| 1/16/2006 12:00:00 AM

Colombianización de México: de peyorativo a objetivo

El importante columnista mexicano del Universal y Vanguardia, analiza la lucha en Colombia contra el narcotráfico y su poder corruptor, y la pone de ejemplo para el deterioro que sufre su país.

Por Raymundo Riva Palacio Diario Vanguardia de México

Tantos enfrentamientos entre narcotraficantes y cuerpos de seguridad en los últimos días, tantas ejecuciones, tantos policías patrullando las playas de Acapulco, tanto narcomenudeo que se desenvuelve como una nueva forma del tráfico de drogas más compleja y difícil de enfrentar, y tanta corrupción de policías no han hecho sino alimentar esa vieja frase de que "México se está colombianizando".

La analogía se utiliza siempre para expresar una degradación en la lucha contra los cárteles de las drogas, y como un déficit gubernamental en el manejo del fenómeno. Sin embargo, un mexicano enterado diría: "ojalá y nos estuviéramos colombianizando". Es decir, lo que se oye peyorativo, tendría que ser un elogio. ¿Por qué?

Contrario a la percepción generalizada en México, Colombia es un ejemplo en la forma como han enfrentado al crimen organizado. Después de casi dos décadas sangrientas de lucha, desde 1994 los colombianos empezaron a combatir efectivamente a los cárteles de las drogas, cuyos barones, como Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha, se convirtieron en leyendas vivas hasta su muerte o detención.

No es menor lo que hicieron, pues decidieron refundar a muchas de las instituciones que estaban totalmente corrompidas por el narco, como el Congreso - hubo un tiempo donde una tercera parte de los legisladores lograron su escaño con dinero de las drogas-, y crear mayores espacios para que los jueces perdieran el miedo de juzgar a narcotraficantes, dejando atrás el tiempo en que si procesaban a alguno, significaba su muerte.

El primer paso fue la elaboración de una nueva Constitución que tuvo, entre sus cambios fundamentales, quitarle el fuero a los legisladores y permitir que la Suprema Corte de Justicia pudiera procesarlos y juzgarlos por corrupción.

¿Resultado? Desde 1994 se han encarcelado a 28 congresistas, erradicando prácticas anteriores cuando el propio Escobar, o Carlos Ledher, quien incluso fundó un partido político, alcanzaran un lugar en el Legislativo.

Igualmente se aprobó posteriormente una ley, derivada de un pacto político, donde se obliga a los funcionarios a renunciar si se descubre que uno de sus subalternos estaba involucrado con el crimen organizado y cometía delitos, con lo cual se extendió el castigo aún para los funcionarios inocentes de comisión pero culpables por omisión, provocando una mayor vigilancia, supervisión y cuidado en todas las estructuras del poder.

Más adelante, con la cooperación de los gobiernos provinciales, se sellaron policialmente todas las rutas de acceso a las principales ciudades del país, a fin de impedir que el negocio del secuestro tuviera en la selva y los bosques colombianos el mejor refugio posible. ¿Resultado? De 3 mil secuestros en 2001, el año pasado sólo se registraron 346; en Bogotá hubo únicamente dos y en Medellín, la sede de uno de los cárteles más violentos que haya existido jamás, ninguno.

Esta instrumentación redujo otros delitos, como el de robo de autos, donde la ciudadanía jugó un papel importante al pasar de una actitud pasiva a una activa, denunciando a la policía todas las irregularidades que encontraban en sus recorridos cotidiano, construyéndose una red de informantes a nivel nacional de tres millones de personas que no sólo denuncian delitos por convicción sino por recompensas cuyos montos son acordes con el tipo de delito que se impide.

Para llegar a esto tuvo que pasar Colombia por un largo proceso de reforma en las policías, que apenas hace un lustro se encontraba en el último lugar de credibilidad ante la ciudadanía por sus altos índices de corrupción. Junto con los policías se añadió a las reformas a todos los cuerpos de seguridad, entre las que se incluyó un mecanismo básico que tuvo grandes resultados: el polígrafo.

Las nuevas regulaciones para los cuerpos de seguridad obligaron a todos los miembros de los cuerpos de seguridad, de policías de crucero a generales, a pasar una prueba poligráfica cada seis meses donde se les pregunta, entre otras cosas, si han sido sobornados. Aunque no erradica esa reforma la corrupción policial, sí ha ayudado a limpiar a los cuerpos de seguridad al hacer más alto el costo personal de recibir sobornos.

Otro punto fundamental que hicieron los colombianos fue un cerco financiero a las ganancias de los narcotraficantes y al destino que le daban a su dinero. Por ejemplo, aprobaron una ley de dominio donde el gobierno tiene la posibilidad de reclamar cualquier tierra o inmueble cuyo dueño haya sido un narcotraficante. Esto obligó a que quien quisiera comprar una propiedad, se viera obligado a investigar ampliamente que no hubiera sido antes de un narcotraficante.

¿Resultado? El negocio de bienes raíces donde se habían involucrado ampliamente los barones de la droga, se vino abajo. Adicionalmente, la hacienda colombiana determinó que cualquier remesa superior a 200 dólares fuera revisada para determinar si no procedía del narcotráfico, supervisando férreamente el ingreso de divisas al país. ¿Resultado? Solamente el 10% de las utilidades que obtienen los narcotraficantes llegan a Colombia, con lo cual se reduce significativamente su poder de corrupción.

Colombia ha hecho grandes avances en la lucha contra el narco, pero todavía tienen un trecho qué recorrer. Su clase política, pero sobre todo su sociedad que la presionó para hacer los cambios, han tratado de estar a la altura del desafío. ¿México colombianizado? Ojalá y así fuera, pero lamentablemente ni nuestra clase política, ni nuestra sociedad, está a la altura del desafío.
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