¿Qué tan cierto fue el discurso de Ernesto Macías?

Como si se tratara de la Colombia de hace 20 o 30 años y ante la mirada estupefacta de congresistas, ciudadanos y el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, leyó un discurso en el que le advertía al nuevo presidente de la República que recibe un país “en uno de los momentos más difíciles de su historia, por la profunda crisis social, económica e institucional que padece”.

Dinero evaluó algunos argumentos de Macías y esto fue lo que encontró:

Sobre los oleoductos:

Macías empezó por advertir que a la fecha los atentados a los oleoductos crecieron 104% con respecto al 2010.

Lo cierto es que en 2010 se registraron 31 atentados, cifra superior al récord de apenas 22 atentados durante el 2015.

Mientras en 2001 se habían presentado 81 atentados, para 2005 se reportaron 104 según la Fundación Seguridad & Democracia. Ya en 2012 se presentaron 44 atentados solo al oleoducto de Caño Limón - Coveñas. Pero según Ecopetrol, dicho oleoducto recibió 66 atentados en 2017.

Sobre la deuda del Gobierno:

El presidente del Congreso también señaló que Duque recibe “una deuda pública del Gobierno Central superior a $440 billones, es decir, más del 45% del PIB y una deuda del sector público no financiero que aumentó del 43% del PIB en 2010 al 56% en 2017”.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 –que calcula la proporción con los datos del PIB de la base de 2015–, la deuda pública bruta del SPNF se incrementó de 46,4% a 52,3% del PIB entre 2010 y 2017, mientras que la neta lo hizo de 35,9% a 44,5% del PIB en el mismo período.

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En el caso del Gobierno Central, el incremento de la deuda bruta fue de 38,6% a 46,6% del PIB, al tiempo que el de la neta fue de 37,2% a 44,1% del PIB. De esta manera, es cierto que la deuda bruta del GNC supera el 45% del PIB, pero la neta no.

Por otro lado, la deuda neta del SPNF aumentó de un modo considerable (5,9 puntos del PIB), pero no 13 como se calcula con base en los datos del Senador Macías.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, al cierre de mayo de este año el endeudamiento global del Gobierno alcanzaba los $400 billones, motivado principalmente por la devaluación del peso frente al dólar que pasó de una TRM de $1.926,83 el último día de 2013 a $2.392,46 al final de 2014, alcanzando su máximo en agosto de 2015 con $3.238,51 y retrocediendo a $2.898,86 para el 8 de agosto del presente año.

Cabe recordar que dicha devaluación no fue un fenómeno exclusivo de Colombia. Toda la región vio cómo se devaluaban rápidamente sus monedas ante la caída de los precios internacionales del petróleo. En el caso de México, por ejemplo, el Banco Central tuvo que aplicar durante varias veces al día, en repetidas ocasiones durante el 2015, una subasta call semejante a la que permitió el Banco de la República en Colombia para disminuir la volatilidad del mercado cambiario y que finalmente en nuestro caso se aplicó una única vez.

Fuente: Banco de la República

Así fue como el Sector Público No Financiero pasó de cerrar el 2014 con un superávit de $3,57 billones a un déficit de $3,55 billones según las cálculos del Banco de la República. Por su parte, el balance del Gobierno Nacional Central pasó de $9,52 billones de déficit al cierre de 2014 a uno de $5,97 billones.

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Al mismo tiempo, la deuda externa de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional Central pasó de US$37.530 millones, equivalentes a $89,79 billones, a US$47,80 millones, equivalentes a $142,64 millones en 2017.

Por su parte, la deuda interna del mismo Gobierno Nacional Central pasó de $195,61 billones en 2014 a $256,84 billones al cierre de 2017. Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ese mismo indicador pasó de $50,8 billones al final de 2002 hasta $117,33 billones al final de 2009. Casi se triplicó.

De acuerdo con los reportes del Banco de la República, para abril de este año la deuda externa del país alcanzaba 36,8% del PIB, apenas 0,1 puntos porcentuales superior al reporte de marzo, cuando representó el 36,7% del producto nacional. De acuerdo con la información del Emisor, la deuda externa del país sumó US$127.321 millones en el cuarto mes del año, de los cuales US$73.113 millones corresponden al sector público y los restantes US$54.209 millones al sector privado.

Sin embargo, es innegable que mientras en el periodo enero a mayo de 2017, el Ministerio de Hacienda había comprado $840.000 millones en TES, para el mismo periodo de este año adquirió $6,8 billones.

Además, en mayo de este año el saldo total del endeudamiento en TES del país subió 15% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras el ingreso por recaudo de impuestos lo había hecho en 7,7% para marzo de 2018. El manejo del endeudamiento en TES será uno de los retos del ministro Carrasquilla.

Por otra parte, es normal que cuando los ingresos del Estado disminuyen de una manera pronunciada, como aconteció con la caída de la renta petrolera de 3% del PIB en 2013 a cero en 2016, el déficit público aumente, sobre todo cuando el gobierno tiene que implementar una política contracíclica para ayudar a sostener la demanda interna.

Eso fue lo que tuvo que hacer la administración Santos, con el beneplácito del Comité de la Regla Fiscal, al permitir que el déficit se ampliara de 2,4% a 4% del PIB entre 2014 y 2016. Eso implica un aumento de la deuda pública. Pero hay que incurrir en él para financiar el gasto del Estado, cuando disminuye la demanda del sector privado, como en esa coyuntura. No hacerlo tendría un costo grande en términos de actividad económica y empleo.

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Además, un punto fundamental en el caso de la deuda pública, es que sea sostenible, es decir, que el titular de la obligación, el Estado, pueda cumplir con los pagos de intereses y amortizaciones de una manera oportuna, en los plazos pactados. Para mejorar la solvencia del Estado, también es deseable que después de que, por las razones imprevistas y de conveniencia de la política fiscal anotadas, se haya incrementado de un modo considerable, se estabilice y regrese a una trayectoria decreciente en el mediano plazo. Eso es justo lo que se ha programado en el MFMP, al establecer unas metas de déficit fiscal (total y primario), cuyo cumplimiento debe conducir a que la deuda neta del GNC, por ejemplo, se estabilice en 43% del PIB este año y disminuya hasta 31,7% a lo largo de la próxima década.

Sobre las vigencias futuras:

Ernesto Macías también destacó que el gobierno del presidente Santos dejó vigencias futuras por $93 billones, que tendrán que pagarse hasta 2048.

El pasado gobierno reformó el sistema de vigencias futuras para que estas no puedan superar el 10% del PIB cada año, Santos dejó comprometido el 9,3% del PIB pero disminuyó las necesidades de pago desde el 6% del PIB que le entregó el expresidente Uribe hasta el 2,3% del PIB anual durante los siguientes 4 años.

Las vigencias futuras que dejó comprometido el anterior gobierno corresponden a $58 billones para el pago de las vías de Cuarta Generación y $15 billones para el Metro de Bogotá. Si bien este mecanismo no se cuenta como deuda pública, algunos expertos advierten que debería tenerse contabilizada como tal pues de cualquier modo el Gobierno tendrá que asumir el pago de dichos compromisos cuando sea el momento.

Sobre el PIB per cápita y la pobreza:

Para Macías, los colombianos quedamos empobrecidos pues en sus cálculos está una caída del PIB per cápita del 23% en los últimos años.

Cuando Uribe recibió la presidencia de la República, el crecimiento anual del PIB per cápita fue de 1,2% y era de $7,2 millones pero tuvo sus altibajos y pasó de un crecimiento de 5,4% en 2007 a uno de apenas 2,3% en 2008 y 0,5% en 2009, con la crisis global. 

El expresidente Santos recibió un PIB per cápita que en 2010 creció 2,8% hasta US$9.3000 y con la caída de los precios del petróleo se desaceleró de un incremento de 3,2% en 2014 a uno de 1,9% en 2015 y de 0,8% en 2016 cuando alcanzó los US$$11.1000. Es decir, el PIB per cápita desaceleró su crecimiento pero en ningún momento se redujo.

