, es decir, a unos seis billones de pesos al año. A su manera, el ministro de Hacienda también reconoció la reducción: “Volver al esquema que planteaba la Constitución de 1991 significaría para el país cerca de 45 billones de recursos adicionales hasta el 2016”, suma que él señala que si no se reduce “habría que cubrirla con nuevos impuestos” (El Tiempo, 25 de mayo de 2007). Y dicho recorte fue establecido en acuerdo suscrito entre el gobierno de Colombia y el Fondo Monetario Internacional el 23 de mayo de 2006, como puede confirmarlo quienquiera”.

No queda duda alguna: perderemos y bastante. Por lo menos el derecho de las clases populares a una educación con calidad y calidez; se fomentará el hacinamiento en algunos sectores y la deserción escolar en otros. Para compensar esta enorme pérdida, seguramente, tendremos que echar la mano al dril sacrificando renglones importantes de la economía familiar. ¡Menos carne y más arroz en el menú de los colombianos! En salud el panorama no es más promisorio; Sisben uno y dos que significa atención primaria y sin calidad: simples paliativos o aspirinas e iboprufenos que calman pero no curan. Volvemos, contrario a lo establecido en la Constitución del 91, a un centralismo asfixiante y agobiante. Como consecuencia, dichos recursos irán a las arcas centrales, supeditados al capricho del gobernante de turno convirtiendo en mendigos a representantes y senadores, que tendrán que plegarse totalmente a los designios presidenciales en su estulto animo de conseguir unos cuantos pesos para mostrar obras en sus feudos electorales.

Y nos quitan a todos: al zapatero, al maestro de obra, al ama de casa, al lustrabotas, al tendero, al niño y la niña, al taxista y al panadero.... ¡Juego siniestro de pirinola donde todos ponemos y nadie gana¡ 56,4 billones de pesos que son de todos los colombianos, producto de los usureros precios gravados con el IVA que no es otra cosa que un asalto al bolsillo de los colombianos. De ahí que no comprenda uno, un ciudadano colombiano, la actitud de nuestros congresistas que a cambio de dadivas personales entregaron el futuro de toda una colectividad como la colombiana. Y ahí los tenemos, mendigando votos, pidiendo el favor electoral de los campesinos a los que él mismo entregó a un futuro incierto y miserable.

Dígase lo que se diga los colombianos perdimos. 56.4 billones de pesos que por derecho propio nos pertenecían de acuerdo a lo ordenado en la Constitución Política de Colombia y que ahora nos toca contentarnos con migajas entregadas en el triste espectáculo de los Consejos Comunitarios televisados y baboseados por la iniquidad de sus protagonistas y la ingenuidad de sus beneficiarios.

En consecuencia no nos queda otro camino que apoyar el referendo para devolver a los entes territoriales la autonomía administrativa y a los colombianos la seguridad económica que nos permita mirar con dignidad el futuro. O avanzamos en estos procesos o reconocemos un retroceso en las políticas administrativas que nos legaron los Constituyentes del 91 y que tantos recursos financieros y morales nos costaron a los colombianos.

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