Los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción, que logró recolectar más de tres millones de firmas en el país, están en manos del Congreso de la República.

98 senadores (porque cuatro están presos), están convocados este martes para dar un concepto de conveniencia respondiendo si conviene, sí o no, que se haga la consulta.

Si el Senado da el aval, el presidente Juan Manuel Santos y el registrador Juan Carlos Galindo tendrán ocho días para fijar la fecha de la consulta para convocar a los colombianos a las urnas en los próximos tres meses.

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Para la congresista Angélica Lozano (Partido Verde), la fecha más viable para hacer la consulta será la segunda vuelta presidencial.

“No importa quién pase a segunda vuelta o quién gane la Presidencia, esto es una oportunidad como colombianos para hacer algo juntos, sin importar el partido político, esto es un clamor colombiano”, le afirmó Lozano a Dinero.

La representante a la Cámara por Bogotá y senadora electa, recordó que las propuestas de la consulta ya habían sido evaluadas antes por el Congreso, pero todas se hundieron. Puso el ejemplo del senador Martín Morales, que fue "el máximo opositor" de la Ley de Transparencia y ahora está preso.

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“Sería absurdo que los congresistas bloqueen o se opongan a una consulta que permitiría sacar adelante siete temas que este Congreso, que termina su período, hundió en ocho ocasiones”, agregó Angélica Lozano.

En los últimos días, los líderes de la propuesta han invitado a los ciudadanos a que envíen una carta, a través de la página web www.vencealcorrupto.com, solicitando a los senadores que avalen la Consulta y permitan de esta forma votar en las urnas este mecanismo popular que necesita 11 millones de votos de umbral, de los cuales la mitad más uno deben votar sí a cada uno de los siete puntos para ser aprobados.

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En caso de realizarse la consulta, los colombianos tendrían que votar sí o no a siete preguntas para reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado; cárcel para los corruptos y no permitirles nunca más contratar con el Estado; contratación transparente por medio de pliegos tipo en las entidades gubernamentales de todo el país; presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; rendición de cuentas por parte de los congresistas sobre su asistencia, votación y gestión; hacer públicas las propiedades injustificadas de políticos y extinción de dominio; y un máximo de tres períodos para corporaciones públicas como Congreso, concejos y asambleas.

Lozano reiteró que si el Senado no aprueba la realización de la consulta, esta "será una bofetada para todos los colombianos", debido a que esta es una alternativa a la negación de los proyectos de ley que cobijaban estas propuestas y que después de esta oportunidad, no quedan nuevas herramientas jurídicas para lograrlo.

De la misma manera hizo un llamado a otros partidos como el Centro Democrático y el Partido Liberal, que en el pasado han apoyado estas propuestas.