Fuente: firma Inclusión

Sin embargo, la pobreza monetaria en el país cayó de 37,2% en 2010 a 26,9% en 2017 según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). De hecho, la pobreza monetaria extrema cayó de 12,3% en 2010 hasta 7,4% en 2017 con su principal reducción en la zona rural, que pasó de un indicador de 25% a 15,4% en los mismos años.

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Sobre Familias en Acción:

En el mismo sentido, el líder del Congreso aseguró que el programa Familias en Acción disminuyó la atención de familias en 16% desde el 2010.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Prosperidad Social, al cierre de 2017 el programa atendía a 2,5 millones de familias con incentivos condicionados a la atención en salud, nutrición y educación a máximo 3 hijos por hogar.

Dichos jóvenes, al superar la etapa escolar, pueden unirse al programa de Jóvenes en Acción que atendió en total 164.202 jóvenes durante el 2017.

De acuerdo con el modelo de atención establecido, las familias que logren superar el nivel mínimo de ingresos a los que estaba condicionada su participación en las ayudas monetarias del DPS, así como los jóvenes que terminan su etapa educativa, “se gradúan” del programa y siguen siendo atendidas por el Estado con incentivos diferentes como los de emprendimiento y creación de empresa.

Cabe recordar que según el mismo Dane la clase media del país pasó de 4,8 millones en 2010 hasta 8,3 millones en 2015. Además, para 2015 las familias en situación de pobreza que no recibían ayuda del programa Más Familias en Acción era apenas 1,4 puntos porcentuales superior a las familias atendidas por dicho programa.

Sobre los compromisos econonómicos por el Acuerdo de Paz:

Macías también señaló que Colombia tiene un compromiso de $130 billones para los próximos 15 años como consecuencia de la implementación de la paz. Para lograrlo, el país cuenta con el Fondo Colombia en Paz que desde hace varios meses presenta informes semanales.

Según el informe de la semana del 30 de julio al 3 agosto, el Fondo ha desembolsado el 68% de los recursos que se le han asignado. Es decir que han desembolsado cerca de $1,2 billones de los cuales $1,1 billones provienen del Presupuesto General de la Nación, otros $1.500 millones son de aportes privados y los restantes $7.300 millones provienen de otras fuentes. En total, se han efectuado pagos por $583.998 millones.

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Sobre el empleo:

Ernesto Macías le dijo públicamente al presidente Duque que recibe “un país, con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%”. Dicha cifra en realidad se mantiene dentro del récord en disminución de la informalidad.

El más reciente informe del Dane reveló que para junio la tasa de colombianos ocupados era de 58,3%, lo que significa que el 9,1% estaban desempleados.

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Y dentro de esos empleados, el Dane reportó que para el trimestre móvil marzo-mayo había un total de 48,5% de informales en el país, mientras que en las 13 principales ciudades el indicador era de 47,4%.

Fuente: Dane

Además, el reporte indica que para el mismo trimestre el 92,4% de los ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia hacían aportes al sistema de seguridad social en salud, una disminución de 0,8 puntos porcentuales frente al 93,2% del trimestre marzo-mayo de 2017.

Sobre la salud:

En cuanto a la salud, Macías calculó el déficit del sector en $11 billones. Pero según los cálculos del anterior ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el déficit es de entre $7 y $8 billones ya que durante la última década ha reportado un déficit anual de entre $1 billón y $2 billones.

El desequilibrio realmente está en los pagos de recobros a las EPS, que suman entre $3 billones y $4 billones. Para solucionarlo, este año el anterior gobierno acudió a desahorros del Fonpet y, como decía el exministro Gaviria, “abrir cajones” de aquí y de allí para lograr el saneamiento histórico del sistema y cerrar el déficit de este año.

Sobre la producción de petróleo:

El senador del Centro Democrático también criticó la producción de petróleo al señalar que “en 2017 apenas 43 pozos perforados frente a 131 pozos al iniciar el Gobierno saliente”.

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Nuevamente, dicho comportamiento refleja todavía la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014. Sin embargo, la producción diaria de crudo ha presentado recuperación, aunque pasó de un promedio diario de 1 millón de barriles en 2013 hasta 886.000 barriles diarios en 2016 y 853.000 barriles en 2017.