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PLATAFORMAS

Así son los proyectos para regular plataformas tipo Uber en el país

Una ola de propuestas han llegado al Congreso con miras a dar una normativa que permita a estas plataformas operar en el país. Aquí algunos de los puntos importantes de varias de ellas.

28 de julio de 2020

Para nadie es un secreto que lo sucedido con el coronavirus impulsó al país a transformarse digitalmente y, para la reactivación económica, será necesario contar con una legislación que dé vía libre a la apropiación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

En ese sentido, una de las tareas que el Congreso deberá liderar en los próximos seis meses será la definición de una normativa que permita el desarrollo y la implementación de modelos de negocios disruptivos, de base tecnológica, y que además aporten a la recuperación. Y para ello, será necesario retomar uno de los temas más espinosos y que por muchos años ha dejado a Colombia como una de las naciones más rezagadas en términos de regulación para las tecnologías de la cuarta revolución industrial. 

El futuro de las plataformas de intermediación de transporte del país ha sido en los últimos años el debate más espinoso y, quizás, más evadido que se ha llevado en el Congreso. Tanto así que los proyectos de ley que se han presentado para su regulación se han caído por falta de acuerdos y de debates.

Sin embargo, todo parece indicar que para el nuevo período que inició hace una semana el tema está tomando fuerza y son varios los senadores y representantes que están liderando la discusión al respecto. 

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Actualmente son cinco los proyectos de ley radicados ante el Congreso - en las próximas semanas serán seis - que pretenden dar una solución al problema de “legalidad” de las plataformas tipo Uber y abrir el camino para tener un ambiente propicio para la innovación en el país. 

Varios de ellos, además de resolver los problemas de definición de economías colaborativas y plataformas de intermediación de transporte, buscan poner en igualdad de condiciones a todos los actores del ecosistema, brindar protección a los trabajadores y usuarios y crear mecanismos que permitan el desarrollo de ciudades inteligentes. 

Dinero recopiló algunas de las iniciativas que se han planteado al respecto, y sus principales cambios: 

“A equiparar la cancha” 

El pasado 20 de julio, el congresista Mauricio Toro, del Partido Verde, volvió a radicar el proyecto de ley para la regulación de las plataformas de transporte que había presentado en la legislatura pasada. 

La propuesta del congresista incluye la eliminación del sistema de cupos de taxis, previa compensación realizada por un fondo alimentado por un cobro del 2% de cada servicio facturado por las plataformas de transporte. 

Además propone que las tarifas de las plataformas se fijen por libre competencia, para que los usuarios escojan las plataformas con mejores tarifas; y que a los taxistas se les permita una especie de tarifa dinámica, siempre y cuando se usen dispositivos electrónicos y apps para su cálculo y control. 

Toro también plantea que otros de los aspectos relevantes que tiene su propuesta son: obligación para las plataformas de adquirir seguros de accidente para pasajeros y conductores, exigir vehículos con tamaño y seguridad adecuada y exigir a las plataformas pagar impuesto de renta en Colombia. 

“Empresas de servicio público de transporte”

Otra de las propuestas es la que presentaron los senadores Ruby Helena Chagüi, Horacio José Serpa, Andrés García Zuccardi, Amanda Rocío González y Carlos Andrés Trujillo y los representantes a la Cámara Edwin Gilberto Ballesteros, Emeterio Montes, Milton Hugo Angulo, Esteban Quintero y Aquileo Medina.  

Esta crea la categoría de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular, intermediado por plataformas tecnológicas”. 

A través de esta se pretende que las plataformas como Uber, Didi y Beat entre otras sean reguladas por la Superintendencia de Transporte, quien deberá autorizar el servicio de un máximo de vehículos de servicio particular. 

También plantea que la plataforma deberá contar con el Registro Nacional de Plataformas Tecnológicas del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para “el registro de los operadores de las plataformas tecnológicas intermediarias de la prestación del servicio público de transporte”. 

