DE CECILIA A FUJIMORI

Desde hace varios años hemos contemplado, entre energúmenos y resignados, el desgobierno en que vivimos. No sólo no se han podido solucionar los problemas apremiantes de nuestros compatriotas más pobres, los de vivienda, salud, educación y trabajo digno, sino que en las últimas décadas se salieron de las manos la violencia y la inseguridad que, si existían antes, al menos no eran de la magnitud que ahora tienen; se ha llegado a un grado de desprotección que nadie habría podido imaginar hace veinte años. Nuestros gobiernos han sido incapaces de controlar las bandas de delincuentes de todos los pelambres, guerrilla, narcos y dizque comunes. Y llamarlos comunes, que todos lo son, es un pleonasmo, pues la actividad más común en Colombia es despojar de la vida, la honra y los bienes a los ciudadanos. Pero tiene otra causa concomitante, que es la impunidad. El Estado es incapaz de perseguir y encarcelar a los delincuentes, y cuando lo logra, nuestro sistema judicial no los castiga. Cuando se habla de la inseguridad de Bogotá, muchos se apresuran a decir que todas las grandes urbes son inseguras, que al caminar de noche en Nueva York o en Madrid se corre el mismo riesgo que aquí. Y puede ser cierto, pero la gran diferencia radica en que si a uno lo asaltan allá y busca algún policía para quejarse, lo encuentra y ocasionalmente atrapan a los bandidos y los meten a la cárcel. Pero aquí no. Si por extraordinaria casualidad en algún CAI usted encuentra un agente, el pobre le dirá que no puede moverse de su puesto porque, mientras va a atender la emergencia, se robarían lo que allí queda y además que su revólver no tiene balas.

Muchos añoran un gobierno dictatorial que le ponga orden a este caos, y miran con envidia al Perú donde don Fujimori se "pasó por la faja" el Congreso, acabó con Sendero Luminoso y aparentemente puso a ese país en la ruta del progreso. Otros más extremistas y, pienso yo, irresponsables, añoran a don Pinochet sin acordarse del precio que tu

vieron que pagar los chilenos por la dictadura, esa sí "dura".

Pero lo peor del cuento es que aquí ya tenemos un montón de dictadores, no de los que a la brava ponen orden en una sociedad

descuadernada, sino de los que, incrustados dentro del aparato estatal, ponen trabas a los ciudadanos dictando normas e interpretando a su arbitro, unas veces para provecho propio, otras solamente con el ánimo de "tirarse" a los demás y, en el mejor de los casos, para justificar su chanfaina. Todos los ciudadanos que hemos tenido que tramitar cualquier cosa ante el Estado, como pases de conducción, licencias de funcionamiento, registro de instrumentos, permisos de construcción, o los que tratamos de cumplir con nuestras obligaciones como pagar impuestos, hacer auto avalúos o revisar el vehículo, nos encontramos con unos funcionarios arrogantes que creen que su autoridad emana de ellos mismos y que no son, para utilizar la terminología británica, "servidores públicos". En su oficio inventan requisitos, se niegan a eliminar los trámites inútiles y no hay nadie que pueda oponerse. Son uno de los personajes típicamente colombianos: el legislador de ventanilla.

Hay una institución bogotana que es el mejor ejemplo de que vivimos a la merced de dictaduras burocráticas, el Departamento de Planeación Distrital. Nuestro ordenamiento jurídico, el del Estado democrático moderno que viene de los franceses del siglo XVIII, se basa en la separación de poderes: el legislativo que dicta las leyes, el ejecutivo que las hace cumplir y el judicial que castiga a quien las viola. Resulta que el departamento de marras, como cualquier dictador, tiene en sus manos los tres poderes: no sólo dicta las normas y cada funcionario las interpreta a su mejor acomodo -a veces oyendo el dictamen de su bolsillo-, sino que debe vigilar su cumplimiento y tiene la capacidad de imponer sanciones. Y los ciudadanos no tienen derecho de pataleo, pues quien se atreve a acudir a la Personería, a usar el silencio administrativo positivo, la tutela o la demanda, más le valdría desterrarse, pues nunca más podrá tramitar con éxito ni siquiera una llamada telefónica.

Y ha nacido otro ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, cuya vocación de dictadura se origina en un motivo distinto, en el ansia incontenible de "pantalla" de su inefable titular. No sólo tiene en vilo a todos los bogotanos sin saber si nos va a dejar ampliar el aeropuerto, sino que todos sus actos son con "vitrinazo" incluido, para que no nos quede duda de que su ambiente no es medio, sino que puede obstaculizar cualquier actividad. Recientemente le dio por sellar construcciones, con televisión y periodistas a bordo, dizque porque contaminan las vías. ¿No le convendría un paseíto por obras verdaderamente contaminantes como las que construye el Distrito, o por el basurero en la carretera Mosquera-La Mesa, ojalá en un bus de esos que escupen humo negro, si es que su oficio y sus atribuciones incluyen ese tipo de gestión?

Pero el fondo de este asunto es que tenemos el peor de todos los mundos: una administración pública llena de dictadorzuelos que inventan normas y reglas a su antojo y que además castigan, por acción u omisión, a los que no se someten y unos gobiernos incapaces de hacer cumplir la ley y de proteger a los ciudadanos. Hay que acabar con los Fujimoris chiquitos y levantarnos uno grande que, dentro de la ley y sin atropellar a nadie pero con los calzones bien amarrados, asuma su obligación constitucional de defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos.