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| 4/16/2020 12:01:00 AM

¿Dónde queda la protección de datos en la batalla por el coronavirus?

La analítica de datos ha sido vital para enfrentar la covid-19. Pero, ¿qué tan segura está la información analizada? Expertos hablan del tema.

El análisis de datos ha tomado protagonismo en la crisis del coronavirus. En China adjudican a esta tecnología gran parte del éxito en mitigar el contagio. En efecto, el país logró cruzar a gran escala los datos privados de sus habitantes y así hacer un seguimiento a los posibles portadores de la enfermedad. Todo esto mediante sus celulares.

La iniciativa se replicó en varios países del mundo. A inicios de abril la Comisión Europea solicitó a los operadores de telecomunicaciones datos de sus clientes para seguir la covid-19 y anticipar el ritmo de los contagios.

España puso en marcha varios programas de análisis, entre ellos el rastreo de millones de celulares para comprobar el confinamiento.

En Colombia también se han visto movimientos, aunque con pocas miras a ser eficientes. Como primera medida el Gobierno lanzó Coronapp, una aplicación para mantener informados a los colombianos sobre los avances de la enfermedad y al mismo tiempo acumular datos en tiempo real de su estado de salud, con información que ellos mismos suministran. Hasta ahora 40.000 personas han descargado la aplicación.

En otra medida, el 23 de marzo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó a los operadores móviles para informar datos personales de sus usuarios al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a las entidades estatales que lo requieran para atender la emergencia sanitaria.

El hecho generó polémica, pues expertos aseguran que la entidad no fue clara en cuanto a los objetivos, tipo de información y límite de tiempo que usarán los datos.

El superintendente, Andrés Barreto, aseguró que tomó la medida bajo la normatividad vigente y teniendo en cuenta las excepciones que menciona la ley 1581 de 2012. Así mismo, afirmó que tenía como objetivo facilitar la entrega de las ayudas anunciadas por el Gobierno en medio del confinamiento. “Colombia tiene una normatividad muy fuerte en materia de datos y desde la Superindustria hemos sido contundentes en la lucha por la protección de estos. La medida ha sido malinterpretada”, afirmó.

Aún así, el tema ha dado para poner sobre la mesa la discusión: hasta qué punto estas medidas amenazan el equilibrio entre la salud pública y la privacidad personal.

Natalia Guerra, directora de relaciones institucionales y asuntos públicos de Telefónica, dice que antes de la emergencia los gobiernos habían tomado conciencia de la importancia de los datos para tomar decisiones de política pública. “El uso del big data debe ser muy cuidadoso pues no podemos atentar contra la confianza digital. Colombia cuenta con un marco regulatorio fuerte y la ciudadanía es consciente y no va a querer compartir información sensible. Los límites ya se han venido dando y durante la emergencia es necesario tenerlos presentes”, afirmó.

Diego Tovar Chinchilla, CEO de Everis Colombia, recalcó que en momentos como este es importante que un ente tenga acceso a toda la data posible para tomar decisiones acertadas. Asegura que “los seres humanos suelen ser muy apegados a la normatividad y no puede ser que, en estos momentos, por defender la protección de datos se obstaculice el interés genuino por salir adelante”.

Sin embargo, considera que para poner en marcha el análisis de datos es necesario contar con sistemas transparentes que brinden información sobre su uso, en dónde se guarda y la forma de evitar que se filtre información sensible. “Hemos visto cómo las líneas de atención de los sistemas de salud colapsan por estos días y no tenemos certeza de que efectivamente la información de un usuario que llamó por una emergencia quedó registrada, si le están haciendo seguimiento y qué usos le están dando. Ese es un gran reto”, apuntó.

A Tovar se une David Varela, docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y experto en protección de datos. Asegura que es un momento para ser flexibles, pero es necesario que el Estado y las organizaciones garanticen que no habrá abusos o datos filtrados con fines comerciales. “La información que se solicite durante la crisis solo puede ser usada para la crisis y, una vez superada, tendrán que garantizar que será eliminada para evitar que a futuro se utilicen para otros fines”, destacó.

Para Carolina Botero, directora de la fundación Karisma que vela por los derechos digitales, en este momento las decisiones están encaminadas a una vigilancia masiva y esto trae una serie de riesgos que la legislatura actual no contempla. "Hasta ahora estamos entendiendo el concepto de vigilancia masiva y claro que se puede utilizar en emergencias, pero estamos en mora de legislarlas”, aseveró.

Botero llamó la atención sobre la necesidad de que el Gobierno y la SIC sean claros en cuanto al seguimiento que le están dando a la información sensible de los colombianos. Dice que hasta ahora las medidas tomadas no dan tranquilidad ni seguridad a quienes, por ejemplo, utilizan la aplicación Coronapp. Para ella, se desconocen los objetivos y hasta hay dudas en la política de tratamiento de datos de la plataforma.

Este será uno de los tantos debates para después de la pandemia.Sin duda tocará muchas fibras y obligará al Estado a hablar con claridad sobre lo que está haciendo con los datos recolectados en las plataformas.

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