El permiso tendrá un costo que deberá establecer el Gobierno nacional. “El vehículo autorizado y registrado podrá ser conducido por diferentes conductores para la prestación del servicio siempre que cada uno de los conductores esté debidamente autorizado por la autoridad de transporte en su respectiva jurisdicción y registrado ante el RUNT. El operador de la plataforma tecnológica controlará que un solo conductor no preste el servicio por más de ocho horas ininterrumpidas”, cita el documento del proyecto. 

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Así mismo, el proyecto plantea que los conductores cumplan con una serie de requisitos como, por ejemplo, presentar el certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales, paz y salvo de multas o sanciones de tránsito y certificación de afiliación al sistema general de seguridad social. 

“Dignificando el empleo”

Los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Álvaro Uribe (Centro Democrático) llevaron al Senado de la República un proyecto de ley que busca regular la contratación de personas vinculadas no solo a las aplicaciones de transporte, sino también a las de domicilios tipo Rappi. 

El proyecto tiene dos objetivos. El primero es definir el vínculo jurídico entre las plataformas y sus colaboradores a través de un contrato de naturaleza civil, que deberá estar formalizado de manera física o digital. En este las compañías deberán dejar clara la forma de pago, la duración del contrato, los derechos y obligaciones de las plataformas y de los contratistas, y las obligaciones y derechos de ambas partes. 

El otro punto es el pago de las prestaciones sociales. El proyecto plantea que la base de cotización para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral sea del 40% del total de los ingresos pagados por la plataforma a su colaborador. La mitad de aporte a la salud y la mitad del aporte a pensiones las deberá pagar la plataforma y será el trabajador el que contribuya con la otra mitad. 

Por su parte, los aportes al Sistema de Riesgos Laborales serían asumidos totalmente por la plataforma. 

Finalmente, el proyecto también contempla que los colaboradores con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual sean vinculados al sistema de seguridad social en pensiones a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

Modernizando todo el sistema 

En un trabajo conjunto con la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, el representante a la Cámara por Colombia Justa Libres, Carlos Eduardo Acosta, presentó un proyecto de ley encaminado a la modernización y digitalización del transporte terrestre individual de pasajeros. 

Entre los aspectos a destacar de la propuesta de Acosta está la redefinición y creación de nuevas figuras en materia de transporte. Con esta se busca no exigir la vinculación a una empresa de transporte para brindar el servicio y se podrán realizar actividades comerciales; además se crea la categoría TIPA (Transporte Intermediado por Plataformas Abiertas) donde se podrán inscribir operadores como Uber, Didi, Beat o cualquier plataforma. 

Para prestar el servicio, las empresas deberán contar con autorización preliminar del Ministerio de Transporte y tendrán que cumplir con requisitos como tener personería jurídica en el país; el pasajero deberá conocer la ruta que tomará el conductor; se debe conocer con anticipación el precio; contar con tecnologías de geolocalización y atención al usuario y soporte técnico. 

Por su parte, los usuarios conductores - quienes prestan el servicio - deberán registrarse en el Registro Único Nacional de Conductores PAIT, figura creada en la ley, para contar con licencia de conducción B1 para vehículos particulares y licencia de conducción C1 para taxis. 

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El proyecto también pretende desmontar los cupos de los taxis en todo el territorio nacional. Para ello, propone crear un fondo para pagar el “cupo” a cada propietario. Este recibirá el 1% del valor de cada servicio prestado por las plataformas. 

Los recursos estarán destinados para atender la malla vial, digitalizar y modernizar el sector de transporte individual de pasajeros, entre otros. 

Finalmente, con el objetivo de proteger a los usuarios, busca eliminar las cláusulas abusivas de las plataformas y hacer uso obligatorio de pólizas para velar por la seguridad del conductor y del pasajero. También busca apoyar los procesos de digitallización y desarrollo de ciudades inteligentes, brindando incentivos a las empresas del sector para que apoyen la transformación digital en el país.