| 3/13/2007 12:00:00 AM

Nueva política para ampliar cobertura en agua potable y saneamiento básico

Esta figura ya ha sido implementada en Departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena, en los cuales se ejecutarán inversiones cercanas a los 381 millones de dólares en los próximos 4 años, beneficiando a 64 municipios de la región.

Bogotá.- Con el propósito de garantizar la ampliación efectiva de coberturas en agua potable y saneamiento básico y cumplir con las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó los lineamientos de política para la implementación de los “Planes Departamentales de Agua y Saneamiento”, los cuales permitirán garantizar el acceso de la población más pobre a estos servicios, bajo condiciones de mayor celeridad y cobertura geográfica.

Con esta política habrá beneficios como una mayor cobertura de municipios vinculados a los programas del Gobierno Nacional, convergencia de recursos en proyectos de inversión integrales y de largo plazo y fortalecimiento institucional y de gestión ambiental. Así mismo, fortalecerá la capacidad gerencial de los Departamento en los aspectos de planificación, regulación y supervisión del sector de agua potable y saneamiento básico y, en general, del ordenamiento territorial.

Según el documento, se articularán las diferentes fuentes públicas con las que se financia el sector, tales como el Sistema General de Participaciones, regalías, aportes de las Corporaciones Autónomas Regionales y crédito, entre otras. De esta manera se busca acabar con la dispersión de los recursos utilizados en agua potable y saneamiento básico.

Para ello, el manejo de los recursos dirigidos al sector se realizará a través de encargo fiduciario o fiducias mercantiles y con la participación activa del sector privado.

En el caso de los montos provenientes de las transferencias, con este esquema se pretende solucionar algunas deficiencias identificadas, tales como la desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes de las empresas de servicios públicos, desvío de recursos por fuera del sector, así como inversiones dispersas e incompletas.

De acuerdo con el Conpes, esta estrategia permitirá acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y serán los departamentos en cabeza de las gobernaciones la instancia prioritaria de coordinación con el Gobierno en la implementación de los planes, para lo cual deberán fortalecerse a nivel institucional con el apoyo de una Gerencia Integral.

En cada caso y de acuerdo con el diagnóstico, se estructurará la entrada de operadores especializados para la prestación de los servicios, la consolidación de los existentes o la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias eficientes, bajo la coordinación del departamento respectivo y el apoyo técnico de la Nación.

El apoyo de la Nación a los departamentos se hará efectivo de acuerdo con el avance de los compromisos locales para la asignación de recursos y para la implantación de los esquemas de desarrollo institucional y empresarial propuestos para cada departamento. La implementación de los planes liderados por cada gobernación contará con dos fases previas de diagnóstico y estructuración,

De acuerdo con el diagnóstico de la prestación de los servicios en cada municipio, se podrá presentar la vinculación de nuevos operadores especializados, la renegociación de contratos o reestructuración de empresas de servicios públicos ó el fortalecimiento de organizaciones comunitarias.

En todo caso, cada departamento contratará una Gerencia Integral, con el objeto, entre otros, de socializar con las comunidades aspectos como el manejo de los recursos, la ejecución de las obras y el diseño de sistemas de seguimiento a los planes de agua y saneamiento. En todos los casos se contará con el seguimiento y supervisión de la Contraloría, Procuraduría y Superintendencia de Servicios Públicos.

Cuando sea necesaria la contratación de un crédito para el apalancamiento de las inversiones, el Gobierno nacional apoyará a las entidades territoriales en la evaluación fiscal, la definición de los posibles escenarios de endeudamiento y las gestiones ante la banca multilateral o nacional.

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