Una sola familia demandó al Estado por $600 billones

Las demandas por concepto de orden publicó pasó de $143.000 millones en 2003 a $2,9 billones en 2011. El segundo sector que más creció fue el de infraestructura que pasó de tener reclamaciones por $46.751 a $389.083 millones. Mientras que gestión creció 8%, social un 5%, agropecuario 3% y minas, energía y medio ambiente un 1%.

Si bien se evidencia un incremento año a año en los pagos que por concepto de sentencias y conciliaciones vienen asumiendo las entidades públicas, es necesario desmitificar la cifra de pretensiones, pues tan solo una de ellas es la correspondiente a la demanda presentada por una familia que pretende cerca de $600 billones por un proceso de restitución de tierras en el Oriente Antioqueño, demanda que ha sido negada en primera instancia y que desde el 28 de marzo de 2011 se encuentra para fallo en el Consejo de Estado, sobre lo cual el Gobierno Nacional se negó a conciliar.

Además, otras demandas importantes corresponden a pretensiones de carácter laboral y pensional, en las que el Estado ha debido hacer el reconocimiento y evitar los costos elevados de procesos judiciales, con intereses moratorios, por no proceder con diligencia.

El Contralor Delegado para el Sector Defensa Justicia y Seguridad, Javier Lastra Fuscaldo, se refirió a las declaraciones del Director de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien afirmó que las demandas en contra del Estado ascienden a ocho veces al Presupuesto General de la Nación.

La Contraloría aclaró que si bien los demandantes aspiran $1.000 billones, según datos de la Contaduría General de la Nación, los recursos destinados en el presupuesto de las entidades del Estado del nivel central nacional para el pago de demandas entre los años comprendidos entre el año 2003 al 2011 fueron de $4 billones.

La Contraloría advirtió que se deben redoblar esfuerzos tanto en la defensa como en la prevención del daño para evitar que se siga incrementando el presupuesto en el pago de demandas y reconoce la importancia de la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la designación de su director, el ex ministro de Justicia Fernando Carrillo Flórez.