| 6/12/2007 12:00:00 AM

Jornaleros y localidad llegan a acuerdo

De recibir el aval de la justicia federal, el acuerdo podría influir en el trato a los jornaleros en cualquier lugar de Estados Unidos, donde se han convertido en el símbolo cada vez más visible de la reforma de inmigración que debate el Congreso.

WHITE PLAINS, Nueva York, EE.UU._ Los jornaleros que demandaron con éxito a la localidad de Mamaroneck en las afueras de Nueva York llegaron a un acuerdo tentativo que prohíbe a la policía preguntarles sobre su estatus migratorio, informaron el lunes sus abogados.

Además, la localidad deberá pagar más de medio millón de dólares para cubrir los costes legales de los jornaleros, indicaron los abogados.

El acuerdo, revelado la tarde del lunes por los abogados de los demandantes, fue ratificado la noche del mismo día por el concejo municipal en una votación de 3-1. Aún requiere la aprobación de la juez federal Colleen McMahon.

César Perales, el presidente del Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación y representante de los seis inmigrantes hispanos que presentaron la querella, dijo que la legislación nacional sobre la inmigración podría impedir conflictos como el de Mamaroneck.

McMahon decidió en noviembre que la localidad cometió actos de discriminación contra los jornaleros hispanos cuando cerraron un centro de contrataciones, lo que obligó a los trabajadores a esperar en las calles y esto a su vez provocó una mayor presencia policial en las calles.

"Desde agosto del 2004, y durante todo el verano pasado, los acusados han realizado una campaña destinada a expulsar a los jornaleros latinos que se reunían en las calles de Mamaroneck en busca de trabajo", indicó la juez.

"El hecho de que los jornaleros eran latinos y no blancos era, al menos en parte, un factor motivador de las acciones de los acusados", agregó el juez.

Pese a que halló culpable a la localidad, McMahon no les impuso un castigo de inmediato y ordenó que ambas partes se sentaran a negociar y le presentaran recomendaciones en 10 días.

Eso fue hace siete meses, y las dos partes han negociado intermitentemente desde entonces, obteniendo extensiones de ese plazo. La fecha límite actual es el 20 de junio.

El Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación informó que el acuerdo incluye "prohibiciones específicas a conductas equivocadas de la policía así como conductas discriminatorias contra los jornaleros, entre ellas una prohibición a los interrogatorios rutinarios de la policía sobre el status migratorio de los jornaleros".

Asimismo, un grupo de vigilancia, que será nombrado por la juez, garantizará que la localidad cumpla con el compromiso. Además indicó que el municipio abonará a los abogados demandantes 550.000 dólares.

AP

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