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El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha insistido en que las cifras sobre violencia e inseguridad mejoraron. Tiene razón. Sin embargo, los retos que enfrenta el país son hoy más complejos y por eso su mensaje no ha calado en la opinión pública.

Coyuntura Nacional

Viejo enemigo

Los últimos ataques han vuelto a revivir la percepción de inseguridad entre los colombianos. Pero los problemas no son de la misma naturaleza que los de hace una década, ni se resuelven por la misma vía.

6 de julio de 2011

En materia de seguridad casi todos parecen estar equivocados: el Gobierno, porque el país no está frente a un problema solo de percepción; los uribistas, porque la amenaza violenta no proviene exclusivamente de las Farc; los críticos de Santos, porque no es un fenómeno de los últimos meses y, en general, la ciudadanía, porque tampoco es cierto que la estantería se vaya a caer.

Por eso es necesario poner en blanco y negro todos los hechos y cifras para hacer un diagnóstico claro sobre lo que el país está viviendo en materia de seguridad e identificar cuáles son los pasos a seguir.

Lo primero que hay que decir es que el país no está frente a un problema de simple percepción. La ciudadanía está siendo atracada en las calles y en sus propios hogares, hay sectores empresariales afectados por la extorsión y varias regiones sienten resurgir la amenaza de grupos violentos.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, se queja porque los niveles de extorsión han aumentado y se muestra preocupado porque este es un delito que no se denuncia.

"El clima de la seguridad se afectó. Me parece grave. El Gobierno dice que es ruido; yo no sé, pero el hecho concreto es que si el clima se afecta la gente deja de ir a las fincas. Automáticamente ese espacio que deja el empresario, el productor o el ganadero empieza a ser ocupado por todos estos criminales. Cuando todo el mundo se moviliza se copa mucho más el territorio", explicó el dirigente gremial.

Por eso, el Gobierno no puede decirle a la opinión pública que interpreta la violencia de una manera distinta a como lo padece la gente de a pie; eso puede tener un costo muy elevado. Los golpes de la guerrilla, como el que significó la muerte del mayor Félix Antonio Jaimes Villamil, comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, dan la idea de que el país, en materia de seguridad, va como el cangrejo.

Las cifras

Pero, si bien el fenómeno no es una asunto de percepción, también hay que decir que la realidad está mostrando que la situación no ha empeorado de manera generalizada.

En los primeros cinco meses de este año, el número de homicidios se redujo al pasar de 6.247 a 6.066; es decir, 3% menos. Los delitos sexuales se redujeron de 3.135 a 2.786, 11% menos. El robo al comercio registró una caída de 10%.

Hay cifras preocupantes en secuestro extorsivo, que subió de 81 a 94 entre enero y mayo de 2010 y 2011. Sin embargo, todas estas cifras no dan cuenta de un fenómeno generalizado, ni que esté relacionado solo con el gobierno Santos. Por ejemplo, las masacres repuntaron en 2008, frente a 2007, en pleno gobierno Uribe. Ahora que las Farc asestaron un duro golpe en Antioquia, cabe destacar que los actos terroristas entre enero y mayo se redujeron 12%, al pasar de 226 a 200.

Así las cosas, no hay elementos de juicio para afirmar que la situación ha empeorado en todos los frentes. Lo que ocurre es que cada caso muestra una tendencia particular y, en consecuencia, fenómenos y problemáticas distintas.

El primer gran hallazgo en este análisis es que la línea de tolerancia de los colombianos frente a la violencia y la delincuencia se ha movido varios grados hacia abajo y esto explica que hoy la opinión sea menos tolerante con cualquier acto de violencia.

Hace una década, la preocupación central de un colombiano corriente era no ser secuestrado en una de las pescas milagrosas que organizaban las Farc o caer en una de las tantas masacres que adelantaban los grupos paramilitares.

Por contraste, eso le bajaba el perfil a cualquier otra acción delictiva como el robo simple, los atracos a viviendas y comercio y aun los homicidios en las ciudades. Esos temas no formaban parte de la discusión. Así que si hoy hay una "sensación mayor de inseguridad", es porque el estándar para los colombianos es más exigente, que es una de las ganancias de la Seguridad Democrática.

Esto hace que hoy haya otras preocupaciones. Por ejemplo, el robo de celulares se volvió un tema de agenda pública y si las autoridades no logran reducir este delito, los ciudadanos se lo van a cobrar. Por eso el Gobierno tuvo que anunciar medidas y hacer pedagogía sobre la estrategia que adoptó.

El mensaje explícito de la población hoy es que no está dispuesta a aceptar ataques terroristas o secuestros, pero tampoco va a tolerar que los delitos comunes como el robo, el fleteo y, obviamente, el homicidio sigan en los niveles actuales. Por eso, el mensaje no puede ser "aquí no está pasando nada". Claro que están pasando cosas. Por ejemplo, durante los primeros cinco meses del año murieron asesinadas 6.000 personas, menos que el año pasado, pero al final de cuentas un indicador alto.

Esto deja en evidencia que los desafíos actuales van más allá de derrotar a las Farc. Es necesario ponerle coto también a otros fenómenos, como las bandas criminales, los asaltantes apartamenteros en las ciudades o los combos de fleteo.

Eso plantea un reto: rediseñar la estrategia general de seguridad. Es necesario fortalecer la policía y copar el territorio, pero con una oferta estatal diferente a la de pelotones de soldados. Hay que llevar maestros, médicos y jueces.

Los resultados en la lucha contra la violencia y el terrorismo en Colombia muestran los mismos estándares que se lograron gracias a la primera fase de la Seguridad Democrática. En ese frente no se debe bajar la guardia. El reto ahora es seguir mejorando. Los desafíos han cambiado y es necesario definir nuevas estrategias para enfrentarlos. Ese es el reto.