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Parte 1: Así reconstruyen su vida las víctimas del conflicto armado en Córdoba

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en los 5 decenios que este duró en Colombia. Aquí la historia de algunos de sus protagonistas en Córdoba, que luego de un capítulo negro en sus vidas, lograron salir adelante.

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Durante el conflicto armado, en los departamentos de Antioquia, Cauca, el Chocó y Norte de Santander entre otros, persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, que incluían homicidios selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios (lo cual limitaba su libertad de circulación y su acceso a alimentos y servicios esenciales), reclutamientos forzados de niños y niñas, violencia sexual y uso de minas terrestres antipersonal.

Puntualmente, en Córdoba, alrededor de 1989, empezó una etapa de desacierto para miles de campesinos que, en su momento, vieron la esperanza de crecer y tener un mejor nivel de vida gracias a las tierras que les fueron otorgadas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en ese momento en cabeza de Fidel Castaño –fundador de este grupo armado-.

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Esas tierras que, en primera medida fueron vistas como ‘un regalo de los Castaño’, fueron del dolor de cabeza años después para esas familias cuando voceros de las AUC empezaron a reclamar las hectáreas que les concedieron. La mayoría las recuperaron sembrando miedo, amenazas, expropiaciones, ventas ficticias y hasta muertes.

En su momento, la mayoría de los habitantes y aparentes dueños de las fincas tuvieron que marcharse de aquellos lugares, huyendo de la muerte, la injusticia y el miedo, buscando sobrevivir en las principales ciudades del país.

No obstante, años y años después, con la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se creó un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. Este procedimiento es mixto ya que se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).

Según el director general de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, hasta el 9 de mayo de 2018, el Gobierno Nacional ha invertido $817.000 millones en el programa de Restitución de Tierras, que se han distribuido una parte en funcionamiento –alrededor de $283.000 millones- y el resto en proyectos productivos, que son otros factores que están acompañando el proceso como tal.

De acuerdo con el director, los jueces les han devuelto a las víctimas del conflicto armado una cifra cercana a las 300.000 hectáreas y estas tierras han beneficiado a 37.000 personas.

Para Sabogal Urrego, las zonas donde ha sido más complicado llevar a cabo el programa en pro de las víctimas han sido donde constantemente hay problemas de orden público y la seguridad aún no se ha consolidado. “Estamos hablando básicamente de Urabá, del bajo Cauca, del Catatumbo, zona de Tumaco y Buenaventura y del Andén Pacífico. Son, en este momento, las zonas más complejas para intervenir en este momento”, explicó el directivo de Restitución de Tierras.

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El proceso de devolverle a los campesinos, víctimas del conflicto armado en Colombia, no es fácil y mucho menos rápido. Sin embargo, Ricardo Sabogal indicó que no es que existan casos frustrados o de no éxito, sino que hay lugares en el país que no se han podido intervenir por seguridad o por rezagos de la guerra como las minas antipersona. “Esos son los casos que nosotros hemos visto que no hemos podido intervenir. Allí, desgraciadamente, las personas no han podido recuperar sus tierras y, en ese sentido, lo llamaríamos como un ‘no éxito’. Pero eso no quiere decir que el día de mañana no los podamos intervenir”, argumentó el funcionario.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, la restitución jurídica y material de las tierras abandonadas y despojadas por el conflicto armado interno, permitirá no solo responder a la deuda histórica con las víctimas (justicia restaurativa y reparadora), sino lograr que Colombia transite de un contexto de violencia a uno de paz (justicia transicional), con desarrollo económico e inclusión social democrática (justicia social).

Las cifras de Amnistía Internacional muestran que entre las 8’532.636 de víctimas por el conflicto armado en Colombia también están incluídas: 363.374 víctimas de amenazas, 22.915 víctimas de delitos sexuales, 167.809 víctimas de desapariciones forzadas, 7’265.072 víctimas de desplazamientos forzados y 11.140 víctimas de minas terrestres antipersonal. Hay que decir que los delitos contra 31.047 víctimas del conflicto armado se registraron por primera vez entre enero y octubre de 2017.

Este video es la primera parte de la historia de las víctimas que Dinero encontró en Montería.

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