Washington-El que fuera
jefe de la política monetaria de Estados Unidos entre 1987 y 2006 dijo
que aumentar los impuestos a las rentas superiores a 250.000 dólares
tendría consecuencias negativas en los niveles de ahorro y la inversión
del país, pero sería "un mal menor", si se consigue un pacto en el
Congreso que devuelva la certidumbre.
Por su parte, Erskine
Bowles, codirector de la única comisión bipartidista que ha intentado
consensuar medidas de reducción del déficit en este primer mandato de
Barack Obama, indicó que "los impuestos a los estadounidenses más ricos
van a subir, es un hecho. Lo importante será reducir el impacto en la
productividad".
La reunión de importantes figuras de la
política económica organizada hoy por la Fundación Peterson en
Washington se produce precisamente el día en que la Casa Blanca inicia
un nuevo intento de poner de acuerdo a demócratas y republicanos en el
Congreso para que el país no caiga en el llamado "precipicio fiscal".
Con ese nombre se designa al escenario que tendría lugar a principios
de 2013, en el que se combinarían drásticos recortes del gasto con
subidas de impuestos, y que podría llevar al PIB estadounidense a caer
hasta un 3,5 % el año próximo.
Esta catástrofe "histórica",
como coincidieron tanto Greenspan como su predecesor en el cargo, Paul
Volcker, se daría si no se actúa rápidamente.
En opinión de
Greenspan, "si el coste de salir del problema (del desacuerdo en materia
fiscal) es una recesión moderada, sería un bajo precio... pensar en
salir de éste (el desacuerdo político) sin pagar es un sinsentido".
Tanto Bowles como el senador republicano Alan Simpsons, que dieron
nombre a la Comisión Simpsons-Bowles, se mostraron pesimistas porque se
haya perdido la tradición de alcanzar consensos entre diferentes ideas
en el Congreso, especialmente en un momento tan delicado como éste.
El Congreso, dividido entre una Cámara de Representantes dominada por
los republicanos y un Senado bajo control demócrata, tiene la urgente
tarea de llegar a un acuerdo suficiente entre posturas totalmente
encontradas hasta el momento tanto en lo que atañe a los impuestos como
al gasto público.
La petición de Obama es que se aumenten los
ingresos mediante una subida de impuestos a las rentas superiores a los
250.000 dólares anuales, mientras que los republicanos se oponen a
cualquier subida impositiva.
La Casa Blanca quiere además que
se extiendan el recorte del 2 por ciento de las retenciones a la nómina
de los estadounidenses y que se mantengan durante más tiempo las
condiciones actuales en las prestaciones por desempleo.
Las
diferencias persisten en qué hacer con gastos sociales como el del
programa sanitario para los jubilados (Medicare), que los republicanos
consideran insostenible.
En lo que todos coinciden en
Washington es en que Estados Unidos no puede, tras cuatro años
consecutivos, seguir generando más de un billón de dólares anuales de
déficit y engordando la deuda pública, por lo que se debe actuar tanto
en los ingresos como en el gasto.
El jefe del equipo económico
de la Casa Blanca, Gene Sperling, dijo en el mismo foro que el aumento
en los ingresos federales en EE.UU. deben ser de "alrededor de los 1,6
billones de dólares", de modo que se alcance un plan de reducción del
déficit de 4 billones de dólares en la próxima década.
Sperling no comparte la idea de que pueda ser suficiente una eliminación
de deducciones fiscales para incrementar los ingresos del Estado y que
pueda evitarse un aumento de la fiscalidad sobre las rentas altas.
"Nos tenemos que asegurar de que la reforma sea consistente con los
principios de justicia fiscal e imposición progresiva", aseguró
Sperling, uno de los principales actores en las negociaciones entre la
Casa Blanca y el Congreso.
En su opinión, lo ideal "es un solo
acuerdo" que englobe todas las partes de esta compleja negociación y
recordó: "no hay razón para caer por el precipicio, la clave es saber si
quieren llegar a un acuerdo antes o después de enero (cuando se teme
que se desencadene la crisis fiscal)".
EFE