| 5/24/2006 12:00:00 AM

Ecuador pide ampliación de beneficios de la Atpdea

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano solicitó a Washington la extensión por un año de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga, ante la interrupción de las conversaciones del TLC, a finales de marzo último.

Ecuador está gestionando ante el Gobierno estadounidense la implementación de otras alternativas comerciales, que le permitan mantener su intercambio con ese país e insiste en recibir una respuesta sobre la suspensión de las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC), que ambas naciones venían adelantando.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano solicitó a Washington la extensión por un año de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea, por su sigla en inglés), ante la interrupción de las conversaciones del TLC, a finales de marzo último.

Este privilegio, otorgado por EE UU a las naciones que muestran avances en la lucha contra el narcotráfico, vence el 31 de diciembre próximo y sin TLC afectaría el ingreso de las exportaciones ecuatorianas a su mercado más importante.

De acuerdo con las afirmaciones del secretario de prensa de la Presidencia, Enrique Proaño, esa petición fue realizada el 12 de mayo pasado y hasta el momento no ha recibido una respuesta al respecto.

Estas preferencias arancelarias caducaban en el 2001, pero las naciones andinas lograron su ampliación hasta diciembre venidero. En esta ocasión, Ecuador fue el único que solicitó una prorroga, pues Colombia se prepara para firmar el TLC con EE UU y Perú ya lo hizo.

Según funcionarios estadounidenses, EE UU condicionó la reanudación de las negociaciones del tratado a la búsqueda de un acuerdo con la petrolera Oxy, a la cual el Ecuador le terminó el contrato, tras comprobarse que violó la Ley de Hidrocarburos cuando entregó en el 2000 un 40% de sus acciones a otra empresa, sin el consentimiento del Estado.

Esta decisión generó diferencias con EE UU, país que calificó la medida como confiscación y la señaló contraria a sus intereses.

Ante esta situación, el canciller Francisco Carrión anunció el inicio de acciones diplomáticas en el país y en el exterior para explicar que la caducidad del contrato con la transnacional Oxy constituye un asunto judicial y no político.
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