| 1/14/2016 12:05:00 PM

Los estratos “acentúan la segregación y los estereotipos": UNAL

El sistema de estratificación colombiano, cuyos orígenes se remontan a la década de los ochenta, fortalece los estereotipos sociales y acentúa las falsas relaciones de poder en la sociedad.

Esta fue una de las principales conclusiones de la más reciente investigación de la Universidad Nacional (UNAL) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) sobre los estratos sociales y su relación con la segregación en los hogares bogotanos.

Los investigadores Francesco Bogliacino, Laura Jiménez y Daniel Reyes establecieron que la división por estratos agudiza los prejuicios sobre cómo debe hablar, vestir y comportarse una persona según el sector de la ciudad en el que habita.

 “A  pesar  de  ser  un  mero  instrumento destinado a  la  focalización  de  las  políticas  públicas, la  estratificación  económica  se  ha  implantado  en  el  imaginario  colectivo como  una  manera  de  diferenciar  socialmente” a las personas, complementa el documento del Centro de Investigaciones para el desarrollo (CID) de la UNAL.

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Para llegar a esa deducción, los analistas realizaron un experimento con más de 1.000 personas mayores de 25 años en Bogotá (no pertenecientes a la población estudiantil). Al final, se demostró que los de mayor poder adquisitivo tienden a desconfiar de aquellos de niveles más bajos.

El simple hecho de no querer participar con los individuos de determinado estrato o realizar pronósticos sobre su actitud frente a la actividad, le confirmaron a los investigadores la complejidad que tiene este problema.

Es preciso señalar que la población de Bogotá se concentra en los estratos 2 y 3 (77,3% en 2014), en contraste con el 4,5 % de los niveles 5 y 6.  A pesar de que son el grupo más representativo de la ciudad (junto con el estrato 1), las localidades a las que pertenece la mayoría de esa población son las más segregadas (Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy).

Mapa estratos

Las críticas al sistema actual de estratificación

Esta investigación parte de la idea de que “el sistema actual de estratificación se basa en las características físicas de las viviendas y su entorno“, sin embargo “estudios más recientes destacan que el valor de esta correlación es bajo”.

Se entiende que desde puntos de vista sociológicos, antropológicos, arquitectónicos e incluso psicológicos, la vivienda es más que un lugar para habitar y denota un sentido cultural e histórico de las personas que la poseen”, detalla la investigación.

Los expertos de la UNAL fueron enfáticos al señalar que la metodología actual  muestra “evidentes  problemas  de  sostenibilidad  a  mediano  y  largo plazo”, pues definitivamente no refleja la capacidad de pago de las familias.

Incluso, advierten que este sistema tiene “una alta probabilidad de clasificar como beneficiaria de un subsidio a una familia de nivel socioeconómico alto”, con lo cual se reduce el porcentaje de personas que pagan el sobrecosto establecido en los servicios públicos.

“Además, el actual método de estratificación está sujeto a problemas políticos, en el sentido en que su actualización puede ser muy costosa en términos de consenso”, explica el documento.

Y detalla que en la ciudad se han realizado seis actualizaciones de estratificación a través de los decretos: 737 de 1999; 289 de 2002; 200 de 2004; 176 de 2007, 544 de 2009 y 291 de 2013 (vigente).

La propuesta de la UNAL

Los investigadores coinciden en que el principal detonante de la segregación es la desigualdad, por ello proponen que la mejor forma de combatirla es con “políticas de redistribución que sean efectivas y sistemáticas”.

Esta tarea pasa por una distribución “homogénea” de los parques, colegios, transporte y oferta cultural a lo largo y ancho de la ciudad, ya que “es evidente que el patrón de asignación de bienes públicos y de infraestructura desempeña un papel fundamental” en el proceso de exclusión social.

El profesor Bogliacino, finalmente, recordó que la estratificación sirvió para sustentar el gasto público en un momento específico, pero aclara que ahora existen fuentes mucho más confiables para determinar la capacidad de pago de las personas.

Entre las alternativas que propone destaca la de analizar la información tributaria (el monto que destinan los habitantes al pago de impuestos) o la de realizar encuestas domiciliarias con información relacionada con las políticas de subsidio.

 

 

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